CARACAS (Agencias).— La Fiscalía de Venezuela dijo ayer que liberó a la mayoría de los 243 jóvenes detenidos la semana pasada, cuando se desmantelaron los campamentos que mantenían en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, en una redada que fue criticada por la ONU, al tiempo que el dirigente universitario Francisco Márquez aseguró que seguirán las manifestaciones.
El desmantelamiento el jueves pasado de cuatro campamentos en zonas de clase media de la capital y el arresto de manifestantes han reavivado las protestas que sacuden desde febrero al país.
Según un comunicado de la Fiscalía, ocho de los detenidos fueron trasladados a una cárcel en el centro de Caracas y tres a los calabozos del servicio de inteligencia por “porte ilícito de arma de fuego”, “incitación a la desobediencia”, “daños violentos a la propiedad” y “agavillamiento” o asociación para delinquir.
A tres de los jóvenes se les dejó en libertad bajo fianza, 155 deberán presentarse periódicamente ante tribunales y 15 de los imputados serán sometidos a tratamientos médicos para “su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas”.
Desde principios de febrero miles de venezolanos han salido a las calles para protestar por la inflación que roza el 60%, el desabastecimiento de productos básicos como la leche y el papel higiénico y la delincuencia que, según la ONU, convirtió a Venezuela en el segundo país más violento del mundo.
En este contexto, el joven dirigente Márquez aseguró que “la protesta que llevamos es pacífica y el gobierno está buscando una excusa para tumbar todas las protestas que estamos haciendo con represión y persecución”.
“El único que genera terror es el gobierno, nosotros no somos violentos, ellos son los que atacan, los que reprimen. Nosotros somos manifestantes pacíficos que seguiremos en la calle, ellos son los terroristas”, recalcó.
Ayer mismo, el Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe exigió al gobierno venezolano liberar a “todos los estudiantes y presos políticos y el cese de la persecución a opositores”, según los resultados de una reunión de dos días celebrada en Punta Cana, República Dominicana.
El organismo regional también demandó de las autoridades venezolanas, a través de un documento, garantizar la vida y la integridad de los ciudadanos y permitir el regreso de los exiliados.
Los representantes de partidos políticos latinoamericanos socialdemócratas decidieron, además, respaldar el diálogo iniciado el 10 de abril pasado entre el gobierno de Venezuela y los representantes de la oposición, con el propósito de encontrar salida a la crisis política.
La resolución también formuló votos para que dicho diálogo produzca resultados en breve tiempo, y así lograr la normalización de la situación política, social y económica de Venezuela.
La reunión, encabezada por el secretario general de la Internacional Socialista, el chileno Luis Ayala, y el presidente del comité, el dominicano Miguel Vargas Maldonado, favoreció la creación de una Comisión de la Verdad.
El Universal, 12 de mayo.
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