La Cámara de Diputados rechazó modificaciones a artículos de cuatro dictámenes remitidos por el Senado, relativos al incremento del impuesto al cigarro, a la secrecía fiscal, al aprovechamiento y explotación de bandas de espectro radioeléctrico y relacionadas con las obligaciones de Pemex en materia tributaria.
La bancada del PRI impulsó las modificaciones, que fueron reenviadas al Senado, tras una maratónica sesión que duró 11 horas —de las siete de la noche del sábado a las seis de la mañana del domingo—, tiempo en el que se avaló la mayoría de los cambios hechos por la Cámara alta.
Los únicos que llevaron adelante el debate en contra de las modificaciones fueron el PRD, PT y Convergencia.
Incluso, el diputado petista Mario di Costanzo reiteraba el llamado al presidente de la Comisión de Hacienda, Alberto Becerra Pocoroba, para que fundamentara las modificaciones, a lo que nunca respondió el panista.
Durante la madrugada de ayer, los diputados echaron para atrás los artículos 69 del Código Fiscal; el cuarto transitorio de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción; el primero Transitorio referente al artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos y los artículos 7, 17 y segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, quedando como originalmente los aprobó la Cámara de Diputados.
Uno de los más controvertidos fue el del impuesto al tabaco. Los senadores —sobre todo del PAN, aprovechando la ausencia de los priistas— habían propuesto un gravamen de dos pesos por cajetilla para el próximo año, en tanto que los diputados establecieron el impuesto diferido en tres años, iniciando con 40 centavos por cajetilla.
El diputado priista Silvio Lagos Galindo expresó que un aumento inmediato al precio por cajetilla aniquilaría a la industria tabacalera y, por el contrario, el incremento aprobado por la Cámara de Diputados brinda la certeza para que la industria legal pueda planear y llevar a cabo actividades industriales.
“La propuesta aprobada por el Senado ocasionaría que se perdieran por lo menos tres mil hectáreas en los campos de Veracruz, Chiapas, Jalisco y Nayarit, lo que además conllevaría a pérdidas de más de 30 mil empleos a lo largo de toda la cadena productiva, y lo más preocupante, la migración de industrias a otros países.”
Enfatizó que la derrama económica que no recibiría el campo mexicano ascendería a casi 600 millones de pesos y en estados que participan en el procesamiento de las plantas de tabaco, como son Estado de México, Jalisco y Nuevo León, también generaría una crisis laboral afectando a los casi 500 mil puntos de venta en el país.
Lagos Galindo resaltó que cada año la industria genera más de cinco mil empleos directos y más de 20 mil empleos indirectos vinculados con la industria y los agricultores.
Al final, con 280 votos, se rechazó la propuesta del Senado.
También a propuesta del tricolor, esta vez en voz del diputado Sebastián Lerdo de Tejada, con 356 votos los legisladores no aceptaron la propuesta del Senado sobre el artículo 69 del Código Fiscal.
La propuesta original de la Cámara de Diputados establece que las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Diputados la información que le solicite por actividad económica, sin el nombre o dato alguno que permita la identificación individual del contribuyente. Lo anterior en tanto se establezcan las instancias de la propia Cámara de Diputados que garanticen la confidencialidad de la información de los contribuyentes.
El Senado le agregó un texto que dice: “De igual forma no se considerará violación al supuesto en el párrafo anterior la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de investigación a que se refiere el artículo 93 de la Constitución.”
Lerdo de Tejada propuso suprimir el párrafo añadido por los senadores porque no garantizaba a los contribuyentes la secrecía de sus datos de identificación y localización.
Tampoco pasó el esquema de pagos por el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de espectro radioeléctrico, previsto en el artículo 244E.
Al respecto, el diputado priista Alberto Cano Vélez señaló que pretender cobrarle desde el primer momento derechos de la banda 1700 a los concesionarios desalentaría el interés por explotarla, en detrimento de una mayor competencia en el sector.
Resaltó que hasta el día de hoy la banda 1700 no había estado gravada por la Ley Federal de Derechos, sino que estaba en aprovechamiento, “por lo que su inclusión en este ordenamiento es en sí mismo un aspecto positivo a ser considerado”.
Al final se determinó que se mantenga el vacatio legis (plazo existente entre el momento de la publicación de una ley y su entrada en vigor) de dos y tres años para la entrada en vigor del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, referente al uso, goce, aprovechamiento o explotación de bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico, ubicados en los rangos de 1710 a 1770 MHz y de 2110a 2170 MHz, en la prestación del servicio de acceso inalámbrico.
El ordenamiento establece el cobro por cada región en la que se opere y por cada kilohert concesionado o permisionado, al igual que otros derechos sobre espectro radioeléctrico; considerando que el Ejecutivo Federal licitará próximamente las concesiones sobre las bandas de frecuencias del espectro descritas y que actualmente no existen concesiones ni derechos respecto a dichas bandas de frecuencias.
La cuota por cada kilohert concesionado o permisionado va, dependiendo de la cobertura, de 164.48 a 12 mil 786.32 pesos.
En el caso de la Ley de Ingresos de la Federación, los diputados rechazaron las modificaciones del Senado 17 que suprime la facultad que delega el Legislativo al Ejecutivo en materia de impuestos al comercio exterior; el artículo 7, fracción IV, por el que se elimina la facultad al régimen fiscal de Pemex relacionado con la aplicación de tarifas de comercio exterior en la exportación de productos; y artículo dos Transitorio, el cual señala que no se aceptan las modificaciones a la tarifa de los impuestos generales de exportación e importación.
La bancada del PRI impulsó las modificaciones, que fueron reenviadas al Senado, tras una maratónica sesión que duró 11 horas —de las siete de la noche del sábado a las seis de la mañana del domingo—, tiempo en el que se avaló la mayoría de los cambios hechos por la Cámara alta.
Los únicos que llevaron adelante el debate en contra de las modificaciones fueron el PRD, PT y Convergencia.
Incluso, el diputado petista Mario di Costanzo reiteraba el llamado al presidente de la Comisión de Hacienda, Alberto Becerra Pocoroba, para que fundamentara las modificaciones, a lo que nunca respondió el panista.
Durante la madrugada de ayer, los diputados echaron para atrás los artículos 69 del Código Fiscal; el cuarto transitorio de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción; el primero Transitorio referente al artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos y los artículos 7, 17 y segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, quedando como originalmente los aprobó la Cámara de Diputados.
Uno de los más controvertidos fue el del impuesto al tabaco. Los senadores —sobre todo del PAN, aprovechando la ausencia de los priistas— habían propuesto un gravamen de dos pesos por cajetilla para el próximo año, en tanto que los diputados establecieron el impuesto diferido en tres años, iniciando con 40 centavos por cajetilla.
El diputado priista Silvio Lagos Galindo expresó que un aumento inmediato al precio por cajetilla aniquilaría a la industria tabacalera y, por el contrario, el incremento aprobado por la Cámara de Diputados brinda la certeza para que la industria legal pueda planear y llevar a cabo actividades industriales.
“La propuesta aprobada por el Senado ocasionaría que se perdieran por lo menos tres mil hectáreas en los campos de Veracruz, Chiapas, Jalisco y Nayarit, lo que además conllevaría a pérdidas de más de 30 mil empleos a lo largo de toda la cadena productiva, y lo más preocupante, la migración de industrias a otros países.”
Enfatizó que la derrama económica que no recibiría el campo mexicano ascendería a casi 600 millones de pesos y en estados que participan en el procesamiento de las plantas de tabaco, como son Estado de México, Jalisco y Nuevo León, también generaría una crisis laboral afectando a los casi 500 mil puntos de venta en el país.
Lagos Galindo resaltó que cada año la industria genera más de cinco mil empleos directos y más de 20 mil empleos indirectos vinculados con la industria y los agricultores.
Al final, con 280 votos, se rechazó la propuesta del Senado.
También a propuesta del tricolor, esta vez en voz del diputado Sebastián Lerdo de Tejada, con 356 votos los legisladores no aceptaron la propuesta del Senado sobre el artículo 69 del Código Fiscal.
La propuesta original de la Cámara de Diputados establece que las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Diputados la información que le solicite por actividad económica, sin el nombre o dato alguno que permita la identificación individual del contribuyente. Lo anterior en tanto se establezcan las instancias de la propia Cámara de Diputados que garanticen la confidencialidad de la información de los contribuyentes.
El Senado le agregó un texto que dice: “De igual forma no se considerará violación al supuesto en el párrafo anterior la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de investigación a que se refiere el artículo 93 de la Constitución.”
Lerdo de Tejada propuso suprimir el párrafo añadido por los senadores porque no garantizaba a los contribuyentes la secrecía de sus datos de identificación y localización.
Tampoco pasó el esquema de pagos por el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de espectro radioeléctrico, previsto en el artículo 244E.
Al respecto, el diputado priista Alberto Cano Vélez señaló que pretender cobrarle desde el primer momento derechos de la banda 1700 a los concesionarios desalentaría el interés por explotarla, en detrimento de una mayor competencia en el sector.
Resaltó que hasta el día de hoy la banda 1700 no había estado gravada por la Ley Federal de Derechos, sino que estaba en aprovechamiento, “por lo que su inclusión en este ordenamiento es en sí mismo un aspecto positivo a ser considerado”.
Al final se determinó que se mantenga el vacatio legis (plazo existente entre el momento de la publicación de una ley y su entrada en vigor) de dos y tres años para la entrada en vigor del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, referente al uso, goce, aprovechamiento o explotación de bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico, ubicados en los rangos de 1710 a 1770 MHz y de 2110a 2170 MHz, en la prestación del servicio de acceso inalámbrico.
El ordenamiento establece el cobro por cada región en la que se opere y por cada kilohert concesionado o permisionado, al igual que otros derechos sobre espectro radioeléctrico; considerando que el Ejecutivo Federal licitará próximamente las concesiones sobre las bandas de frecuencias del espectro descritas y que actualmente no existen concesiones ni derechos respecto a dichas bandas de frecuencias.
La cuota por cada kilohert concesionado o permisionado va, dependiendo de la cobertura, de 164.48 a 12 mil 786.32 pesos.
En el caso de la Ley de Ingresos de la Federación, los diputados rechazaron las modificaciones del Senado 17 que suprime la facultad que delega el Legislativo al Ejecutivo en materia de impuestos al comercio exterior; el artículo 7, fracción IV, por el que se elimina la facultad al régimen fiscal de Pemex relacionado con la aplicación de tarifas de comercio exterior en la exportación de productos; y artículo dos Transitorio, el cual señala que no se aceptan las modificaciones a la tarifa de los impuestos generales de exportación e importación.
Blanca Estela Botello, Crónica, 2 de noviembre.
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