CARACAS (Agencias).— El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó anoche una ley que le permitirá al Estado retomar el control en áreas esenciales de la industria petrolera y dará potestad al Ejecutivo para decretar la expropiación total o parcial de las empresas de servicios primarios de hidrocarburos.
Anoche mismo, Chávez dijo que hoy el Estado tomará el control de bienes y servicios vinculados a la actividad petrolera en el Lago de Maracaibo, en aplicación de la nueva ley que permite la expropiación en esos sectores. “Mañana (viernes) comenzamos a recuperar bienes y activos que pasan ahora a ser del Estado, de propiedad social (...) estaremos en el Lago de Maracaibo dando el primer paso”, declaró Chávez en un acto oficial transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.
Los bienes propiedad de privados que serán “recuperados” por el Estado en el Lago de Maracaibo son “300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, 39 terminales y muelles, 61 lanchas de buzos y cinco diques de astilleros”, precisó el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.
Ramírez añadió que el Estado “va a absorber” a 8 mil trabajadores de las empresas contratistas que serán afectadas.
La promulgación se dio luego de que la Asamblea Nacional aprobara, horas antes, dicha ley, con el voto de 153 congresistas oficialistas, mientras que ocho diputados disidentes del oficialismo votaron en contra y tres se abstuvieron.
El diputado Luis Díaz, disidente del oficialismo, lamentó la aprobación. Adujo que era un “error gravísimo”, en vista de que el país carece de la capacidad tecnológica. La ley facilita al gobierno confiscar bienes de grandes empresas de servicios como la estadounidense Halliburton y el proveedor global Schlumberger, en momentos en que Petróleos de Venezuela (PDVSA) acumula millones de dólares en deudas con contratistas debido al fuerte retroceso de los precios del crudo.
Además, afecta directamente al productor de gas natural estadounidense Williams Companies Inc., propietario principal de una instalación de compresión de gas en Venezuela, y que en abril registró una rebaja contable por 241 millones de dólares por una deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La medida podría causar un declive en la producción de crudo de la nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pues podría generar retrasos en servicios clave tras varios años de pocas inversiones en PDVSA, que financia programas sociales que sustentan la popularidad de Chávez.
La nueva ley declara de “interés público y social las obras, bienes y servicios conexos para la realización de las actividades primarias” de hidrocarburos, y le reserva al Estado las operaciones de “inyección de agua, de vapor o de gas” a los yacimientos.
Anoche mismo, Chávez dijo que hoy el Estado tomará el control de bienes y servicios vinculados a la actividad petrolera en el Lago de Maracaibo, en aplicación de la nueva ley que permite la expropiación en esos sectores. “Mañana (viernes) comenzamos a recuperar bienes y activos que pasan ahora a ser del Estado, de propiedad social (...) estaremos en el Lago de Maracaibo dando el primer paso”, declaró Chávez en un acto oficial transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.
Los bienes propiedad de privados que serán “recuperados” por el Estado en el Lago de Maracaibo son “300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, 39 terminales y muelles, 61 lanchas de buzos y cinco diques de astilleros”, precisó el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.
Ramírez añadió que el Estado “va a absorber” a 8 mil trabajadores de las empresas contratistas que serán afectadas.
La promulgación se dio luego de que la Asamblea Nacional aprobara, horas antes, dicha ley, con el voto de 153 congresistas oficialistas, mientras que ocho diputados disidentes del oficialismo votaron en contra y tres se abstuvieron.
El diputado Luis Díaz, disidente del oficialismo, lamentó la aprobación. Adujo que era un “error gravísimo”, en vista de que el país carece de la capacidad tecnológica. La ley facilita al gobierno confiscar bienes de grandes empresas de servicios como la estadounidense Halliburton y el proveedor global Schlumberger, en momentos en que Petróleos de Venezuela (PDVSA) acumula millones de dólares en deudas con contratistas debido al fuerte retroceso de los precios del crudo.
Además, afecta directamente al productor de gas natural estadounidense Williams Companies Inc., propietario principal de una instalación de compresión de gas en Venezuela, y que en abril registró una rebaja contable por 241 millones de dólares por una deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La medida podría causar un declive en la producción de crudo de la nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pues podría generar retrasos en servicios clave tras varios años de pocas inversiones en PDVSA, que financia programas sociales que sustentan la popularidad de Chávez.
La nueva ley declara de “interés público y social las obras, bienes y servicios conexos para la realización de las actividades primarias” de hidrocarburos, y le reserva al Estado las operaciones de “inyección de agua, de vapor o de gas” a los yacimientos.
El Universal, 8 de mayo.
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