La penalización del aborto y la falta de acceso a los anticonceptivos provocan mayor incidencia de los procesos clandestinos. La propia Secretaría de Salud federal reconoció en 2008 que sólo cubría 39.4 por ciento de la demanda de anticoncepción para las mujeres “unidas y en edad reproductiva”.
La consecuencia es que en pleno siglo XXI sigan recurriendo a un sinnúmero de métodos peligrosos para abortar, realizados en condiciones inseguras, tanto por personal no calificado o por ellas mismas, con lo que se exponen a graves secuelas e incluso a la muerte.
Las prácticas van desde ingerir diversas infusiones preparadas con brebajes, o acudir a medidas desesperadas como ejercicios violentos, caídas repentinas, golpes, o bien la introducción en el útero de elementos punzocortantes, como lo ha documentado el Instituto Alan Guttmacher, especialista en salud y derechos reproductivos
La organización Ipas y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), especialistas en salud reproductiva, han demostrado que las mujeres pobres tienen menor acceso a la información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos y ante un embarazo no deseado recurren a la práctica del aborto clandestino.
Aunque medir la incidencia del aborto es difícil debido a su clandestinidad, el Instituto Alan Guttmacher evidenció que hasta 2006, en México las complicaciones de un aborto mal practicado son la quinta causa de mortalidad materna.
Silencio social y voz de las mujeres
Si bien en los estados del país se permite el aborto bajo ciertas causales como violación, malformación del producto y graves daños a la salud de la mujer, en la práctica continúa siendo igual de complicado acceder a él. Situación que se agudiza en las 17 entidades del país que entre 2008 y 2009 penalizaron el aborto.
El informe “Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto por violación en México” de 2006, elaborado por Human Rights Watch, sostiene que cuando las víctimas de violación buscan un aborto legal, a menudo se enfrentan a la humillación, degradación y padecimiento físico, lo que constituye una segunda violación perpetrada por el sistema de justicia y el de salud.
Lo anterior queda evidenciado en el siguiente testimonio de una joven que a los 16 años fue violada durante más de un año por su padre y pese a ello no pudo realizarse un aborto legal porque los agentes del Ministerio Público, contrario a la ley, decidieron acusar al agresor por incesto y no por violación.
“Después mi papá me llevó a una casa de huéspedes. …Y ahí me dijo que me quitara toda mi ropa…y mi papá se quito toda su ropa…Y mi papá me empezó a acariciar en las piernas y todo el cuerpo…Yo lloré y le dije a mi papá que me dolía mucho.
“Y respecto a mi embarazo, quiero manifestar que yo estoy segura que el hijo que espero es de mi papá… porque yo nunca tuve relaciones con alguien más… Y quiero manifestar que yo no quiero tener el hijo que estoy esperando, porque no lo voy a querer, porque siendo de mi papá no lo voy a querer, y además no sé cómo venga, o venga mal, y tampoco lo quiero porque yo no quería quedar embarazada”.
Debido a la dificultad de contar con estadísticas confiables, la mayor parte de la información sobre el alcance y naturaleza del aborto clandestino en el país se basa en testimonios orales.
La legalización significa salvar la vida
En el caso del Distrito Federal, desde 2007 —año en que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación— se sabe quiénes son las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
En 2009, 50 mil 936 mujeres pidieron información sobre la interrupción legal del embarazo; de ellas, 36 mil 389 solicitaron el procedimiento y de éstas únicamente 29 mil 212 lo realizaron.
Muchas de ellas son de bajos ingresos, trabajos inestables, desempleadas, estudiantes y amas de casa, 80 por ciento son católicas y no pueden permitirse tener y criar un hijo sin condiciones de vida segura.
“La legalización del aborto significa salvar la vida de las mujeres que, en otro contexto, se someten a abortos clandestinos”, fue uno de los argumentos planteados por las organizaciones civiles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se libró la batalla legal para defender la constitucionalidad del procedimiento en el Distrito Federal.
Frente a la ofensiva contra el derecho de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria con la penalización del aborto en 17 entidades del país, diversas organizaciones feministas firmaron el 5 de diciembre de 2009 el “Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres”.
Desde entonces, el primer jueves de cada mes, las mujeres han realizado un mitin en sus respectivos estados. En el caso del Distrito Federal se han manifestado en el Hemiciclo a Juárez y el próximo 4 de febrero llevarán sus demandas a las puertas de la Cámara de Diputados.
Web:
www.cimacnoticias.com
Mail:
cimac@laneta.apc.org
Anayeli García Martínez, Milenio, 31 de enero.
La consecuencia es que en pleno siglo XXI sigan recurriendo a un sinnúmero de métodos peligrosos para abortar, realizados en condiciones inseguras, tanto por personal no calificado o por ellas mismas, con lo que se exponen a graves secuelas e incluso a la muerte.
Las prácticas van desde ingerir diversas infusiones preparadas con brebajes, o acudir a medidas desesperadas como ejercicios violentos, caídas repentinas, golpes, o bien la introducción en el útero de elementos punzocortantes, como lo ha documentado el Instituto Alan Guttmacher, especialista en salud y derechos reproductivos
La organización Ipas y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), especialistas en salud reproductiva, han demostrado que las mujeres pobres tienen menor acceso a la información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos y ante un embarazo no deseado recurren a la práctica del aborto clandestino.
Aunque medir la incidencia del aborto es difícil debido a su clandestinidad, el Instituto Alan Guttmacher evidenció que hasta 2006, en México las complicaciones de un aborto mal practicado son la quinta causa de mortalidad materna.
Silencio social y voz de las mujeres
Si bien en los estados del país se permite el aborto bajo ciertas causales como violación, malformación del producto y graves daños a la salud de la mujer, en la práctica continúa siendo igual de complicado acceder a él. Situación que se agudiza en las 17 entidades del país que entre 2008 y 2009 penalizaron el aborto.
El informe “Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto por violación en México” de 2006, elaborado por Human Rights Watch, sostiene que cuando las víctimas de violación buscan un aborto legal, a menudo se enfrentan a la humillación, degradación y padecimiento físico, lo que constituye una segunda violación perpetrada por el sistema de justicia y el de salud.
Lo anterior queda evidenciado en el siguiente testimonio de una joven que a los 16 años fue violada durante más de un año por su padre y pese a ello no pudo realizarse un aborto legal porque los agentes del Ministerio Público, contrario a la ley, decidieron acusar al agresor por incesto y no por violación.
“Después mi papá me llevó a una casa de huéspedes. …Y ahí me dijo que me quitara toda mi ropa…y mi papá se quito toda su ropa…Y mi papá me empezó a acariciar en las piernas y todo el cuerpo…Yo lloré y le dije a mi papá que me dolía mucho.
“Y respecto a mi embarazo, quiero manifestar que yo estoy segura que el hijo que espero es de mi papá… porque yo nunca tuve relaciones con alguien más… Y quiero manifestar que yo no quiero tener el hijo que estoy esperando, porque no lo voy a querer, porque siendo de mi papá no lo voy a querer, y además no sé cómo venga, o venga mal, y tampoco lo quiero porque yo no quería quedar embarazada”.
Debido a la dificultad de contar con estadísticas confiables, la mayor parte de la información sobre el alcance y naturaleza del aborto clandestino en el país se basa en testimonios orales.
La legalización significa salvar la vida
En el caso del Distrito Federal, desde 2007 —año en que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación— se sabe quiénes son las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
En 2009, 50 mil 936 mujeres pidieron información sobre la interrupción legal del embarazo; de ellas, 36 mil 389 solicitaron el procedimiento y de éstas únicamente 29 mil 212 lo realizaron.
Muchas de ellas son de bajos ingresos, trabajos inestables, desempleadas, estudiantes y amas de casa, 80 por ciento son católicas y no pueden permitirse tener y criar un hijo sin condiciones de vida segura.
“La legalización del aborto significa salvar la vida de las mujeres que, en otro contexto, se someten a abortos clandestinos”, fue uno de los argumentos planteados por las organizaciones civiles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se libró la batalla legal para defender la constitucionalidad del procedimiento en el Distrito Federal.
Frente a la ofensiva contra el derecho de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria con la penalización del aborto en 17 entidades del país, diversas organizaciones feministas firmaron el 5 de diciembre de 2009 el “Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres”.
Desde entonces, el primer jueves de cada mes, las mujeres han realizado un mitin en sus respectivos estados. En el caso del Distrito Federal se han manifestado en el Hemiciclo a Juárez y el próximo 4 de febrero llevarán sus demandas a las puertas de la Cámara de Diputados.
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cimac@laneta.apc.org
Anayeli García Martínez, Milenio, 31 de enero.
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