Las discusiones entre partidos y consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) en torno a la regulación de la publicidad institucional continuarán esta tarde y en principio ahora sí se habrá de discutir el fondo del tema, más allá de las facultades del organismo para proceder en el mismo. Será la primera de dos reuniones que se tienen previstas para consensuar los alcances de la regulación que pretende aprobarse en sesión del Consejo General la próxima semana.
Las posturas asumidas por los partidos, especialmente Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Alternativa, motivaron que se postergara la aprobación de los criterios para regular la publicidad de los gobiernos que pudiera contener sesgos electorales. En algunos casos las motivaciones van desde las facultades de los consejeros para emitir estos criterios hasta las críticas en algunos de los contenidos.
Para Acción Nacional –sin duda el más crítico tanto en el fondo como en la forma–, de entrada el artículo constitucional del que se desprende la pretensión de los consejeros de emitir estos criterios no es exclusivamente de orden electoral. Las modificaciones al artículo 134 constitucional no tuvieron solamente ese carácter, sino también se reformó en el contexto de la reforma fiscal.
Ambas fueron aprobadas prácticamente de manera simultánea –la electoral y la fiscal, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados– por lo que, en consideración del panismo, la aprobación de disposiciones secundarias debería ser asunto de competencia del Congreso de la Unión, mediante la aprobación de reformas a otras legislaciones.
Otro aspecto que es cuestionable para el panismo es la pretensión de irrumpir en facultades que en muchos casos corresponderían a las autoridades locales. En su caso, de no tener cuidado en los alcances de los criterios por parte del Consejo General del IFE, podrían ser contradictorios con algunas legislaciones locales e invadir atribuciones de autoridades de orden estatal.
En contrapartida, la postura de los consejeros reivindica, al menos en los que de origen promovieron la aprobación del documento, la facultad y la necesidad de que el IFE apruebe dichos criterios. El organismo –se argumenta– no puede reditar el principal error del que se le responsabilizó en los comicios de 2006: la omisión en la emisión y aplicación de normas.
En su momento, la pasividad frente a la guerra sucia de los promocionales de los partidos, el involucramiento deliberado de terceros, señaladamente el sector empresarial y el activismo del Presidente, fueron factores que rebasaron a la autoridad electoral y, posteriormente, le valieron no sólo las críticas, sino fueron eje de los recursos legales interpuestos contra la legalidad de las elecciones de 2006.
Con la reforma aprobada para dotar de dientes al IFE, el organismo –consideran algunos consejeros– no puede permitirse incurrir en nuevas omisiones en aspectos en que por ahora existen vacíos legales que han favorecido el activismo de algunos gobernantes y, por ende, la presentación de recursos ante el instituto demandando su intervención para acotar las presuntas violaciones a la disposición constitucional que regula la publicidad institucional.
Por el momento, a los consejeros les queda claro que, a pesar de la presentación de quejas, el organismo difícilmente puede iniciar las investigaciones correspondientes ante la evidente falta de elementos para, en su caso, sancionar a los funcionarios que podrían estar violando el artículo 134 constitucional.
Esto, a pesar de la reivindicación que el consejero presidente, Leonardo Valdés, ha hecho de la remisión de cartas a los funcionarios apercibiéndolos de las nuevas limitaciones en materia de publicidad institucional. Sin criterios claros ni disposiciones sancionatorias, cualquiera de las investigaciones terminaría sin ningún desenlace real ni consecuencia directa a quien violara la Constitución.
Los criterios llenarían este vacío hasta el momento en que el Congreso de la Unión apruebe las reformas a otras legislaciones que complementen la disposición constitucional que prohíbe la aparición de imágenes de políticos y gobernantes en la publicidad gubernamental.
Las posturas asumidas por los partidos, especialmente Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Alternativa, motivaron que se postergara la aprobación de los criterios para regular la publicidad de los gobiernos que pudiera contener sesgos electorales. En algunos casos las motivaciones van desde las facultades de los consejeros para emitir estos criterios hasta las críticas en algunos de los contenidos.
Para Acción Nacional –sin duda el más crítico tanto en el fondo como en la forma–, de entrada el artículo constitucional del que se desprende la pretensión de los consejeros de emitir estos criterios no es exclusivamente de orden electoral. Las modificaciones al artículo 134 constitucional no tuvieron solamente ese carácter, sino también se reformó en el contexto de la reforma fiscal.
Ambas fueron aprobadas prácticamente de manera simultánea –la electoral y la fiscal, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados– por lo que, en consideración del panismo, la aprobación de disposiciones secundarias debería ser asunto de competencia del Congreso de la Unión, mediante la aprobación de reformas a otras legislaciones.
Otro aspecto que es cuestionable para el panismo es la pretensión de irrumpir en facultades que en muchos casos corresponderían a las autoridades locales. En su caso, de no tener cuidado en los alcances de los criterios por parte del Consejo General del IFE, podrían ser contradictorios con algunas legislaciones locales e invadir atribuciones de autoridades de orden estatal.
En contrapartida, la postura de los consejeros reivindica, al menos en los que de origen promovieron la aprobación del documento, la facultad y la necesidad de que el IFE apruebe dichos criterios. El organismo –se argumenta– no puede reditar el principal error del que se le responsabilizó en los comicios de 2006: la omisión en la emisión y aplicación de normas.
En su momento, la pasividad frente a la guerra sucia de los promocionales de los partidos, el involucramiento deliberado de terceros, señaladamente el sector empresarial y el activismo del Presidente, fueron factores que rebasaron a la autoridad electoral y, posteriormente, le valieron no sólo las críticas, sino fueron eje de los recursos legales interpuestos contra la legalidad de las elecciones de 2006.
Con la reforma aprobada para dotar de dientes al IFE, el organismo –consideran algunos consejeros– no puede permitirse incurrir en nuevas omisiones en aspectos en que por ahora existen vacíos legales que han favorecido el activismo de algunos gobernantes y, por ende, la presentación de recursos ante el instituto demandando su intervención para acotar las presuntas violaciones a la disposición constitucional que regula la publicidad institucional.
Por el momento, a los consejeros les queda claro que, a pesar de la presentación de quejas, el organismo difícilmente puede iniciar las investigaciones correspondientes ante la evidente falta de elementos para, en su caso, sancionar a los funcionarios que podrían estar violando el artículo 134 constitucional.
Esto, a pesar de la reivindicación que el consejero presidente, Leonardo Valdés, ha hecho de la remisión de cartas a los funcionarios apercibiéndolos de las nuevas limitaciones en materia de publicidad institucional. Sin criterios claros ni disposiciones sancionatorias, cualquiera de las investigaciones terminaría sin ningún desenlace real ni consecuencia directa a quien violara la Constitución.
Los criterios llenarían este vacío hasta el momento en que el Congreso de la Unión apruebe las reformas a otras legislaciones que complementen la disposición constitucional que prohíbe la aparición de imágenes de políticos y gobernantes en la publicidad gubernamental.
Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 3 de marzo.
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