La presión de los partidos contra el documento en el que el IFE pretendía regular la prohibición de propaganda a los funcionarios públicos pudo más y los consejeros postergaron su decisión y modificaron sus planes.
Aunque el IFE había planeado aprobar ese acuerdo este viernes, ayer, después de escuchar las objeciones de PAN, PRI, Panal, Alternativa y Convergencia, se decidió dar marcha atrás y se buscó privilegiar el consenso.
Aunque los consejeros Virgilio Andrade y Marco Gómez expresaron en la reunión que la aprobación del acuerdo era urgente porque desde el 15 de febrero está vigente la prohibición a los servidores públicos para difundir propaganda personalizada, las dudas expresadas por los representantes partidistas lograron que una vez más se difiriera el tema.
Los consejeros que promueven el acuerdo son Marco Gómez, Virgilio Andrade, Marco Baños y Lourdes López. Mientras que los que han expresado la necesidad de ser cautelosos y realizar algunos cambios son Arturo Sánchez, Andrés Albo y Teresa González, y Benito Nacif dijo que habría que enriquecer el documento original para que pudiera enfrentar una posible impugnación. El consejero presidente, Leonardo Valdés será el que incline la balanza.
Los partidos advirtieron en la reunión que la aprobación del documento como está sólo ocasionaría una serie de litigios con los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El representante de Alternativa, Luciano Pascoe, hizo ver a los consejeros que todas las quejas que resuelvan fracasarán ante los magistrados por la falta de sustento jurídico.
Mientras que el representante panista, Roberto Gil, expresó que el IFE no tiene competencia en todos los casos para conocer las infracciones a la propaganda política, pues está circunscrito a los temas en los que se impacte el tema electoral, es decir, donde se considere vulnerado el principio de imparcialidad en la competencia.
Algunos consejeros expresaron su desacuerdo con la actitud de los partidos por pretender postergar la aprobación del acuerdo, impidiendo que el IFE asuma su responsabilidad.
Aunque el IFE había planeado aprobar ese acuerdo este viernes, ayer, después de escuchar las objeciones de PAN, PRI, Panal, Alternativa y Convergencia, se decidió dar marcha atrás y se buscó privilegiar el consenso.
Aunque los consejeros Virgilio Andrade y Marco Gómez expresaron en la reunión que la aprobación del acuerdo era urgente porque desde el 15 de febrero está vigente la prohibición a los servidores públicos para difundir propaganda personalizada, las dudas expresadas por los representantes partidistas lograron que una vez más se difiriera el tema.
Los consejeros que promueven el acuerdo son Marco Gómez, Virgilio Andrade, Marco Baños y Lourdes López. Mientras que los que han expresado la necesidad de ser cautelosos y realizar algunos cambios son Arturo Sánchez, Andrés Albo y Teresa González, y Benito Nacif dijo que habría que enriquecer el documento original para que pudiera enfrentar una posible impugnación. El consejero presidente, Leonardo Valdés será el que incline la balanza.
Los partidos advirtieron en la reunión que la aprobación del documento como está sólo ocasionaría una serie de litigios con los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El representante de Alternativa, Luciano Pascoe, hizo ver a los consejeros que todas las quejas que resuelvan fracasarán ante los magistrados por la falta de sustento jurídico.
Mientras que el representante panista, Roberto Gil, expresó que el IFE no tiene competencia en todos los casos para conocer las infracciones a la propaganda política, pues está circunscrito a los temas en los que se impacte el tema electoral, es decir, donde se considere vulnerado el principio de imparcialidad en la competencia.
Algunos consejeros expresaron su desacuerdo con la actitud de los partidos por pretender postergar la aprobación del acuerdo, impidiendo que el IFE asuma su responsabilidad.
Nota de Lorena López, Milenio, 27 de febrero.
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