Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) presentaron una denuncia de hechos ante la Contraloría General del organismo contra el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo y otros funcionarios, por posibles irregularidades administrativas dentro del programa de monitoreo, cuyo costo fue de 25.7 millones de dólares.
En el documento, presentado el miércoles pasado, se solicita al órgano interno de control que determine si Grupo Tecnología Cibernética (Grupo Tecno), empresa que ganó la licitación, actuó con dolo o mala fe para incumplir los términos del contrato, y si violentó la cláusula de confidencialidad del mismo.
La denuncia fue presentada con base en una entrevista publicada por EL UNIVERSAL el 2 de noviembre, en la que el presidente de Grupo Tecno, Aarón Porraz, acusó al consejero Marco Antonio Gómez de criticar los trabajos de monitoreo por intereses personales, y al consejero Marco Antonio Baños de ser un “golpeador” que actúa por su amistad con Gómez.
El 3 de noviembre, el IFE informó que sus autoridades firmaron la parte final del contrato con Grupo Tecno, con lo que se finiquitó el monto económico, que se redujo a un millón de dólares por sanciones contra la empresa ante diversas irregularidades.
“Esta situación (finiquito) es irregular, toda vez que con las declaraciones de Porraz se configura una causal de rescisión del contrato, que debió haber sido valorada previo a la realización del finiquito y pago del mismo”, apunta Gómez en la denuncia.
Para los consejeros, en la entrevista, Porraz reconoció “expresamente la incapacidad del servicio de monitoreo prestado por Grupo Tecno al IFE para generar reportes mediante los cuales funcionarios de la autoridad administrativa electoral pudiéramos tener un conocimiento preciso y exacto del cumplimiento en la transmisión de promocionales de los partidos políticos.
“También manifiesta que desarrolló un software experimental y no probado, a fin de cumplir con el servicio contratado”.
“Esconden errores”
Los consejeros enfatizan que contrario a lo que afirma Porraz sobre la entrega de reportes del proceso electoral 2009, “los miembros del Comité de Radio y Televisión del IFE no han recibido informe definitivo alguno, debido al alto número de falsos positivos que arroja el sistema”.
Aseguran que la acusación del empresario contra Gómez es “temeraria e infundada”.
En el documento, presentado el miércoles pasado, se solicita al órgano interno de control que determine si Grupo Tecnología Cibernética (Grupo Tecno), empresa que ganó la licitación, actuó con dolo o mala fe para incumplir los términos del contrato, y si violentó la cláusula de confidencialidad del mismo.
La denuncia fue presentada con base en una entrevista publicada por EL UNIVERSAL el 2 de noviembre, en la que el presidente de Grupo Tecno, Aarón Porraz, acusó al consejero Marco Antonio Gómez de criticar los trabajos de monitoreo por intereses personales, y al consejero Marco Antonio Baños de ser un “golpeador” que actúa por su amistad con Gómez.
El 3 de noviembre, el IFE informó que sus autoridades firmaron la parte final del contrato con Grupo Tecno, con lo que se finiquitó el monto económico, que se redujo a un millón de dólares por sanciones contra la empresa ante diversas irregularidades.
“Esta situación (finiquito) es irregular, toda vez que con las declaraciones de Porraz se configura una causal de rescisión del contrato, que debió haber sido valorada previo a la realización del finiquito y pago del mismo”, apunta Gómez en la denuncia.
Para los consejeros, en la entrevista, Porraz reconoció “expresamente la incapacidad del servicio de monitoreo prestado por Grupo Tecno al IFE para generar reportes mediante los cuales funcionarios de la autoridad administrativa electoral pudiéramos tener un conocimiento preciso y exacto del cumplimiento en la transmisión de promocionales de los partidos políticos.
“También manifiesta que desarrolló un software experimental y no probado, a fin de cumplir con el servicio contratado”.
“Esconden errores”
Los consejeros enfatizan que contrario a lo que afirma Porraz sobre la entrega de reportes del proceso electoral 2009, “los miembros del Comité de Radio y Televisión del IFE no han recibido informe definitivo alguno, debido al alto número de falsos positivos que arroja el sistema”.
Aseguran que la acusación del empresario contra Gómez es “temeraria e infundada”.
José Gerardo Mejía, El Universal, 16 de noviembre.
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