Desechan amparos de maestros disidentes

 Dos jueces federales de Puebla comenzaron a desechar amparos promovidos por decenas de miles de maestros disidentes para impugnar la reforma constitucional en materia educativa, con lo que el escenario de este litigio queda dispuesto para la intervención de la Suprema Corte de Justicia.

Los jueces Carlos Alfredo Soto y Pedro Arroyo, que en abril pasado habían admitido a trámite las demandas, resolvieron que no proceden los argumentos de los inconformes, porque no se puefde impugnar una reforma constitucional por medio de un amparo.

"Existe jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que los jueces no pueden revisar el procedimiento de reforma constitucional. Esa jurisprudencia es obligatoria para este juzgado federal y, por lo tanto, se encuentra constreñido a acatarla", agregó Soto.

Arroyo concluyó que si la Constitución no prevé que el Poder Judicial de la Federación pueda otorgar el amparo contra preceptos constitucionales, el juicio de garantías es improcedente.

Soto Morales consideró además que la mera reforma a la Carta Magna no afecta los derechos laborales de los trabajadores, porque primero será necesario que se expidan las leyes secundarias respectivas, y en su momento se les someta a una evaluación o concurso de oposición.

Los maestros podrán impugnar las sentencias mediante recursos de revisión, que previsiblemente serán atraídos por la Corte, para que se pueda pronunciar sobre la procedencia del amparo contra reformas constitucionales.

Hasta finales de abril, se habían presentado alrededor de mil 200 amparos contra la reforma educativa, pero cada demanda venía firmada por cientos de maestros, en su mayoría afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los jueces de Puebla, que concentraron todos los amparos sobre este tema, habían causado sorpresa al interior del Poder Judicial el pasado 3 de abril, cuando no solo admitieron a trámite las demandas, sino que además otorgaron suspensiones provisionales para que no se afectaran los derechos laborales de los quejosos.

Solo las demandas que fueron presentadas antes del 3 de abril habían sido admitidas, pues las que llegaron posteriormente fueron desechadas, ya que la nueva Ley de Amparo prohíbe este recurso contra reformas a la Constitución, tema que nunca fue aclarado en la ley anterior.

Víctor Fuentes, Reforma, 8 de junio.