El PRI logró imponer en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2010 criterios para elaborar las reglas de operación de los programas sociales y productivos.
De esa forma, los diputados priistas lograron el objetivo de presionar al Ejecutivo para que cumpla con el ejercicio del gasto y la ministración de recursos a las entidades en tiempo y forma, sin violentar la división de poderes.
La redacción del artículo 29 del decreto, aprobada ayer en comisiones, indica que las reglas deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios.
Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales sea desarrollada por los gobiernos más cercanos a la población, reduciendo al máximo los gastos administrativos y de operación.
"Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del País; se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población", señala el texto.
Precisa que las reglas de operación deberán prever que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato.
Añade que se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales aprobados para los programas sociales y productivos.
"Las reglas de operación deberán incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos", indica.
Con el fin de garantizar que no haya retrasos en la publicación de las reglas de operación, la redacción introducida por el PRI precisa que la Cámara de Diputados podrá emitir opiniones antes de que sean publicadas en el Diario Oficial y a más tardar el 1 de diciembre.
Además, se establece que los comités de planeación de las entidades podrán participar con la Cámara baja para plantear su opinión sobre las reglas.
El artículo también menciona que el Ejecutivo dará respuesta a las opiniones de la Cámara respecto de las reglas de operación, en un plazo que no exceda los 15 días naturales posteriores a la recepción de aquéllas.
La Auditoría Superior de la Federación revisará el cumplimiento de los programas y el impacto que en su ejecución tengan las reglas.
De esa forma, los diputados priistas lograron el objetivo de presionar al Ejecutivo para que cumpla con el ejercicio del gasto y la ministración de recursos a las entidades en tiempo y forma, sin violentar la división de poderes.
La redacción del artículo 29 del decreto, aprobada ayer en comisiones, indica que las reglas deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios.
Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales sea desarrollada por los gobiernos más cercanos a la población, reduciendo al máximo los gastos administrativos y de operación.
"Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del País; se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población", señala el texto.
Precisa que las reglas de operación deberán prever que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato.
Añade que se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales aprobados para los programas sociales y productivos.
"Las reglas de operación deberán incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos", indica.
Con el fin de garantizar que no haya retrasos en la publicación de las reglas de operación, la redacción introducida por el PRI precisa que la Cámara de Diputados podrá emitir opiniones antes de que sean publicadas en el Diario Oficial y a más tardar el 1 de diciembre.
Además, se establece que los comités de planeación de las entidades podrán participar con la Cámara baja para plantear su opinión sobre las reglas.
El artículo también menciona que el Ejecutivo dará respuesta a las opiniones de la Cámara respecto de las reglas de operación, en un plazo que no exceda los 15 días naturales posteriores a la recepción de aquéllas.
La Auditoría Superior de la Federación revisará el cumplimiento de los programas y el impacto que en su ejecución tengan las reglas.
Claudia Salazar, Armando Estrop y Carole SImonnet, Reforma, 17 de noviembre.
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