TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.— Luego de 33 días de una huelga de hambre declarada por el catequista toztzil Zacario Hernández y otros 34 reos indígenas recluidos en tres penales de Chiapas, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera López, pidió a los tres poderes del gobierno estatal una revisión exhaustiva de sus expedientes a fin de concluir con la protesta.
El ayuno fue iniciado el 12 de febrero pasado en el penal El Amate, el Centro Penitenciario Cinco de San Cristóbal de las Casas y en la Cárcel Distrital de Playas de Catazajá, por los 35 indígenas sentenciados y procesados por homicidio, lesiones, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación.
Los huelguistas argumentan que fueron detenidos durante el gobierno del aliancista Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006) por venganzas políticas y para acallar las demandas campesinas y las luchas por la posesión de la tierra.
En conferencia de prensa, el arzobispo Cabrera López dijo que las tres diócesis de Chiapas dan seguimiento puntual a la situación de los ayunantes, cuyos expedientes deben ser revisados conforme a derecho y en el marco de la legalidad.
El pasado fin de semana, representantes del gobierno estatal y de los poderes Judicial y Legislativo del estado, así como de organizaciones sociales y campesinas, acordaron la revisión de los expedientes jurídicos y demandaron la liberación de 360 personas detenidas durante la pasada administración y considerados como “presos políticos”.
El ayuno fue iniciado el 12 de febrero pasado en el penal El Amate, el Centro Penitenciario Cinco de San Cristóbal de las Casas y en la Cárcel Distrital de Playas de Catazajá, por los 35 indígenas sentenciados y procesados por homicidio, lesiones, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación.
Los huelguistas argumentan que fueron detenidos durante el gobierno del aliancista Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006) por venganzas políticas y para acallar las demandas campesinas y las luchas por la posesión de la tierra.
En conferencia de prensa, el arzobispo Cabrera López dijo que las tres diócesis de Chiapas dan seguimiento puntual a la situación de los ayunantes, cuyos expedientes deben ser revisados conforme a derecho y en el marco de la legalidad.
El pasado fin de semana, representantes del gobierno estatal y de los poderes Judicial y Legislativo del estado, así como de organizaciones sociales y campesinas, acordaron la revisión de los expedientes jurídicos y demandaron la liberación de 360 personas detenidas durante la pasada administración y considerados como “presos políticos”.
Nota de Oscar Gutiérrez, El Universal, 17 de marzo.
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