Cipriano Sotelo Salgado, presidente de la AAP, aseguró que en los dos años recientes se han documentado 15 casos de abuso de autoridad de elementos de la 24 zona militar, con sede en Cuernavaca.
Los abusos de los soldados (retenciones ilegales, cateos sin orden judicial, acusaciones de ser parte del crimen organizado, robos, agresiones físicas y verbales) han afectado a por lo menos 40 familias, incluidos menores de edad, agregó.
El último atropello presuntamente cometido por elementos de la 24 zona militar ocurrió el domingo pasado. Los afectados fueron Hiram de Jesús Antele Alonso y Jonathan Alonso Flores, de la colonia Lienzo Charro, quienes denunciaron que fueron golpeados brutalmente al salir de una discoteca. Ambos presentarán denuncias ante el Ministerio Público.
Septuagésima González Cornelio, habitante de la colonia Vicente Guerrero, denunció que el 15 de abril unos 50 militares irrumpieron en su domicilio, la acusaron de narcotráfico y la secuestraron. Dijo que estuvo retenida más de tres horas por los militares y dos días en la delegación de la Procuraduría general de la República (PGR). Después la liberaron por falta de pruebas.
Recordó que los militares la acusaron de tener insignias del Ejército y señaló que son de su hijo David González González, quien es oficial de sanidad.
Jefe policiaco presentará denuncia por privación ilegal de la libertad
El abogado estuvo acompañado de Gerardo Calderón Catalán, secretario de seguridad pública del municipio de Yautepec, quien anunció que denunciará a militares de la 24 zona por la privación ilegal de su libertad y la de 36 agentes, cometida el sábado pasado, cuando fueron llevados por el Ejército a la delegación de la Procuraduría General de la República, acusados de nexos con la delincuencia organizada.
Sotelo Salgado recomendó al Ejército que antes de cualquier acción haga “un poco” de trabajo de inteligencia, pues luego de catear domicilios, golpear y detener arbitrariamente a gente que no era la que buscaban sólo les ofrecen una disculpa, “si bien les va”.
El abogado recordó que hace dos años se integró un expediente sobre estos abusos ante la Procuraduría de Justicia de Morelos y la PGR, instituciones que “no tienen el mínimo interés” en aclararlos.
Rubicela Morelos Cruz, La Jornada, 15 de mayo.
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