Nueva York, 15 de mayo. En el proyecto de ley sobre autorización del presupuesto del Departamento de Estado para 2010 y 2011, se establecen una serie de condicionamientos para el empleo de fondos incluidos en la Iniciativa Mérida sobre asuntos de derechos humanos, reforma judicial y de fuerzas de seguridad en México.
El proyecto de ley de autorización de presupuesto presentado ayer por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Howard Berman, en torno a las actividades de la diplomacia estadunidense, incluye el objetivo de “mejorar el monitoreo y la evaluación de los programas (de la Iniciativa) Mérida”.
En el texto del proyecto de ley se propone que el Ejecutivo deberá incluir en sus informes al Congreso sobre este programa “una evaluación del impacto en derechos humanos del equipo y capacitación otorgados bajo la Iniciativa Mérida” incluyendo “una lista de acusaciones de abusos serios de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y agencias de seguridad pública”.
Además, se tiene que realizar una “descripción de los esfuerzos de los países receptores para investigar y fiscalizar alegaciones sobre abusos de derechos humanos cometidos por cualquier agencia de seguridad pública”.
También se tendrá que ofrecer “una descripción del desarrollo de una estrategia de seguridad pública” que incluya una evaluación del Registro Federal de Personal Policiaco en el reclutamiento de agentes y otra de cómo los programas de la Iniciativa Mérida complementan y apoyan la estrategia de seguridad pública de México.
Según esta legislación, en los informes del Ejecutivo al Congreso se detallaría el empleo de contratistas privados para llevar a cabo algunos de los programas de la Iniciativa Mérida, el progreso en la transición de operaciones de seguridad pública de militares a fuerzas civiles, y una evaluación sobre el impacto de las actividades apoyadas sobre la violencia contra personal y la seguridad física en la frontera.
Prioridades demócratas
El proyecto de ley afirma que el Ejecutivo deberá evaluar la efectividad de la Iniciativa Mérida en mejorar la capacidad de las instituciones de seguridad civil en los países receptores (México y Centroamérica), como también “asegurar la protección de los derechos humanos”. Establece que las soluciones a largo plazo a los “problemas de seguridad” de la región “dependen de incrementar la efectividad y respuesta de sus instituciones civiles, incluyendo sus sistemas judiciales”. Por tanto, se requiere evaluar el impacto de la asistencia estadunidense en torno a esos objetivos.
Los proyectos de ley de “autorización” de fondos federales son sólo una parte del proceso legislativo de la aprobación de fondos federales. La “apropiación” de esos fondos es el paso definitivo donde se asignan los montos específicos. La “autorización” busca establecer el marco para el uso de esos recursos. Este proyecto de ley de Berman fue presentado apenas ayer y aún está lejos de ser aprobado, pero refleja las prioridades por parte del liderazgo demócrata en el Congreso sobre asuntos de política exterior.
La Iniciativa Mérida, un programa de asistencia estadunidense a los esfuerzos antinarcóticos de México y los países de Centroamérica, fue inicialmente propuesto con un presupuesto total de casi 1.4 mil millones de dólares que se entregarían a lo largo de tres años.
Hasta la fecha, se han destinado 700 millones para México.
Ayer, dentro del proceso de adjudicación de gasto suplementario para este año, la cámara asignó otros 470 millones para México dentro de la Iniciativa Mérida, lo cual incluye fondos para tres aviones de vigilancia y cuatro helicópteros tipo Black Hawk. Esto aún tiene que ser aprobado por el Senado. En esa cámara, sólo se están considerando los 66 millones para dos helicópteros más que Obama y Hillary Clinton prometieron soli- citar durante su visita a México. Aún se tendrá que negociar un monto final entre ambas cámaras.
En el presupuesto para asuntos internacionales propuesto para el año fiscal 2010, el presidente Barack Obama incluyó 550 millones de dólares –450 millones destinados a México–- para todos los países de la Iniciativa Mérida.
El proyecto de ley de autorización de presupuesto presentado ayer por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Howard Berman, en torno a las actividades de la diplomacia estadunidense, incluye el objetivo de “mejorar el monitoreo y la evaluación de los programas (de la Iniciativa) Mérida”.
En el texto del proyecto de ley se propone que el Ejecutivo deberá incluir en sus informes al Congreso sobre este programa “una evaluación del impacto en derechos humanos del equipo y capacitación otorgados bajo la Iniciativa Mérida” incluyendo “una lista de acusaciones de abusos serios de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y agencias de seguridad pública”.
Además, se tiene que realizar una “descripción de los esfuerzos de los países receptores para investigar y fiscalizar alegaciones sobre abusos de derechos humanos cometidos por cualquier agencia de seguridad pública”.
También se tendrá que ofrecer “una descripción del desarrollo de una estrategia de seguridad pública” que incluya una evaluación del Registro Federal de Personal Policiaco en el reclutamiento de agentes y otra de cómo los programas de la Iniciativa Mérida complementan y apoyan la estrategia de seguridad pública de México.
Según esta legislación, en los informes del Ejecutivo al Congreso se detallaría el empleo de contratistas privados para llevar a cabo algunos de los programas de la Iniciativa Mérida, el progreso en la transición de operaciones de seguridad pública de militares a fuerzas civiles, y una evaluación sobre el impacto de las actividades apoyadas sobre la violencia contra personal y la seguridad física en la frontera.
Prioridades demócratas
El proyecto de ley afirma que el Ejecutivo deberá evaluar la efectividad de la Iniciativa Mérida en mejorar la capacidad de las instituciones de seguridad civil en los países receptores (México y Centroamérica), como también “asegurar la protección de los derechos humanos”. Establece que las soluciones a largo plazo a los “problemas de seguridad” de la región “dependen de incrementar la efectividad y respuesta de sus instituciones civiles, incluyendo sus sistemas judiciales”. Por tanto, se requiere evaluar el impacto de la asistencia estadunidense en torno a esos objetivos.
Los proyectos de ley de “autorización” de fondos federales son sólo una parte del proceso legislativo de la aprobación de fondos federales. La “apropiación” de esos fondos es el paso definitivo donde se asignan los montos específicos. La “autorización” busca establecer el marco para el uso de esos recursos. Este proyecto de ley de Berman fue presentado apenas ayer y aún está lejos de ser aprobado, pero refleja las prioridades por parte del liderazgo demócrata en el Congreso sobre asuntos de política exterior.
La Iniciativa Mérida, un programa de asistencia estadunidense a los esfuerzos antinarcóticos de México y los países de Centroamérica, fue inicialmente propuesto con un presupuesto total de casi 1.4 mil millones de dólares que se entregarían a lo largo de tres años.
Hasta la fecha, se han destinado 700 millones para México.
Ayer, dentro del proceso de adjudicación de gasto suplementario para este año, la cámara asignó otros 470 millones para México dentro de la Iniciativa Mérida, lo cual incluye fondos para tres aviones de vigilancia y cuatro helicópteros tipo Black Hawk. Esto aún tiene que ser aprobado por el Senado. En esa cámara, sólo se están considerando los 66 millones para dos helicópteros más que Obama y Hillary Clinton prometieron soli- citar durante su visita a México. Aún se tendrá que negociar un monto final entre ambas cámaras.
En el presupuesto para asuntos internacionales propuesto para el año fiscal 2010, el presidente Barack Obama incluyó 550 millones de dólares –450 millones destinados a México–- para todos los países de la Iniciativa Mérida.
David Brooks, La Jornada, 16 de mayo.
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