Sin grandes sorpresas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo a Colombia, Cuba, Haití y Venezuela en su lista de países de Latinoamérica que no registraron avances y que necesitan mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos entre sus ciudadanos.
La presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía, que presentó el informe anual en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó ayer los avances democráticos y del “constitucionalismo” en toda la región en las últimas décadas.
En Colombia, la Comisión señala que es consciente de la compleja situación del país tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil, del efecto del narcotráfico en la violencia y de los esfuerzos del Estado para avanzar en la paz.
Respecto de Cuba, cuya participación en la OEA fue suspendida en 1962, es analizado a efectos del cumplimiento de los derechos fundamentales porque la CIDH entiende que La Habana es responsable jurídicamente ante la Comisión en esta materia.
En su informe, la CIDH reitera que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la isla tienen un impacto negativo sobre los derechos humanos de la población cubana e insiste en que “el embargo debe terminar”.
Además, vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de pensamiento, la ausencia de elecciones y de independencia del poder judicial configuran “una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanos”.
De Venezuela, la Comisión critica, una vez más, la negativa del gobierno de Hugo Chávez a concretar fechas para que pueda realizar una visita al país y analizar la situación de los derechos humanos.
También le preocupa el ambiente hostil para el disenso político, el hostigamiento a ONGs, el funcionamiento de la justicia, obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes que pueden afectar el goce de los derechos, las graves condiciones de los presos y el aumento de la inseguridad.
En cuanto al apartado dedicado a Haití, la CIDH afirma que la situación en ese país se caracterizó, una vez más, por obstáculos considerables que entorpecieron la capacidad del Estado para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos.
La presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía, que presentó el informe anual en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó ayer los avances democráticos y del “constitucionalismo” en toda la región en las últimas décadas.
En Colombia, la Comisión señala que es consciente de la compleja situación del país tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil, del efecto del narcotráfico en la violencia y de los esfuerzos del Estado para avanzar en la paz.
Respecto de Cuba, cuya participación en la OEA fue suspendida en 1962, es analizado a efectos del cumplimiento de los derechos fundamentales porque la CIDH entiende que La Habana es responsable jurídicamente ante la Comisión en esta materia.
En su informe, la CIDH reitera que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la isla tienen un impacto negativo sobre los derechos humanos de la población cubana e insiste en que “el embargo debe terminar”.
Además, vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de pensamiento, la ausencia de elecciones y de independencia del poder judicial configuran “una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanos”.
De Venezuela, la Comisión critica, una vez más, la negativa del gobierno de Hugo Chávez a concretar fechas para que pueda realizar una visita al país y analizar la situación de los derechos humanos.
También le preocupa el ambiente hostil para el disenso político, el hostigamiento a ONGs, el funcionamiento de la justicia, obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes que pueden afectar el goce de los derechos, las graves condiciones de los presos y el aumento de la inseguridad.
En cuanto al apartado dedicado a Haití, la CIDH afirma que la situación en ese país se caracterizó, una vez más, por obstáculos considerables que entorpecieron la capacidad del Estado para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos.
Agencias en Washington, Crónica, 8 de mayo.
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