El Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) presentó ayer su informe Libertad de expresión, poderes paralelos 2007, en el cual da cuenta de 72 agresiones contra periodistas en ese año. De ellas, aseguró, en 52 casos “se encontró suficiente evidencia que permite considerar que los ataques estuvieron vinculados con la actividad periodística”.
Leonarda Reyes, coordinadora del Cepet, expuso en conferencia de prensa que la investigación contó con el apoyo de la organización Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión. En el estudio, explicó, durante tres meses se documentaron los 72 casos.
La coordinadora de la organización precisó que de las 52 agresiones consideradas “ataques contra la libertad de expresión, en 15 casos hay datos para presumir que la delincuencia organizada estuvo involucrada, es decir, en México tres de cada 10 embestidas contra la libertad de expresión en 2007 habrían sido cometidas por el hampa”.
En el informe se subraya que la delincuencia organizada es responsable de la muerte de dos reporteros. Uno más, Gerardo García Pimentel, “fue ejecutado al estilo del narcotráfico en Michoacán, pero no se ha confirmado que el homicidio esté vinculado con su trabajo periodístico”.
La coordinadora de dicha organización destacó que para definir el término “poderes paralelos” se consultó a cuatro especialistas mexicanos, quienes refirieron que se puede determinar “que éstos utilizan medios para ejercer presión ante los poderes legalmente constituidos para imponer sus intereses de forma ilegal o violenta; pueden ser legales o ilegales; tienen influencia a escala local. Son los cárteles del narcotráfico, bandas de secuestradores, traficantes de armas, el comercio ilegal, paramilitares y guerrillas. También grupos empresariales, sindicales, asociaciones y grupos religiosos, entre otros”.
Reyes expuso que en 15 casos, es decir, 29 por ciento de las agresiones, la delincuencia organizada estuvo involucrada. En 12 de los 15 hay evidencias de que el agresor pertenece al narcotráfico, en dos se trata de grupos dedicados a la prostitución infantil y en uno se sospecha de mafias refugiadas en un sindicato.
La investigación revela que Sonora se convirtió en la entidad más peligrosa, con cuatro agresiones que culminaron con la muerte de un reportero y el cierre del diario Cambio. Sin embargo, “la percepción generalizada es que Tamaulipas y Baja California son los estados de mayor riesgo, y existe la certeza de que en Tamaulipas hubo otros casos que no fueron denunciados por la severa autocensura adoptada en los medios”.
En el documento se resalta que en 30 por ciento de las agresiones las víctimas eran reporteros, que los trabajadores de los medios impresos son los principales blancos de los ataques y que la delincuencia organizada también dejó su huella en el asesinato de tres voceadores y un portavoz que laboraba en el área de comunicación social en el estado de Sinaloa. Ochenta por ciento de las víctimas son de sexo masculino y el resto femenino.
Al pormenorizar el documento, que fue presentado ayer, se destaca que de las 52 embestidas vinculadas con el trabajo periodístico, 12 están ligadas con el narcotráfico, dos con bandas de prostitución infantil y una con una organización sindical. El segundo lugar lo ocupan los funcionarios públicos, con 13 casos de agresiones, amenazas e inclusive golpes a reporteros. En la mitad de esos casos los agresores fueron funcionarios municipales, en cuatro estatales, en tres federales y en dos militares.
En tercer lugar, con siete casos, la violencia fue realizada por policías de todas las corporaciones: cuatro municipales, dos estatales y un federal.
Entre los periodistas agredidos por la delincuencia organizada el informe cita a Amado Ramírez Dillán, corresponsal de Televisa, asesinado el 6 de abril del año pasado; Saúl Noé Martínez, reportero del periódico Interdiario, de Agua Prieta, Sonora, quien fue ejecutado el 24 de abril de 2007; la desaparición forzada de Rodolfo Rincón Taracena, reportero del periódico Tabasco Hoy, el 20 de enero del año pasado; agresiones de la delincuencia organizada contra la periodista Lydia Cacho; amenazas de muerte contra Misael Habana de los Santos, de Grupo Radiorama y corresponsal de La Jornada; Milo Vela, cronista del diario Notiver, el 3 de mayo de 2007, y contra la informadora Sanjuana Martínez, colaboradora de esta casa editorial y del noticiario radiofónico Hoy por Hoy, entre otros.
Leonarda Reyes, coordinadora del Cepet, expuso en conferencia de prensa que la investigación contó con el apoyo de la organización Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión. En el estudio, explicó, durante tres meses se documentaron los 72 casos.
La coordinadora de la organización precisó que de las 52 agresiones consideradas “ataques contra la libertad de expresión, en 15 casos hay datos para presumir que la delincuencia organizada estuvo involucrada, es decir, en México tres de cada 10 embestidas contra la libertad de expresión en 2007 habrían sido cometidas por el hampa”.
En el informe se subraya que la delincuencia organizada es responsable de la muerte de dos reporteros. Uno más, Gerardo García Pimentel, “fue ejecutado al estilo del narcotráfico en Michoacán, pero no se ha confirmado que el homicidio esté vinculado con su trabajo periodístico”.
La coordinadora de dicha organización destacó que para definir el término “poderes paralelos” se consultó a cuatro especialistas mexicanos, quienes refirieron que se puede determinar “que éstos utilizan medios para ejercer presión ante los poderes legalmente constituidos para imponer sus intereses de forma ilegal o violenta; pueden ser legales o ilegales; tienen influencia a escala local. Son los cárteles del narcotráfico, bandas de secuestradores, traficantes de armas, el comercio ilegal, paramilitares y guerrillas. También grupos empresariales, sindicales, asociaciones y grupos religiosos, entre otros”.
Reyes expuso que en 15 casos, es decir, 29 por ciento de las agresiones, la delincuencia organizada estuvo involucrada. En 12 de los 15 hay evidencias de que el agresor pertenece al narcotráfico, en dos se trata de grupos dedicados a la prostitución infantil y en uno se sospecha de mafias refugiadas en un sindicato.
La investigación revela que Sonora se convirtió en la entidad más peligrosa, con cuatro agresiones que culminaron con la muerte de un reportero y el cierre del diario Cambio. Sin embargo, “la percepción generalizada es que Tamaulipas y Baja California son los estados de mayor riesgo, y existe la certeza de que en Tamaulipas hubo otros casos que no fueron denunciados por la severa autocensura adoptada en los medios”.
En el documento se resalta que en 30 por ciento de las agresiones las víctimas eran reporteros, que los trabajadores de los medios impresos son los principales blancos de los ataques y que la delincuencia organizada también dejó su huella en el asesinato de tres voceadores y un portavoz que laboraba en el área de comunicación social en el estado de Sinaloa. Ochenta por ciento de las víctimas son de sexo masculino y el resto femenino.
Al pormenorizar el documento, que fue presentado ayer, se destaca que de las 52 embestidas vinculadas con el trabajo periodístico, 12 están ligadas con el narcotráfico, dos con bandas de prostitución infantil y una con una organización sindical. El segundo lugar lo ocupan los funcionarios públicos, con 13 casos de agresiones, amenazas e inclusive golpes a reporteros. En la mitad de esos casos los agresores fueron funcionarios municipales, en cuatro estatales, en tres federales y en dos militares.
En tercer lugar, con siete casos, la violencia fue realizada por policías de todas las corporaciones: cuatro municipales, dos estatales y un federal.
Entre los periodistas agredidos por la delincuencia organizada el informe cita a Amado Ramírez Dillán, corresponsal de Televisa, asesinado el 6 de abril del año pasado; Saúl Noé Martínez, reportero del periódico Interdiario, de Agua Prieta, Sonora, quien fue ejecutado el 24 de abril de 2007; la desaparición forzada de Rodolfo Rincón Taracena, reportero del periódico Tabasco Hoy, el 20 de enero del año pasado; agresiones de la delincuencia organizada contra la periodista Lydia Cacho; amenazas de muerte contra Misael Habana de los Santos, de Grupo Radiorama y corresponsal de La Jornada; Milo Vela, cronista del diario Notiver, el 3 de mayo de 2007, y contra la informadora Sanjuana Martínez, colaboradora de esta casa editorial y del noticiario radiofónico Hoy por Hoy, entre otros.
Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 11 de marzo.
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