Se sigue extendiendo la huelga de hambre colectiva de indígenas en los penales de Chiapas. Son ya 36 las personas en protesta extrema que demandan su liberación. Once presos en el Centro de Readapatación Social (Cereso) 17, “Licenciado José Patrocinio González Garrido”, en el municipio de Playas de Catazajá, al norte Chiapas, se sumaron este domingo a la protesta que sostienen 22 en las cárceles 14 y cinco de Cintalapa y San Cristóbal de las Casas, respectivamente.
En tanto, tres más de El Amate, en Cintalapa, también se declararon en huelga de hambre. Se trata de Rubén Jiménez Pablo, Enrique López Hernández y Pável Vázquez Cruz, del Movimiento Campesinos Regional Independiente (Mocri-CNPA), quienes fueron encarcelados por el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.
Los de Catazajá se dicen acusados falsamente de delitos graves. Sus cargos son secuestro, extorsión y, en algunos casos, homicidio, en lo que más bien parece una venganza sin fundamento legal de miembros de la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) contra bases de apoyo zapatistas, simpatizantes y familiares.
Los 12 nuevos huelguistas, confinados en el Cereso 17 de Playas de Catazajá, proceden de la comunidad Busiljá. Al menos uno presenció un asesinato entre priístas de la Opddic; después fue baleado en la cabeza y dado por muerto. Sobrevivió en tan mal estado, que le tomó ocho meses recuperarse. Finalmente fue encarcelado por un homicidio que no cometió. Como en muchos casos más, con la complicidad de jueces y el Ministerio Público.
Desplazados desde 1997, perseguidos y amenazados durante años, y finalmente capturados por policías de Seguridad Pública y miembros de la Opddic, éstos de Busiljá purgan sentencias por acusaciones falsas, mientras los asesinos de dos priístas (y también priístas) se encuentran libres e impunes.
El primero recluso indígena en declararse en protesta, Zacario Hernández Hernández, de Tres Cruces (San Juan Chamula), catequista de Pueblo Creyente, está por cumplir un mes sin probar alimentos en El Amate.
Los indígenas originarios de Busiljá presos en Catazajá son Pablo, Timoteo, Fausto, José, Felipe, Esteban, Elías (padre) y Elías (hijo), todos de apellidos Sánchez Gómez, Pablo Gutiérrez Hernández, Javier Sánchez López y Fidencio Sánchez Gutiérrez. Una mujer de este mismo grupo, Amapola Gómez Pérez, se encuentra en el penal de San Cristóbal y no pudo confirmarse su adhesión a la protesta.
Por su parte, los presos políticos de la Voz del Amate, adherentes a la otra campaña, acusan a las autoridades penitenciarias de acoso, hostigamiento y de “obstaculizar” su movimiento. Se quejan de “falta de respeto” a sus familiares que los visitan. Los custodios “llegan al lugar donde llevamos nuestra huelga de hambre y consumen alimentos, haciéndonos sentir mal. Han tratado de someternos, prohibirnos ir al baño y llevarnos a otro lugar, donde ellos incitan al choque y el maltrato”.
Denuncian agresiones y “anomalías” en el área femenil, donde está su compañera María Delia Pérez Arizmendi, así como la presencia del cuerpo especial Lobo en las inmediaciones de su plantón en el patio del penal. Culpan al director y al gobernador Juan Sabines “del incesante maltrato”.
En tanto, tres más de El Amate, en Cintalapa, también se declararon en huelga de hambre. Se trata de Rubén Jiménez Pablo, Enrique López Hernández y Pável Vázquez Cruz, del Movimiento Campesinos Regional Independiente (Mocri-CNPA), quienes fueron encarcelados por el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.
Los de Catazajá se dicen acusados falsamente de delitos graves. Sus cargos son secuestro, extorsión y, en algunos casos, homicidio, en lo que más bien parece una venganza sin fundamento legal de miembros de la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) contra bases de apoyo zapatistas, simpatizantes y familiares.
Los 12 nuevos huelguistas, confinados en el Cereso 17 de Playas de Catazajá, proceden de la comunidad Busiljá. Al menos uno presenció un asesinato entre priístas de la Opddic; después fue baleado en la cabeza y dado por muerto. Sobrevivió en tan mal estado, que le tomó ocho meses recuperarse. Finalmente fue encarcelado por un homicidio que no cometió. Como en muchos casos más, con la complicidad de jueces y el Ministerio Público.
Desplazados desde 1997, perseguidos y amenazados durante años, y finalmente capturados por policías de Seguridad Pública y miembros de la Opddic, éstos de Busiljá purgan sentencias por acusaciones falsas, mientras los asesinos de dos priístas (y también priístas) se encuentran libres e impunes.
El primero recluso indígena en declararse en protesta, Zacario Hernández Hernández, de Tres Cruces (San Juan Chamula), catequista de Pueblo Creyente, está por cumplir un mes sin probar alimentos en El Amate.
Los indígenas originarios de Busiljá presos en Catazajá son Pablo, Timoteo, Fausto, José, Felipe, Esteban, Elías (padre) y Elías (hijo), todos de apellidos Sánchez Gómez, Pablo Gutiérrez Hernández, Javier Sánchez López y Fidencio Sánchez Gutiérrez. Una mujer de este mismo grupo, Amapola Gómez Pérez, se encuentra en el penal de San Cristóbal y no pudo confirmarse su adhesión a la protesta.
Por su parte, los presos políticos de la Voz del Amate, adherentes a la otra campaña, acusan a las autoridades penitenciarias de acoso, hostigamiento y de “obstaculizar” su movimiento. Se quejan de “falta de respeto” a sus familiares que los visitan. Los custodios “llegan al lugar donde llevamos nuestra huelga de hambre y consumen alimentos, haciéndonos sentir mal. Han tratado de someternos, prohibirnos ir al baño y llevarnos a otro lugar, donde ellos incitan al choque y el maltrato”.
Denuncian agresiones y “anomalías” en el área femenil, donde está su compañera María Delia Pérez Arizmendi, así como la presencia del cuerpo especial Lobo en las inmediaciones de su plantón en el patio del penal. Culpan al director y al gobernador Juan Sabines “del incesante maltrato”.
Nota de Hermann Bellinghausen, La Jornada, 12 de marzo.
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