BOGOTÁ.- La crisis entre Colombia y Venezuela saltó al ámbito comercial, luego de que el Presidente venezolano, Hugo Chávez, insinuara la noche del miércoles, que podría nacionalizar capitales colombianos en Venezuela.
Ante esta amenaza, el Gobierno y el empresariado de Colombia señalaron ayer que esperaban que Caracas pague las debidas indemnizaciones en caso de que decida seguir con su amago.
En medio de una crisis diplomática, a la que se sumó ayer Nicaragua, la advertencia de Chávez generó preocupación y malestar en Colombia.
"Esperamos que se respete el derecho a la propiedad y que en caso de que se tome una decisión en ese sentido, se pague a los empresarios el monto del valor de las empresas, como ha ocurrido en decisiones pasadas", dijo el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.
La amenaza de Chávez, reconoció el funcionario, plantea una situación muy difícil.
Sin embargo, recordó que en ocasiones anteriores de nacionalizaciones, en particular de telefónicas y empresas de electricidad, Venezuela ha respondido por el valor de las empresas e indemnizado a los afectados.
Desde el inicio de la crisis, el Gobierno colombiano recomendó a las empresas con inversión en Venezuela tomar precauciones y asegurarse por riesgos políticos con Segurexpo, una empresa estatal.
Por ahora, hacia Venezuela siguen fluyendo productos perecederos como huevo, carne y pollo, aclaró el Ministro, quien recordó que el Gobierno ha adoptado un severo plan de choque para paliar los efectos de un eventual cese de la relación comercial.
Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), se mostró preocupado en nombre del gremio exportador que representa.
"El anuncio del Presidente Chávez de que entraría a nacionalizar empresas colombianas resulta preocupante. Habría que ver cómo se da ese proceso y cuáles son las indemnizaciones que recibirían los propietarios de esos bienes", dijo Díaz a REFORMA.
Chávez hizo el amague el miércoles por la noche.
"Vamos a hacer el mapa, señores Ministros, de las empresas colombianas en Venezuela (...) No estamos interesados en inversiones colombianas aquí. ", señaló.
Ante esta amenaza, el Gobierno y el empresariado de Colombia señalaron ayer que esperaban que Caracas pague las debidas indemnizaciones en caso de que decida seguir con su amago.
En medio de una crisis diplomática, a la que se sumó ayer Nicaragua, la advertencia de Chávez generó preocupación y malestar en Colombia.
"Esperamos que se respete el derecho a la propiedad y que en caso de que se tome una decisión en ese sentido, se pague a los empresarios el monto del valor de las empresas, como ha ocurrido en decisiones pasadas", dijo el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.
La amenaza de Chávez, reconoció el funcionario, plantea una situación muy difícil.
Sin embargo, recordó que en ocasiones anteriores de nacionalizaciones, en particular de telefónicas y empresas de electricidad, Venezuela ha respondido por el valor de las empresas e indemnizado a los afectados.
Desde el inicio de la crisis, el Gobierno colombiano recomendó a las empresas con inversión en Venezuela tomar precauciones y asegurarse por riesgos políticos con Segurexpo, una empresa estatal.
Por ahora, hacia Venezuela siguen fluyendo productos perecederos como huevo, carne y pollo, aclaró el Ministro, quien recordó que el Gobierno ha adoptado un severo plan de choque para paliar los efectos de un eventual cese de la relación comercial.
Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), se mostró preocupado en nombre del gremio exportador que representa.
"El anuncio del Presidente Chávez de que entraría a nacionalizar empresas colombianas resulta preocupante. Habría que ver cómo se da ese proceso y cuáles son las indemnizaciones que recibirían los propietarios de esos bienes", dijo Díaz a REFORMA.
Chávez hizo el amague el miércoles por la noche.
"Vamos a hacer el mapa, señores Ministros, de las empresas colombianas en Venezuela (...) No estamos interesados en inversiones colombianas aquí. ", señaló.
Nota de Octavio Pineda, corresponsal, Reforma, 7 de marzo.
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