La decisión de los diputados de no incluir en la reforma judicial aprobada el allanamiento sin orden de un juez fue un signo positivo, pero quedaron hechos negativos como la creación de dos sistemas de justicia, uno para la delincuencia organizada y otr0 para la común, afirmaron organizaciones civiles.
Edgar Cortez secretario de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, indicó que la propuesta de allanamiento ponía en riesgo espacios y domicilios y se abría una ventana a los abusos y arbitrariedades mayores a las que vivimos.
El allanamiento, dijo, es sólo uno de los señalamientos que diversas organizaciones nacionales e internacionales les hicieran a los legisladores por ser contrarias a los avances del respeto a los derechos humanos.
Por eso se le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su opinión a esa reforma, porque viola artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que México se comprometió a respetar.
Para Cortéz la aprobación de la reforma por los legisladores es sólo el inicio, falta que sea avalada en las legislaturas estatales y que el presidente Felipe Calderón la publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, y será en ese momento cuando le soliciten al jefe del Ejecutivo proponer una nueva iniciativa.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que la reforma al sistema de justicia es necesaria, pero por su trascendencia se deberían haber revisado a profundidad los derechos humanos. En otras palabras, uno para los ciudadanos y otro para los enemigos del Estado.
Con esta reforma se establecerán en la Constitución dos sistemas de justicia: uno para la “delincuencia organizada” y otro para la “delincuencia común”, con lo que se abre el camino hacia una distinción poco deseable.
Edgar Cortez secretario de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, indicó que la propuesta de allanamiento ponía en riesgo espacios y domicilios y se abría una ventana a los abusos y arbitrariedades mayores a las que vivimos.
El allanamiento, dijo, es sólo uno de los señalamientos que diversas organizaciones nacionales e internacionales les hicieran a los legisladores por ser contrarias a los avances del respeto a los derechos humanos.
Por eso se le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su opinión a esa reforma, porque viola artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que México se comprometió a respetar.
Para Cortéz la aprobación de la reforma por los legisladores es sólo el inicio, falta que sea avalada en las legislaturas estatales y que el presidente Felipe Calderón la publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, y será en ese momento cuando le soliciten al jefe del Ejecutivo proponer una nueva iniciativa.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que la reforma al sistema de justicia es necesaria, pero por su trascendencia se deberían haber revisado a profundidad los derechos humanos. En otras palabras, uno para los ciudadanos y otro para los enemigos del Estado.
Con esta reforma se establecerán en la Constitución dos sistemas de justicia: uno para la “delincuencia organizada” y otro para la “delincuencia común”, con lo que se abre el camino hacia una distinción poco deseable.
Nota de Eugenia Jiménez, Milenio, 27 de febrero.
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