Define la seguridad debate migratorio

WASHINGTON.- Las prioridades del debate migratorio que arranca hoy en el Senado de Estados Unidos quedaron definidas: prestaciones sociales, impuestos y, sobre todo, seguridad fronteriza definirán la suerte de esta ley en las próximas semanas.

La reforma migratoria aterrizó ayer en el pleno de la Cámara alta, donde los legisladores invertirán ahora unas tres semanas en discutir y votar la primera propuesta para regularizar a la población indocumentada desde 1986.

Los ocho senadores -cuatro republicanos y cuatro demócratas- que redactaron el borrador y que son conocidos como la "banda de los ocho" esperan que la Cámara alta dé su veredicto antes del 4 de julio, fecha en la que la reforma llegaría a la Cámara de representantes, donde le espera un camino aún más escabroso.

"(A partir de ahora) los senadores propondrán ideas para mejorar la legislación y otras para empeorarla. De cualquier manera, es la mejor oportunidad que hemos tenido (de reformar la ley migratoria) en muchos, muchos años", resumió ayer el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid.

Las intervenciones preliminares a la discusión, que tuvieron lugar ayer, permitieron identificar la seguridad como la moneda de cambio de los republicanos para avalar la iniciativa, que necesita 60 votos de 100 para sobrevivir al Senado.

Los republicanos más renuentes a apoyar la ley insisten en que hoy la iniciativa no cumple con lo mínimo necesario para proteger la frontera.

El senador texano John Cornyn, por ejemplo, pretende condicionar el camino hacia la ciudadanía de los indocumentados que ya viven en Estados Unidos a los resultados obtenidos por la Patrulla Fronteriza.

Su meta es que las autoridades intercepten al menos al 90 por ciento de los migrantes que intentan cruzar sin documentos, algo que muchos expertos consideran poco realista.

"Necesitamos mandar el mensaje de que la frontera hoy no es segura", enfatizó ayer.

El debate acerca de cómo se plasmará finalmente en la reforma este refuerzo fronterizo es el principal escollo en el diálogo entre demócratas y republicanos.

Según fuentes citadas por la prensa estadounidense, Marco Rubio, senador de Florida y miembro de la "banda de los ocho", ha ofrecido concesiones a Cornyn en el texto de la iniciativa a fin de lograr su respaldo, algo que muchos demócratas afines a la iniciativa consideran de cualquier manera imposible.

Los defensores de la reforma estiman que así como está la propuesta está lejos de ofrecer un camino de rosas a los indocumentados, ya que otros 4 mil 500 millones de dólares a mejorar el control fronterizo.

Además, antes de conseguir la ciudadanía, los inmigrantes tendrían que pasar por un tortuoso proceso burocrático que se alargaría más de una década, asimismo, deberán pagar impuestos y multas y mantener sin mancha su historial criminal.

Algunos analistas sugieren que se podría alcanzar un pacto de mínimos para sacar la ley adelante, introduciendo enmiendas que refuercen el control fronterizo pero que no condicionen sus resultados con la legalización de quienes ya están en Estados Unidos.

Otros asuntos que concentrarán la discusión también conciernen a los legisladores más conservadores: la posibilidad de que los indocumentados tengan protección social desde que consigan el estatus legal provisional hasta que logran la ciudadanía, es decir, un periodo de 13 años, y el pago retroactivo de una parte de los impuestos que dejaron de abonar cuando trabajaban en el mercado informal.

Ángel Villarino corresponsal, Reforma, 11 de junio.