Estados fronterizos del norte exigirán recursos para migrantes deportados

Tijuana, BC, 26 de febrero. Diputados locales de todos los estados de la frontera norte exigirán al Congreso de la Unión que se asigne un monto presupuestal específico para la atención y apoyo a los migrantes deportados de Estados Unidos, que representan una población flotante que necesita, en la mayoría de los casos, servicios y auxilio.

Irma Villalobos Rascón, presidenta de la segunda Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso de Sonora, aseguró que las entidades que colindan con Estados Unidos “no estamos preparadas” para recibir repatriaciones masivas, esto en relación con la reciente aprobación de la Ley 2779, en Arizona, en la que se obliga a los patrones de inmigrantes a confirmar la calidad migratoria de sus trabajadores.

“En la frontera no estamos preparados para recibirlos; estas personas necesitan albergues, asistencia sanitaria y apoyo económico para regresar a sus lugares de origen. En los recursos federales no se contempla a la población flotante.

“El presupuesto de los municipios está basado según la población de cada uno, pero deberían tomar en cuenta que lidiamos con esa población flotante, a la cual le debemos de dar seguridad, servicios de salud, educación y asistencia”, señaló la legisladora local.

En entrevista luego de participar en el seminario Migración y desarrollo: hacia políticas públicas innovadoras en México, organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Colegio de la Frontera Norte en esta ciudad, Villalobos informó que los diputados locales de las entidades de la frontera norte han mantenido reuniones para analizar esta problemática a escala general y particular.

Ello con la intención de reunirse, en los próximos meses, con legisladores de ambas cámaras federales “para exponer el problema que estamos viviendo cada uno de los estados y que en verdad se le ponga atención. Ahora muchos dicen que la migración es el tema de moda, porque actualmente se le presta atención, pero quienes vivimos en frontera hemos tenido que salir adelante con recursos propios, ya que no hay dinero etiquetado para solventar esta problemática”.

De obtenerse esos recursos, se destinarían a necesidades de corto, mediano y largo plazos. En ese sentido, la legisladora indicó que en principio deben dirigirse a resolver el problema inmediato, que es garantizar salud y asistencia (moral y económica) a los deportados –que según cifras oficiales alcanzan medio millón de personas anualmente.

Asimismo, subrayó que proyectos a plazo más largo serían mejorar la seguridad en las ciudades fronterizas y la limpieza, para con ello también atraer la inversión empresarial y el turismo, generando con ello mayores recursos para estas urbes.

Otro punto que destacó sería el apoyo de la Secretaría de Hacienda a los connacionales repatriados, al no cobrarles la legalización de sus vehículos y beneficiar a todos con un programa de no cobro de aduana por el paso de su menaje o pertenencias de casa.

“Éste (el programa) está autorizado para quienes llevan más de dos años viviendo en Estados Unidos, pero qué pasa con los que llevan un año o menos; queremos que se aplique para todos en general, porque son unos héroes que han sostenido la economía de México. Que venir a su país no signifique para ellos un dolor de cabeza”, planteó.

En el caso particular de Sonora, destacó que “es un cuello de botella” por el tránsito de los migrantes, ya que en el regreso o repatriación “no contamos con lo necesario para atenderlos. Por ejemplo, Nogales tiene algunos servicios más o menos considerables, pero en Agua Prieta no tenemos empleos ni si quiera suficientes para la población de ahí”, concluyó.

Nota de Emir Olivares Alonso, La Jornada, 27 de febrero.