El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanosl, José Luis Soberanes Fernández, señaló que en los ayuntamientos hay mayor rechazo a la defensa de los derechos humanos, y manifestó su preocupación porque el palacio municipal es la primera puerta que el ciudadano toca al enfrentarse a un problema.
Soberanes reiteró su llamado a los poderes locales para que, desde sus atribuciones soberanas, vigilen muy de cerca la actuación de los ayuntamientos en materia de derechos humanos.
“No debemos permitir que la falta de atención a los gobiernos de las más pequeñas comunidades propicie una balcanización. No podemos permitir que se pervierta la laudable lucha histórica por el municipio libre, creando o promoviendo cotos de poder, feudos y cacicazgos”, puntualizó.
Dio a conocer que nueve ayuntamientos oaxaqueños, uno de Morelos y uno de Veracruz se negaron a aceptar las recomendaciones de la CNDH.
Por eso sostuvo, al presentar su informe anual ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con ese rechazo las autoridades se alejan de la causa de los derechos humanos.
Con gran preocupación, dijo, en el país la delincuencia organizada ha hecho crecer la trata de personas con fines de explotación.
Se calcula, añadió, que en México cada año son víctimas de ella unas 20 mil personas, en especial mujeres, niñas y niños migrantes, y que ante esta situación la CNDH creó el Programa Contra la Trata de Personas.
Soberanes Fernández reconoció que la tortura se continúa practicando en el país y “llega a grados inimaginables de crueldad y atrocidad”.
Al respecto informó que la Comisión a su cargo recibió la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante el cual podrá inspeccionar espacios públicos en los que se retenga a personas privadas de su libertad.
Mencionó ante los ministrosque la libertad de expresión es un tema “especialmente preocupante”, pues durante 2007 fueron asesinados 35 periodistas y han desaparecido seis.
“Sin embargo, las investigaciones de las autoridades han arrojado pobres resultados. La escasa atención gubernamental ha creado un ambiente de impunidad. Hoy, en México el periodismo se ejerce bajo amenaza”, aseguró.
Al comenzar la lectura de su informe, el ombudsman nacional reconoció la labor que realiza la Suprema Corte de Justicia, la cual, sostuvo, “lejos de rehuir los temas políticamente riesgosos, durante los últimos años ha hecho una seria apuesta por el imperio de la ley, por el Estado de derecho y por la defensa denotada de los derechos humanos”.
Soberanes reiteró su llamado a los poderes locales para que, desde sus atribuciones soberanas, vigilen muy de cerca la actuación de los ayuntamientos en materia de derechos humanos.
“No debemos permitir que la falta de atención a los gobiernos de las más pequeñas comunidades propicie una balcanización. No podemos permitir que se pervierta la laudable lucha histórica por el municipio libre, creando o promoviendo cotos de poder, feudos y cacicazgos”, puntualizó.
Dio a conocer que nueve ayuntamientos oaxaqueños, uno de Morelos y uno de Veracruz se negaron a aceptar las recomendaciones de la CNDH.
Por eso sostuvo, al presentar su informe anual ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con ese rechazo las autoridades se alejan de la causa de los derechos humanos.
Con gran preocupación, dijo, en el país la delincuencia organizada ha hecho crecer la trata de personas con fines de explotación.
Se calcula, añadió, que en México cada año son víctimas de ella unas 20 mil personas, en especial mujeres, niñas y niños migrantes, y que ante esta situación la CNDH creó el Programa Contra la Trata de Personas.
Soberanes Fernández reconoció que la tortura se continúa practicando en el país y “llega a grados inimaginables de crueldad y atrocidad”.
Al respecto informó que la Comisión a su cargo recibió la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante el cual podrá inspeccionar espacios públicos en los que se retenga a personas privadas de su libertad.
Mencionó ante los ministrosque la libertad de expresión es un tema “especialmente preocupante”, pues durante 2007 fueron asesinados 35 periodistas y han desaparecido seis.
“Sin embargo, las investigaciones de las autoridades han arrojado pobres resultados. La escasa atención gubernamental ha creado un ambiente de impunidad. Hoy, en México el periodismo se ejerce bajo amenaza”, aseguró.
Al comenzar la lectura de su informe, el ombudsman nacional reconoció la labor que realiza la Suprema Corte de Justicia, la cual, sostuvo, “lejos de rehuir los temas políticamente riesgosos, durante los últimos años ha hecho una seria apuesta por el imperio de la ley, por el Estado de derecho y por la defensa denotada de los derechos humanos”.
Nota de Eugenia Jiménez y Rubén Mosso, Milenio, 27 de febrero.
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