...Y revira el tricolor

La diputación del PRI pretende que a sus Gobernadores no se les toque, por lo que la mayoría de los candados de transparencia y limitaciones de gasto que propone el Ejecutivo no tienen futuro para el tricolor.

De acuerdo con un análisis al capítulo de federalismo del proyecto presupuestal, los priistas buscan eliminar la disposición de que la entrega de recursos a los estados se condicione al cumplimiento del pago de todas las contribuciones y obligaciones que tengan con la Federación.

En el caso de los denominados pari-passu, la propuesta del PRI permite a los estados y municipios realizar las aportaciones para obras en cualquier momento del ejercicio fiscal y no al inicio Como lo pretende Hacienda.

"La aportación será enterada en el transcurso del ejercicio fiscal correspondiente, conforme lo requiera la realización de los programas y obras de que se trate. La aportación local no excederá de un 20 por ciento del total de los recursos previstos para cada programa", plantean los priistas.

También rechaza la propuesta del Ejecutivo de que se regresen a la Tesorería recursos cuando los gobiernos locales no cumplan con las disposiciones en materia de rendición de cuentas.

"¿A través de quién se detectarán los posibles desvíos? ¿Dichos hallazgos serán presunciones o firmes, y través de qué se demostrará?", critican en el análisis.

Lo mismo ocurre con la propuesta de verificar los indicadores de resultados de los fondos de aportaciones federales, que deberán incluirse en informes trimestrales, bajo amenaza de cancelarles tanto gasto como subsidios.

"¿Quien será el responsable de verificar esto? Es necesario deslindar responsabilidades. Hacienda es juez y parte. De manera unilateral Hacienda decidirá quién está en falta y quién no. Es una falta total de transparencia", reclama el PRI.

Ante la insistencia de mantener el control sobre las transferencias, el tricolor prácticamente denuncia que Hacienda pretende erigirse como dueña del gasto.

"Bajo el nuevo contexto Hacienda es dueña de todo. ¿Cuál sería la instancia si un Estado no está de acuerdo con la sanción?", cuestionan.
Claudia Guerrero y Armando Estrop, Reforma, 11 de noviembre.

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