Autorizar la operación de agentes fronterizos de México y Estados Unidos en ambos territorios para hacer más eficaz el combate al crimen organizado, la creación de una agencia mexicana que vincule las tareas policiales y aduanales, así como una mayor coordinación entre ambos países más allá de la Iniciativa Mérida, son medidas que deben adoptar ambos gobiernos en un plazo mayor de tres años para hacer frente a los retos comunes en materia de seguridad, recomendó el Grupo de Trabajo Binacional sobre la frontera entre ambos países.
El plan de acción que se presentó en Washington incluye sugerencias de 30 expertos, como son empresarios, líderes de opinión y ex funcionarios de ambas naciones.
“Una nueva visión de la frontera México-Estados Unidos: soluciones conjuntas a problemas comunes”, compendia las propuestas de políticas públicas a aplicar en el corto y largo plazo por ambos gobiernos en la seguridad pública, migración, facilitación del tránsito y comercio legal, desarrollo económico, administración del agua y medio ambiente ante la problemática que existe en los 3 mil 141 kilómetros de frontera.
El documento elaborado con el auspicio de organizaciones como el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y el Pacific Council on International Policy (PCIP), explica que las conclusiones y recomendaciones son el resultado del consenso del grupo o de la mayoría de sus integrantes.
Carencias en aplicación de la ley
En materia de seguridad se advierte que “los dos principales obstáculos para establecer una colaboración más estrecha entre México y Estados Unidos son las respectivas carencias en la capacidad de aplicación de la ley, incluida la corrupción, y la ausencia de mecanismos para coordinar operaciones a través de la frontera”.
Los gobiernos de ambos países “deberán otorgar autorización a sus agentes fronterizos para intercambiarse entre sí, de manera que puedan realizar operaciones conjuntas entre los puestos fronterizos”, una de las tareas en materia de seguridad que se deben ejecutar en un plazo máximo de tres años.
Esta medida en el pasado ha sido rechazada bajo el argumento de la soberanía nacional, sin embargo, el grupo de trabajo establece que México y Estados Unidos “deberán reconfigurar las zonas de operación de sus respectivas agencias de tal modo que cada una sea la imagen espejo de la otra”.
Las recomendaciones incluyen la necesidad de que México concluya la formación de una policía fronteriza, inclusive como una nueva agencia federal que se fusione con la autoridad aduanera para operar también en los puestos.
Como parte de la estrategia “que requiere voluntad política en ambos lados para emprender los cambios sugeridos”, los dos países tendrán que reconfigurar sus puertos de entrada para que los oficiales encargados tengan acceso simultáneo a la información en tiempo real acerca de los vehículos y las personas que cruzan la línea.
El documento deja en claro que “Estados Unidos es el principal destino de las drogas procedentes de México, y a su vez, representa la principal fuente de armas y de dinero originado en actividades delictivas que se dirigen al territorio mexicano. México es la principal fuente cercana de drogas ilegales que entran al territorio estadounidense”.
Este escenario implica para el grupo de trabajo que los dos países tomen medidas “de inmediato” más allá de la Iniciativa Mérida.
Aumento de esfuerzos
Estados Unidos deberá redoblar sus esfuerzos para abatir el contrabando de armas de fuego, municiones y dinero en efectivo hacia México, “mediante una incisiva investigación de los vendedores de armas, de una más estricta regulación de las ferias de exhibición de armas, del restablecimiento de la prohibición de armas de asalto vigente en la era Clinton, de la inspección especial de vehículos y personas que sean el blanco de investigaciones específicas se dirijan al sur”.
Se propone que Aduana México y la Oficina de Operaciones de la Agencia de Aduanas y de Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) desarrollen planes conjuntos para garantizar la seguridad en todos los puertos de entrada a lo largo de la frontera.
Silvia Otero, El Universal, 14 de noviembre.
El plan de acción que se presentó en Washington incluye sugerencias de 30 expertos, como son empresarios, líderes de opinión y ex funcionarios de ambas naciones.
“Una nueva visión de la frontera México-Estados Unidos: soluciones conjuntas a problemas comunes”, compendia las propuestas de políticas públicas a aplicar en el corto y largo plazo por ambos gobiernos en la seguridad pública, migración, facilitación del tránsito y comercio legal, desarrollo económico, administración del agua y medio ambiente ante la problemática que existe en los 3 mil 141 kilómetros de frontera.
El documento elaborado con el auspicio de organizaciones como el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y el Pacific Council on International Policy (PCIP), explica que las conclusiones y recomendaciones son el resultado del consenso del grupo o de la mayoría de sus integrantes.
Carencias en aplicación de la ley
En materia de seguridad se advierte que “los dos principales obstáculos para establecer una colaboración más estrecha entre México y Estados Unidos son las respectivas carencias en la capacidad de aplicación de la ley, incluida la corrupción, y la ausencia de mecanismos para coordinar operaciones a través de la frontera”.
Los gobiernos de ambos países “deberán otorgar autorización a sus agentes fronterizos para intercambiarse entre sí, de manera que puedan realizar operaciones conjuntas entre los puestos fronterizos”, una de las tareas en materia de seguridad que se deben ejecutar en un plazo máximo de tres años.
Esta medida en el pasado ha sido rechazada bajo el argumento de la soberanía nacional, sin embargo, el grupo de trabajo establece que México y Estados Unidos “deberán reconfigurar las zonas de operación de sus respectivas agencias de tal modo que cada una sea la imagen espejo de la otra”.
Las recomendaciones incluyen la necesidad de que México concluya la formación de una policía fronteriza, inclusive como una nueva agencia federal que se fusione con la autoridad aduanera para operar también en los puestos.
Como parte de la estrategia “que requiere voluntad política en ambos lados para emprender los cambios sugeridos”, los dos países tendrán que reconfigurar sus puertos de entrada para que los oficiales encargados tengan acceso simultáneo a la información en tiempo real acerca de los vehículos y las personas que cruzan la línea.
El documento deja en claro que “Estados Unidos es el principal destino de las drogas procedentes de México, y a su vez, representa la principal fuente de armas y de dinero originado en actividades delictivas que se dirigen al territorio mexicano. México es la principal fuente cercana de drogas ilegales que entran al territorio estadounidense”.
Este escenario implica para el grupo de trabajo que los dos países tomen medidas “de inmediato” más allá de la Iniciativa Mérida.
Aumento de esfuerzos
Estados Unidos deberá redoblar sus esfuerzos para abatir el contrabando de armas de fuego, municiones y dinero en efectivo hacia México, “mediante una incisiva investigación de los vendedores de armas, de una más estricta regulación de las ferias de exhibición de armas, del restablecimiento de la prohibición de armas de asalto vigente en la era Clinton, de la inspección especial de vehículos y personas que sean el blanco de investigaciones específicas se dirijan al sur”.
Se propone que Aduana México y la Oficina de Operaciones de la Agencia de Aduanas y de Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) desarrollen planes conjuntos para garantizar la seguridad en todos los puertos de entrada a lo largo de la frontera.
Silvia Otero, El Universal, 14 de noviembre.
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