Tijuana, BC, 26 de febrero. Las actuales políticas públicas federales y estatales sobre migración sólo son paliativos, porque no atacan las causas estructurales del fenómeno y no tienden a reducirlo, aseguró María del Rocío Barajas Escamilla, investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Por ello, la especialista planteó la necesidad de impulsar una verdadera política de desarrollo que “mire de manera innovadora” al fenómeno migratorio, en la que se cuente con alternativas para el arraigo y no sólo se gestione un acuerdo en la materia con Estados Unidos.
Además, propuso realizar un diagnóstico integral. “Las políticas deberán orientarse, entre otros aspectos, al diseño de proyectos de desarrollo endógeno, sostenibles en el largo plazo, que recuperen las vocaciones de las localidades expulsoras y su desarrollo”, subrayó al participar en el seminario Migración y desarrollo: hacia políticas públicas innovadoras en México.
Barajas Escamilla refirió que el fenómeno tiene varias consecuencias: la expulsión de una gran cantidad de mano de obra en edad productiva –lo que representa una pérdida para México–, territorios en abandono, despoblamiento de grandes ciudades, altos costos sociales y económicos, y la fragmentación familiar.
Por su parte, Raúl Delgado Wise, director de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señaló que “la mayor parte de la discusión sobre el tema y su desarrollo se ha dado de forma unilateral, viendo los costos que tiene en el sur, sin considerar los aportes que ha tenido en el norte”.
Para revertirlo consideró que se deben realizar diversos análisis “bajo una mirada integral, y reconocer a la migración y el desarrollo en sus aspectos global, regional, nacional e internacional en cuanto a la restructuración del capitalismo, la expansión del comercio internacional, el incremento de flujos financieros, la internacionalización de la producción y la trasnacionalización, la diferenciación y la precarización de los mercados laborales”.
Por ello, aseguró que las políticas migratorias deben promover el desarrollo como movilidad voluntaria contra migración forzada; la cooperación para el desarrollo en reciprocidad; pleno respeto a los derechos humanos en los países receptores y de tránsito; modelo de desarrollo alternativo del país emisor –en este caso México–; promover canales de movilidad social de diáspora en la sociedad receptora, y estimular su incorporación en los procesos de desarrollo del país e incentivar nuevos canales de acceso de los migrantes a diferentes programas de trabajadores huéspedes o temporales.
En tanto, Mauricio Merino Huerta, director de la División de Administración del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que una opción para solucionar el problema es llamar a los gobiernos locales a cumplir un papel relevante para contrarrestar los dos fenómenos que enfrenta la migración: oportunidades de desarrollo y un modelo de vida.
Indicó que un problema para ello es que los programas de gobierno local están diseñados para un periodo de tres años y no trascienden más allá. Pese a ello, aseguró que los gobiernos locales “sí pueden ser promotores del desarrollo económico en la medida en que fortalezcan su participación en políticas públicas y al aprovechar las consecuencias del proceso migratorio”.
Por ello, la especialista planteó la necesidad de impulsar una verdadera política de desarrollo que “mire de manera innovadora” al fenómeno migratorio, en la que se cuente con alternativas para el arraigo y no sólo se gestione un acuerdo en la materia con Estados Unidos.
Además, propuso realizar un diagnóstico integral. “Las políticas deberán orientarse, entre otros aspectos, al diseño de proyectos de desarrollo endógeno, sostenibles en el largo plazo, que recuperen las vocaciones de las localidades expulsoras y su desarrollo”, subrayó al participar en el seminario Migración y desarrollo: hacia políticas públicas innovadoras en México.
Barajas Escamilla refirió que el fenómeno tiene varias consecuencias: la expulsión de una gran cantidad de mano de obra en edad productiva –lo que representa una pérdida para México–, territorios en abandono, despoblamiento de grandes ciudades, altos costos sociales y económicos, y la fragmentación familiar.
Por su parte, Raúl Delgado Wise, director de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señaló que “la mayor parte de la discusión sobre el tema y su desarrollo se ha dado de forma unilateral, viendo los costos que tiene en el sur, sin considerar los aportes que ha tenido en el norte”.
Para revertirlo consideró que se deben realizar diversos análisis “bajo una mirada integral, y reconocer a la migración y el desarrollo en sus aspectos global, regional, nacional e internacional en cuanto a la restructuración del capitalismo, la expansión del comercio internacional, el incremento de flujos financieros, la internacionalización de la producción y la trasnacionalización, la diferenciación y la precarización de los mercados laborales”.
Por ello, aseguró que las políticas migratorias deben promover el desarrollo como movilidad voluntaria contra migración forzada; la cooperación para el desarrollo en reciprocidad; pleno respeto a los derechos humanos en los países receptores y de tránsito; modelo de desarrollo alternativo del país emisor –en este caso México–; promover canales de movilidad social de diáspora en la sociedad receptora, y estimular su incorporación en los procesos de desarrollo del país e incentivar nuevos canales de acceso de los migrantes a diferentes programas de trabajadores huéspedes o temporales.
En tanto, Mauricio Merino Huerta, director de la División de Administración del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que una opción para solucionar el problema es llamar a los gobiernos locales a cumplir un papel relevante para contrarrestar los dos fenómenos que enfrenta la migración: oportunidades de desarrollo y un modelo de vida.
Indicó que un problema para ello es que los programas de gobierno local están diseñados para un periodo de tres años y no trascienden más allá. Pese a ello, aseguró que los gobiernos locales “sí pueden ser promotores del desarrollo económico en la medida en que fortalezcan su participación en políticas públicas y al aprovechar las consecuencias del proceso migratorio”.
Nota de Emir Olivares Alonso, La Jornada, 27 de febrero.
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