El Tribunal Electoral exigió ayer a los partidos políticos no denigrar, calumniar, difamar o injuriar a sus adversarios durante las campañas, como una respuesta de los Magistrados a la guerra de spots, desplegados y videos en internet con mensajes negativos.
En la sesión de ayer, el Tribunal ratificó la multa de 465 mil pesos al PAN por publicar la propaganda denominada "Diccionario PRImitivo" y le ordenó al IFE sumar otra multa al blanquiazul por actos anticipados de campaña.
La publicación panista, difundida en revistas durante abril, señalaba: "PRImitivo.- Dícese del político mexicano perteneciente al PRI. Durante setenta años gobernaron México con resultados fatídicos para la población del país. Este tipo de sujetos alcanzaron fama internacional por su inmensa capacidad para la trampa, la corrupción y la triquiñuela. Cacique. Autoritario. Déspota. Deshonesto. Amenazan con regresar. ¿Los vas a dejar?".
La sentencia dio pie a los jueces electorales para pronunciarse sobre la propaganda política en las campañas, y en un debate de dos horas afirmaron que el Tribunal no pretende poner coto a la libertad de expresión o dar directrices sobre cómo ejecutar este derecho en la elección.
Aseguraron que ellos no piden una campaña con palabras "bonitas, suaves o con flores", pero sí una contienda en la que, si bien exista la critica entre los contendientes, también se dé el respeto, la tolerancia y la difusión de propuestas.
La presidenta del Tribunal, María del Carmen Alanis, aseveró que para el Tribunal no es ilegal la critica dura y severa, ni tampoco la confrontación o el debate sobre las acciones de Gobierno.
"Las palabras citadas en la propaganda (del PAN) no colaboran de manera alguna en este debate político, en el debate político serio, en el debate político pacífico, informado, y no abonan para alcanzar los propósitos constitucionales encomendados a los partidos políticos", indicó.
El Magistrado Manuel González Oropeza aseguró que los partidos tienen, por naturaleza, una libertad de expresión limitada, pues ésta no es como la de cualquier otro individuo.
"La Constitución no quiere que el dinero público sirva para que una entidad de interés público denigre a otra, con el objetivo de que los ciudadanos ni se afilien ni voten por ese partido", argumentó.
El Magistrado Flavio Galván se pronunció en el mismo sentido.
"¿Hay libertad expresión absoluta? No. ¿Hay libertad de imprenta absoluta? No. No lo decimos nosotros, sino la Constitución y nos guste o no tenemos que acatarlo", aseveró.
En la sesión de ayer, el Tribunal ratificó la multa de 465 mil pesos al PAN por publicar la propaganda denominada "Diccionario PRImitivo" y le ordenó al IFE sumar otra multa al blanquiazul por actos anticipados de campaña.
La publicación panista, difundida en revistas durante abril, señalaba: "PRImitivo.- Dícese del político mexicano perteneciente al PRI. Durante setenta años gobernaron México con resultados fatídicos para la población del país. Este tipo de sujetos alcanzaron fama internacional por su inmensa capacidad para la trampa, la corrupción y la triquiñuela. Cacique. Autoritario. Déspota. Deshonesto. Amenazan con regresar. ¿Los vas a dejar?".
La sentencia dio pie a los jueces electorales para pronunciarse sobre la propaganda política en las campañas, y en un debate de dos horas afirmaron que el Tribunal no pretende poner coto a la libertad de expresión o dar directrices sobre cómo ejecutar este derecho en la elección.
Aseguraron que ellos no piden una campaña con palabras "bonitas, suaves o con flores", pero sí una contienda en la que, si bien exista la critica entre los contendientes, también se dé el respeto, la tolerancia y la difusión de propuestas.
La presidenta del Tribunal, María del Carmen Alanis, aseveró que para el Tribunal no es ilegal la critica dura y severa, ni tampoco la confrontación o el debate sobre las acciones de Gobierno.
"Las palabras citadas en la propaganda (del PAN) no colaboran de manera alguna en este debate político, en el debate político serio, en el debate político pacífico, informado, y no abonan para alcanzar los propósitos constitucionales encomendados a los partidos políticos", indicó.
El Magistrado Manuel González Oropeza aseguró que los partidos tienen, por naturaleza, una libertad de expresión limitada, pues ésta no es como la de cualquier otro individuo.
"La Constitución no quiere que el dinero público sirva para que una entidad de interés público denigre a otra, con el objetivo de que los ciudadanos ni se afilien ni voten por ese partido", argumentó.
El Magistrado Flavio Galván se pronunció en el mismo sentido.
"¿Hay libertad expresión absoluta? No. ¿Hay libertad de imprenta absoluta? No. No lo decimos nosotros, sino la Constitución y nos guste o no tenemos que acatarlo", aseveró.
Érika Hernández, Milenio, 28 de mayo.
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