Durante los trabajos de la 88 Asamblea Plenaria de la CEM, los obispos de Tabasco, Benjamín Castillo, y de Valle de Chalco, Artemio Flores, consideraron que la presencia militar en labores de seguridad debe responder a una “coyuntura”. Debe ser algo eventual, porque “al Ejército le corresponde otro trabajo”. Al referirse al tema central de la reunión –la seguridad pública–, sostuvieron que lo ideal es que la policía sea “protectora de los ciudadanos y no cómplice de los delitos”.
La jerarquía católica discutió el tema con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien acudió a explicar la estrategia gubernamental para el combate a la delincuencia y el crimen organizado. En reunión privada reconoció que enfrentar dicho esos asuntos es la prioridad del gobierno, y reconoció la gravedad del problema.
Entrevistado al término de su encuentro con los obispos –encabezados por Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM–, Gómez Mont aseguró que sociedad y gobierno deben colaborar para recuperar la tranquilidad pública. “Que el gobierno tenga funciones muy especiales que no pueden ser delegadas a nadie más no significa que no pueda ser más potente con la ayuda de la sociedad, que se decide a colaborar para perseguir el crimen y el delito”.
Agregó que otra forma de colaboración social es la exigencia, para evitar “cualquier acto de distorsión, corrupción o desviación, que no deben ser tolerados en esta lucha”. Resaltó que la actual administración ha promovido la más importante y profunda transformación al marco legal, pero “creo que hay que perseverar en los caminos que estamos haciendo para reconstruir las instituciones de seguridad y blindarlas de la corrupción y el temor”.
–¿Hay vacío de autoridad?
–Hay preguntas no meditadas. ¿Vacío de autoridad? ¿Dónde? ¿En este país? ¡Por favor, hombre! –cortó el secretario.
Durante la conferencia de prensa de los obispos, cuestionados sobre una eventual excomunión a quienes participan en la delincuencia organizada, señalaron que no es sólo un asunto de penas y castigos. Quizá ni siquiera les importe, porque “ya están alejados de la comunión y de la sociedad”. Las penas espirituales y las sanciones legales no cambian a los delincuentes, sino la formación interna.
Subrayaron que enfrentar la violencia en el país es, inclusive, un asunto cultural, pues cuando las conductas agresivas se generan en la familia tienden a reproducirse en la sociedad. Tiene que crearse una cultura de paz, la cual debe inculcarse desde los núcleos familiares, lo cual incluye una formación de conciencia respecto de la persona y de la vida, porque “nadie es totalmente perverso. Todos tienen la oportunidad de cambiar, no existe el mal absoluto. Siempre hay destellos de luz, de conversión”.
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