Y es que en la reforma del 2007 se dejaron vacíos legales en la reglamentación del artículo 134 Constitucional en materia de imposición de sanciones a funcionarios públicos por desvío de recursos públicos para la promoción personalizada de su imagen y apoyo a campañas, candidatos y partidos.
Ese asunto en particular generó muchos “dolores de cabeza” a los magistrados del TEPJF, pues el Legislativo no estableció puntualmente las sanciones a esos supuestos, lo que dejó abierta la posibilidad a varios funcionarios públicos de evadir las sanciones.
“Por cada reforma, modificación o adición que se proponga, discuta y apruebe, es de suma importancia el diseño de un sistema de juicios o recursos jurisdiccionales debidamente articulado con el resto de los procedimientos y garantías electorales, a fin de asegurar, con eficacia, que las infracciones a la ley que se cometan puedan ser controladas y subsanadas”, demandó la titular del TEPJF, María del Carmen Alanís.
Advirtió que hay por lo menos 12 asignaturas pendientes de la reforma electoral que se aprobó en el 2007, que requieren ser perfeccionadas, sobre todo en materia de garantizar la justicia electoral.
“El tema de la justicia electoral está ausente en la mayoría de las iniciativas que se han presentado al Poder Legislativo”, dijo.
El artículo 134 es uno de esos 12 puntos, pero también resalta el de la justicia intrapartidaria, pues se mantiene como un tema que no se ha logrado resolver de manera adecuada.
En la discusión de la reforma electoral pasada –recordó la magistrada– se planteó la necesidad de resolver los conflictos intrapartidistas dentro de los propios institutos políticos, de manera que se consideró necesario que, para llegar al Tribunal Electoral, los interesados debían agotar previamente las instancias de justicia partidista.
Sin embargo, la cifra de asuntos que resuelve el Tribunal Electoral, que involucran lo que se conoce como “vida interna” de los partidos, se mantiene elevada. El año pasado más de mil 300 juicios ciudadanos se refirieron a asuntos de vida interna de los partidos políticos, informó.
LEY DE PARTIDOS. En ese sentido, urgió a los legisladores a explorar la posibilidad de fortalecer al sistema de partidos a partir de la consolidación de sus propias instancias de justicia.
“Sería conveniente discutir la viabilidad de un sistema integral de solución de conflictos partidarios en el que se otorgue certeza y seguridad jurídica a los justiciables, mediante el establecimiento de reglas y procedimientos claros. Incluso, podría rescatarse la añeja propuesta de incorporar al sistema jurídico una ley de partidos políticos”.
Alanís adelantó que el TEPJF tiene ya varios cuestionamientos e interrogantes a la propuesta presidencial de reforma política que se deben subsanar, mismos que entregarán a los legisladores en las próximas semanas.
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