Impugnan PRD y PRI acuerdo del IFE sobre espots

El PRD y el PRI presentaron sendos recursos contra el acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), por medio del cual se haría extensivo el procedimiento utilizado para finiquitar el caso de los promocionales no reportados por PRD, PT y Convergencia, que en su momento ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los casos de la Alianza por México (PRI-PVEM) y el PAN.

En el recurso promovido por el PRD se cuestiona el sustento legal y las facultades del IFE para asumir esa determinación, toda vez que PAN, PRI y PVEM no recurrieron en su momento al inicio de los procedimientos de oficio y, por tanto, consintieron que el IFE aplicara esa vía legal.

Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó, en la sesión pública de ayer, la multa de más de 3 millones de pesos que el IFE aplicó al Partido Nueva Alianza por no reportar más de 2 mil mensajes de radio y televisión durante la campaña federal de 2006.

Para el representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, con la aprobación del acuerdo, el instituto actúa de manera “oficiosa” para beneficiar deliberadamente a PAN, PRI y PVEM, sin tener ninguna facultad legal para hacerlo.

Paradójicamente, subrayó, dicha postura es asumida por la autoridad electoral sin mediar petición de parte.

El recurso perredista destaca que en estos casos dichos procedimientos de oficio “adquirieron definitividad y firmeza. Por este motivo, el PRD responsabiliza al IFE de actuar contra la “seguridad jurídica” garantizada en la Constitución, toda vez que las autoridades están obligadas a no modificar las determinaciones “a su arbitrio”, y que en este caso corresponde mantener firme los procedimientos de oficio contra el PAN y la Alianza por México.

En el documento del PRD se destaca que el simple hecho de que la autoridad responsable considere que su actuación “se apartó del marco legal”, no la faculta para revocar una resolución que adquirió definitividad y firmeza y que constituye cosa juzgada, alegando que lo hace atendiendo al principio de legalidad.

De acuerdo con la argumentación del PRD, el IFE tiene la posibilidad de iniciar procedimientos de oficio contra los partidos políticos, siempre y cuando se respete la garantía de audiencia, así como los principios de legalidad, definitividad y certeza.

El PRD cuestiona la falta de fundamentación y motivación para avalar dicho acuerdo y hacerlo extensivo a los partidos que no impugnaron los procedimientos de oficio, y darles igual trato al que tuvieron los institutos políticos que sí lo hicieron.

A juicio del PRD, el IFE no acredita en qué consistiría un presunto trato inequitativo a los partidos, en función de la vía legal que cada uno eligió para controvertir o asumir los procedimientos de oficio que en su momento emprendió el instituto para investigar el origen de los 281 mil promocionales no reportados de la campaña de 2006.

“Más aún, el simple hecho de que la autoridad responsable considere que su actuación ‘se apartó del marco legal’. No la faculta para revocar una resolución que adquirió definitividad y firmeza, y que constituye cosa juzgada, alegando que lo hace atendiendo al principio de legalidad.”

Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 27 de marzo.


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