Bogotá, 8 de mayo. La Fiscalía General de Colombia informó del hallazgo de los restos óseos de 59 personas, cuyas muertes son atribuidas a paramilitares y organizaciones guerrilleras, al tiempo que el presidente Álvaro Uribe afirmó que organizaciones internacionales que no identificó pagan a abogados para que imputen falsos delitos a miembros de las fuerzas públicas de seguridad.
El hallazgo de las fosas comunes se produjo en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el noroeste del país; Meta, en el centro, y Casanare, en el este, donde miembros del ejército y la policía colaboraron con la fiscalía en las tareas de excavación.
En zonas rurales de las poblaciones de Dabeiba, Frontino y Peque, en Antioquia, fueron encontrados los restos de 16 personas, y nueve en Docondó, en Chocó. Las autoridades encontraron en Puerto López, Meta, los restos de 18 personas, entre ellos los de dos menores de edad. Se estima que las muertes ocurrieron en combates entre paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las demás osamentas estaban en fosas ubicadas en los municipios de Chámeza, Orocué, Villanueva, Monterrey y Tauramena, en Casanare.
Portavoces de la fiscalía dijeron que las osamentas son estudiadas en laboratorios del Cuerpo Técnico de Investigaciones para su identificación.
La fiscalía ha exhumado de fosas comunes en los últimos años los restos de mil 989 víctimas de los grupos armados ilegales, de los cuales mil 486 están sin identificar. Los demás ya han sido entregados a familiares de las víctimas.
Sin hacer referencia a los hallazgos de la fiscalía, Uribe habló hoy de los casos de militares detenidos este año por su presunta implicación en la desaparición de jóvenes que fueron engañados con promesas de trabajo y que posteriormente aparecieron reportados como muertos en combate con grupos armados ilegales. A ellos se les conoce como los “falsos positivos”.
Según el presidente, se conoce de 85 casos de acusaciones contra militares en los que la justicia ordinaria no “encontró méritos”.
Uribe hizo las declaraciones tras conocerse la captura, esta semana, de varios militares, entre ellos tres coroneles, durante el desarrollo de las investigaciones de la fiscalía.
“Estamos obligados a denunciar que también hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales para hacer falsas imputaciones a nuestra fuerza pública”, aseguró Uribe en el puerto de Cartagena.
El mandatario agregó que así como “tenemos que aceptar los procesos penales que se puedan adelantar para quienes hayan violado los derechos humanos, hay que pedir que la justicia no sea intimidada por ese cúmulo de abogados pagados internacionalmente, cuyo propósito ha sido el de la falsa acusación”.
También este viernes se conoció que la Fiscalía cerró el proceso que llevaba a cabo contra 66 militares acusados de una masacre ocurrida en 2005 en el noroeste del país. El órgano judicial decidió desvincularlos de la investigación porque no encontró pruebas de que tuvieran responsabilidad en la muerte de ocho campesinos, entre ellos tres niños, ocurrida el 21 de julio de 2005 en la población de San José de Apartadó. Otros 10 uniformados están siendo juzgados por ese hecho.
El hallazgo de las fosas comunes se produjo en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el noroeste del país; Meta, en el centro, y Casanare, en el este, donde miembros del ejército y la policía colaboraron con la fiscalía en las tareas de excavación.
En zonas rurales de las poblaciones de Dabeiba, Frontino y Peque, en Antioquia, fueron encontrados los restos de 16 personas, y nueve en Docondó, en Chocó. Las autoridades encontraron en Puerto López, Meta, los restos de 18 personas, entre ellos los de dos menores de edad. Se estima que las muertes ocurrieron en combates entre paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las demás osamentas estaban en fosas ubicadas en los municipios de Chámeza, Orocué, Villanueva, Monterrey y Tauramena, en Casanare.
Portavoces de la fiscalía dijeron que las osamentas son estudiadas en laboratorios del Cuerpo Técnico de Investigaciones para su identificación.
La fiscalía ha exhumado de fosas comunes en los últimos años los restos de mil 989 víctimas de los grupos armados ilegales, de los cuales mil 486 están sin identificar. Los demás ya han sido entregados a familiares de las víctimas.
Sin hacer referencia a los hallazgos de la fiscalía, Uribe habló hoy de los casos de militares detenidos este año por su presunta implicación en la desaparición de jóvenes que fueron engañados con promesas de trabajo y que posteriormente aparecieron reportados como muertos en combate con grupos armados ilegales. A ellos se les conoce como los “falsos positivos”.
Según el presidente, se conoce de 85 casos de acusaciones contra militares en los que la justicia ordinaria no “encontró méritos”.
Uribe hizo las declaraciones tras conocerse la captura, esta semana, de varios militares, entre ellos tres coroneles, durante el desarrollo de las investigaciones de la fiscalía.
“Estamos obligados a denunciar que también hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales para hacer falsas imputaciones a nuestra fuerza pública”, aseguró Uribe en el puerto de Cartagena.
El mandatario agregó que así como “tenemos que aceptar los procesos penales que se puedan adelantar para quienes hayan violado los derechos humanos, hay que pedir que la justicia no sea intimidada por ese cúmulo de abogados pagados internacionalmente, cuyo propósito ha sido el de la falsa acusación”.
También este viernes se conoció que la Fiscalía cerró el proceso que llevaba a cabo contra 66 militares acusados de una masacre ocurrida en 2005 en el noroeste del país. El órgano judicial decidió desvincularlos de la investigación porque no encontró pruebas de que tuvieran responsabilidad en la muerte de ocho campesinos, entre ellos tres niños, ocurrida el 21 de julio de 2005 en la población de San José de Apartadó. Otros 10 uniformados están siendo juzgados por ese hecho.
DPA y AFP, La Jornada, 9 de mayo.
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