De 2000 a 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) casi duplicó los recursos autorizados para su operación, al pasar de 476.8 millones de pesos a 912.5 millones de pesos, es decir, un incremento real de 91.5 por ciento.
De acuerdo con el documento Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Gasto Programable 2000-2009, que elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se menciona que de 2000 a 2008 –con excepción del 2001– el dinero ejercido fue mayor que los recursos autorizados.
El informe señala que 90.5 por ciento se destinó a los Servicios Personales (70.1 por ciento) y Servicios Generales (20.4 por ciento), “los recursos asignados se explican por las funciones de la comisión de atención al público en la defensa y promoción de los derechos humanos”, aclara.
Indica que entre 2005 y 2006, la CNDH adquirió un edificio con capacidad para 200 servidores públicos. Por lo que el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” erogó 5.7 por ciento de los recursos.
Señala que las áreas sustantivas concentraron 62.5 por ciento (presidencia y visitadurías) y las áreas adjetivas 37.5 por ciento (Oficialía Mayor y Organo Interno de Control).
De acuerdo con la clasificación funcional, 58.8 por ciento se destina a las actividades de protección (36.7 por ciento), promoción y divulgación de los derechos humanos (26.5 por ciento) y las funciones de administración de recursos (el 32.7 por ciento).
Quejas
Asimismo informa que de acuerdo con el Programa de Quejas y Orientación, de 2000 a 2008, la Comisión Nacional recibió y clasificó 178 mil 919 escritos de quejosos. De esas, a partir de la calificación elaborada por las Visitadurías Generales, dicha área registró 49 mil 632 expedientes. Además, 8 mil 900 estuvieron pendientes de trámite, es decir, 989 por año.
El documento indica que los expedientes se agruparon en cuatro categorías: Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, con 21 mil 120 expedientes, es decir, 51.6 por ciento.
Otro de los apartados fue el de Orientación, con 18 mil 37 expedientes, que representa 44.3 por ciento; Pendientes de calificar por falta de información del quejoso, con un mil 173 expedientes, es decir, 2.9 por ciento. Mientras que 505 expedientes, 1.2 por ciento, no eran de la competencia de la comisión.
Autoridades recurrentes
También comenta que las 10 autoridades que fueron señaladas con mayor frecuencia como presuntos responsables de violación a los derechos humanos son: Instituto Mexicano del Seguro Social con 5 mil 50 quejas; Procuraduría General de la República con 4 mil 754; Sedena con 2 mil 623; la Comisión Federal de Electricidad 2 mil 422 y el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública con 2 mil 385.
Le siguen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incluye el FOVISSSTE con 2 mil 219 quejas; Instituto Nacional de Migración, mil 662; Secretaría de Educación Pública, mil 46; ex Policía Federal Preventiva 871, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 748 quejas.
Demandan visita de Philip Alston
Diversas organizaciones no gubernamentales firmaron un documento en el cual exigieron la visita a México del relator especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston.
En dicho documento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Fudar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y el Centro de Análisis e Investigación, externaron su profunda preocupación por las declaraciones del relator, acerca de que el gobierno mexicano ha obstaculizado su visita.
El director del centro Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, pidió adelantar la visita para 2010, pues postergarla sólo evidencia el temor de las autoridades porque se documenten los abusos e impunidad de militares y policías. Dichas organizaciones señalaron que durante este año se ha denunciado la desaparición y ejecución de los defensores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero. Asimismo, las ejecuciones de civiles cometidos por militares en diversas entidades federativas, como ocurrió en Sinaloa, cuando militares ejecutaron arbitrariamente a cuatro civiles en el municipio de Badiraguato en marzo de 2008. (México. Redacción)
De acuerdo con el documento Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Gasto Programable 2000-2009, que elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se menciona que de 2000 a 2008 –con excepción del 2001– el dinero ejercido fue mayor que los recursos autorizados.
El informe señala que 90.5 por ciento se destinó a los Servicios Personales (70.1 por ciento) y Servicios Generales (20.4 por ciento), “los recursos asignados se explican por las funciones de la comisión de atención al público en la defensa y promoción de los derechos humanos”, aclara.
Indica que entre 2005 y 2006, la CNDH adquirió un edificio con capacidad para 200 servidores públicos. Por lo que el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” erogó 5.7 por ciento de los recursos.
Señala que las áreas sustantivas concentraron 62.5 por ciento (presidencia y visitadurías) y las áreas adjetivas 37.5 por ciento (Oficialía Mayor y Organo Interno de Control).
De acuerdo con la clasificación funcional, 58.8 por ciento se destina a las actividades de protección (36.7 por ciento), promoción y divulgación de los derechos humanos (26.5 por ciento) y las funciones de administración de recursos (el 32.7 por ciento).
Quejas
Asimismo informa que de acuerdo con el Programa de Quejas y Orientación, de 2000 a 2008, la Comisión Nacional recibió y clasificó 178 mil 919 escritos de quejosos. De esas, a partir de la calificación elaborada por las Visitadurías Generales, dicha área registró 49 mil 632 expedientes. Además, 8 mil 900 estuvieron pendientes de trámite, es decir, 989 por año.
El documento indica que los expedientes se agruparon en cuatro categorías: Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, con 21 mil 120 expedientes, es decir, 51.6 por ciento.
Otro de los apartados fue el de Orientación, con 18 mil 37 expedientes, que representa 44.3 por ciento; Pendientes de calificar por falta de información del quejoso, con un mil 173 expedientes, es decir, 2.9 por ciento. Mientras que 505 expedientes, 1.2 por ciento, no eran de la competencia de la comisión.
Autoridades recurrentes
También comenta que las 10 autoridades que fueron señaladas con mayor frecuencia como presuntos responsables de violación a los derechos humanos son: Instituto Mexicano del Seguro Social con 5 mil 50 quejas; Procuraduría General de la República con 4 mil 754; Sedena con 2 mil 623; la Comisión Federal de Electricidad 2 mil 422 y el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública con 2 mil 385.
Le siguen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incluye el FOVISSSTE con 2 mil 219 quejas; Instituto Nacional de Migración, mil 662; Secretaría de Educación Pública, mil 46; ex Policía Federal Preventiva 871, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 748 quejas.
Demandan visita de Philip Alston
Diversas organizaciones no gubernamentales firmaron un documento en el cual exigieron la visita a México del relator especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston.
En dicho documento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Fudar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y el Centro de Análisis e Investigación, externaron su profunda preocupación por las declaraciones del relator, acerca de que el gobierno mexicano ha obstaculizado su visita.
El director del centro Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, pidió adelantar la visita para 2010, pues postergarla sólo evidencia el temor de las autoridades porque se documenten los abusos e impunidad de militares y policías. Dichas organizaciones señalaron que durante este año se ha denunciado la desaparición y ejecución de los defensores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero. Asimismo, las ejecuciones de civiles cometidos por militares en diversas entidades federativas, como ocurrió en Sinaloa, cuando militares ejecutaron arbitrariamente a cuatro civiles en el municipio de Badiraguato en marzo de 2008. (México. Redacción)
Milenio, 8 de noviembre.
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