Un pacto de Estado en defensa de los derechos humanos y convertir al Ejército en fuerzas de paz, propone Guadalupe Morfín, candidata a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien asegura que el ambiente electoral del país no tiene por qué tener implicaciones en la política de la defensa de las garantías constitucionales.
La ex fiscal de la Procuraduría General de la República se pronunció porque una parte del Ejército se convierta en policía civil y se integre a las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas.
Sostuvo que será una defensora del pueblo y una ombudsman para la paz, para la reconciliación nacional a través de la promoción de un gran acuerdo de Estado que acoja la necesidad democrática de encarar, desde una perspectiva integral y de sus causas estructurales, los problemas que se traducen en inseguridad y violencia,
En entrevista, sostuvo que con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea buscará trazar una línea de diálogo directa para una capacitación en temas de seguridad, democracia, derechos humanos, perspectiva de género. Y también lo planea establecer con las corporaciones civiles federales: la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y los Grupos Beta de la Secretaría de Gobernación.
Esto para formular una agenda gradual de desmilitarización de la seguridad pública, que abra las puertas también a la posibilidad de una reconversión de las fuerzas armadas en fuerzas de paz, en policía civil y en cuerpo especializado en tareas de protección civil ante desastres naturales y tragedias. “Esta será una manera de aprovechar y reconocer las grandes virtudes de las instituciones castrenses, como su profesionalismo y su disciplina”.
El defensor del pueblo, sostuvo, debe abogar por los derechos a una vida de calidad. Eso implica vigilar cómo se brindan y concesionan servicios como el abasto de agua, la electricidad, la recolecta y trata de la basura, cómo se cuida el medio ambiente, cómo se brinda el servicio de transporte público y se garantiza la movilidad urbana no sólo a automovilistas, sino a ciclistas y peatones.
Sobre la reforma al sistema de justicia penal, indicó que es uno de los grandes temas pendientes, por lo que urge replantear el para qué y el cómo de las penas privativas de libertad, porque en este rubro existe corrupción para otorgarlas y realmente no hay una rehabilitación. En este tema consideró que el privatizar las cárceles es una decisión que deber someterse a un análisis profundo.
Además, consideró que aún está viva la necesidad de supervisión de las estaciones migratorias y los hospitales psiquiátricos intramuros, pues lejos de la vigilancia social, muchas personas pueden vivir una situación de real despojo de derechos.
Otra propuesta es una revisión del catálogo de quejas, pues al no clasificarlas correctamente se impide el acceso a la justicia. Por ejemplo, a veces se presentan quejas por abuso de autoridad, que se solucionan con una arreglo amigable, cuando en realidad son casos de tortura y sobre esto sí se requiere iniciar una investigación.
La ex fiscal de la Procuraduría General de la República se pronunció porque una parte del Ejército se convierta en policía civil y se integre a las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas.
Sostuvo que será una defensora del pueblo y una ombudsman para la paz, para la reconciliación nacional a través de la promoción de un gran acuerdo de Estado que acoja la necesidad democrática de encarar, desde una perspectiva integral y de sus causas estructurales, los problemas que se traducen en inseguridad y violencia,
En entrevista, sostuvo que con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea buscará trazar una línea de diálogo directa para una capacitación en temas de seguridad, democracia, derechos humanos, perspectiva de género. Y también lo planea establecer con las corporaciones civiles federales: la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y los Grupos Beta de la Secretaría de Gobernación.
Esto para formular una agenda gradual de desmilitarización de la seguridad pública, que abra las puertas también a la posibilidad de una reconversión de las fuerzas armadas en fuerzas de paz, en policía civil y en cuerpo especializado en tareas de protección civil ante desastres naturales y tragedias. “Esta será una manera de aprovechar y reconocer las grandes virtudes de las instituciones castrenses, como su profesionalismo y su disciplina”.
El defensor del pueblo, sostuvo, debe abogar por los derechos a una vida de calidad. Eso implica vigilar cómo se brindan y concesionan servicios como el abasto de agua, la electricidad, la recolecta y trata de la basura, cómo se cuida el medio ambiente, cómo se brinda el servicio de transporte público y se garantiza la movilidad urbana no sólo a automovilistas, sino a ciclistas y peatones.
Sobre la reforma al sistema de justicia penal, indicó que es uno de los grandes temas pendientes, por lo que urge replantear el para qué y el cómo de las penas privativas de libertad, porque en este rubro existe corrupción para otorgarlas y realmente no hay una rehabilitación. En este tema consideró que el privatizar las cárceles es una decisión que deber someterse a un análisis profundo.
Además, consideró que aún está viva la necesidad de supervisión de las estaciones migratorias y los hospitales psiquiátricos intramuros, pues lejos de la vigilancia social, muchas personas pueden vivir una situación de real despojo de derechos.
Otra propuesta es una revisión del catálogo de quejas, pues al no clasificarlas correctamente se impide el acceso a la justicia. Por ejemplo, a veces se presentan quejas por abuso de autoridad, que se solucionan con una arreglo amigable, cuando en realidad son casos de tortura y sobre esto sí se requiere iniciar una investigación.
Eugenia Jiménez, Milenio, 2 de noviembre.
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