WASHINGTON.— Han pasado casi dos años desde el asesinato de su esposo, Raúl Flores, y de su pequeña hija, Brisenia, a manos de activistas antiinmigrantes de los Minuteman en la pequeña localidad de Arivaca, Arizona.
Pero el inicio del juicio sobre esos crímenes, este mes, en un tribunal de la corte superior en el condado de Pima, Arizona, ha removido dolorosos recuerdos a Gina María González.
En el banquillo de los acusados, Shawna Forde, la mujer que irrumpió en el hogar de los González, una familia de origen hispano, la madrugada del 30 de mayo de 2009, en compañía de dos miembros de la organización Minuteman Civil Corps Defense, para disparar a bocajarro contra su esposo y su hija de 9 años. Gina quedó herida de gravedad. En el inicio del juicio —que ha recibido escasa atención de los medios en Estados Unidos—, Gina González, la única superviviente de esa matanza, ha señalado a Shawna Forde, una ex prostituta, cosmetóloga, promotora de grupos de música y militante del movimiento antiinmigrante, como la mujer que entró en su casa en uniforme de camuflaje y ordenó el asesinato de su familia para robarles.
“En este proceso vamos a demostrar no sólo que Shawna Forde estuvo en esa casa esa noche, gritando órdenes y diciendo a la gente qué hacer. El estado también probará que Forde organizó y planeó este crimen”, aseguró en el inicio de las audiencias Kellie L. Johnson, el fiscal que intentará hacer justicia en nombre de la familia González.
El jueves pasado, Matthew Nestor, ex jefe de la policía de Shenandoah, en Pennsylvania, fue encontrado culpable de obstrucción de la justicia en otro caso de asesinato, el de Luis Ramírez, un inmigrante mexicano muerto a golpes. Nestor, quien fue acusado de falsificar un reporte policial sobre el incidente, enfrenta una condena posible de 20 años de prisión cuando sea sentenciado, el 29 de abril. Ramírez, de 25 años de edad y padre de tres hijos, fue golpeado en julio de 2009 por seis jóvenes jugadores de futbol americano de una escuela local y murió dos días después por sus lesiones.
A diferencia del crimen contra el ranchero Robert Krenz —en marzo del año pasado—, que desató un intenso debate a nivel nacional, dio bríos al movimiento a favor de la iniciativa antiinmigrante SB1070 y obligó al Congreso a realizar audiencias en las que senadores como John McCain apuntaron contra criminales mexicanos como los más seguros responsables y exigieron el envío de más tropas de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza, los casos de la familia González y de Luis Ramírez han pasado completamente inadvertidos.
“Lo más grave es que vivimos en un estado y en un país donde hay organizaciones y líderes políticos que nos siguen pintando a los latinos como delincuentes, como algo menos que seres humanos. Que nuestras vidas no valen nada y que por ello nos pueden matar. Son las ideas de este tipo de personas que militan en grupos como el de los Minuteman. Y ésta es la actitud que ha estado detrás del crimen contra la familia González”, consideró Antonio Bustamante, de la barra de abogados de Phoenix, quien explicó que el caso de esta familia dice mucho del ambiente de odio antiinmigrante que hoy arroja una de sus más tristes cosechas en estados como Arizona y en otros puntos de Estados Unidos.
Oleada latinoamericana
En la última década, la oleada migratoria de Latinoamérica y distintos países de Asia ha puesto en guardia y reactivado las campañas de grupos supremacistas blancos, vigilantes o nativistas preocupados por el “cambio de rostro” de una nación que, hacia el año 2050 y de acuerdo con las proyecciones del Centro de Investigaciones Pew, estará compuesta en 29% por ciudadanos de origen latino.
A la par de esta nueva realidad demográfica, se han disparado las campañas de rechazo antiinmigrante, con un aumento en el número de grupos racistas y el porcentaje de crímenes de odio, según se desprende de las estadísticas del FBI, que han consignado una tendencia al alza (casi 50%) de ataques en los últimos cinco años y un inusitado aumento de iniciativas de ley y medidas punitivas contra los migrantes, particularmente los indocumentados.
Tan sólo en 2009, según el más reciente informe de estadísticas del FBI, el número de ataques contra la comunidad hispana fue de 62.3%. Sin embargo, la realidad podría ser mucho peor, considerando el temor de los inmigrantes a denunciar los ataques o la indiferencia de los cuerpos policiales a reportarlas, algo que incluso funcionarios del FBI han admitido.
Según la unidad de investigación y análisis del Southern Poverty Law Center —organización que ha puesto nombre y rostro a quienes están detrás de las más rabiosas campañas contra la comunidad inmigrante en EU—, el resurgimiento de grupos racistas y supremacistas que ven a la inmigración indocumentada como “una amenaza”, se han multiplicado considerablemente en estados fronterizos como California (60), Texas (66) y Arizona (16).
De forma paralela, organizaciones como la Federation for American Immigration Reform (FAIR) y personajes como el secretario de Estado en Kansas, Kris Kobach —aliado del senador estatal republicano de Arizona, Rusell Pearce—, le han dado un rostro institucional a una de las más importantes cruzadas para extender legislaciones antiinmigrantes similares a la SB1070 en estados como Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur y Tennessee.
“Estamos viendo el resurgimiento de un odio antiinmigrante que está en relación directa con la crisis económica. Y el ambiente de rechazo y persecución que se está dando en Arizona y otros estados se ha convertido en caldo de cultivo de ataques de odio, de rechazo a la cultura y a la identidad latina que es considerada como una amenaza a quienes no desean que EU sea un país más diverso y donde una de sus principales minorías sea de piel morena”, consideró José Calderón, de la Universidad Politécnica de California.
Pero el inicio del juicio sobre esos crímenes, este mes, en un tribunal de la corte superior en el condado de Pima, Arizona, ha removido dolorosos recuerdos a Gina María González.
En el banquillo de los acusados, Shawna Forde, la mujer que irrumpió en el hogar de los González, una familia de origen hispano, la madrugada del 30 de mayo de 2009, en compañía de dos miembros de la organización Minuteman Civil Corps Defense, para disparar a bocajarro contra su esposo y su hija de 9 años. Gina quedó herida de gravedad. En el inicio del juicio —que ha recibido escasa atención de los medios en Estados Unidos—, Gina González, la única superviviente de esa matanza, ha señalado a Shawna Forde, una ex prostituta, cosmetóloga, promotora de grupos de música y militante del movimiento antiinmigrante, como la mujer que entró en su casa en uniforme de camuflaje y ordenó el asesinato de su familia para robarles.
“En este proceso vamos a demostrar no sólo que Shawna Forde estuvo en esa casa esa noche, gritando órdenes y diciendo a la gente qué hacer. El estado también probará que Forde organizó y planeó este crimen”, aseguró en el inicio de las audiencias Kellie L. Johnson, el fiscal que intentará hacer justicia en nombre de la familia González.
El jueves pasado, Matthew Nestor, ex jefe de la policía de Shenandoah, en Pennsylvania, fue encontrado culpable de obstrucción de la justicia en otro caso de asesinato, el de Luis Ramírez, un inmigrante mexicano muerto a golpes. Nestor, quien fue acusado de falsificar un reporte policial sobre el incidente, enfrenta una condena posible de 20 años de prisión cuando sea sentenciado, el 29 de abril. Ramírez, de 25 años de edad y padre de tres hijos, fue golpeado en julio de 2009 por seis jóvenes jugadores de futbol americano de una escuela local y murió dos días después por sus lesiones.
A diferencia del crimen contra el ranchero Robert Krenz —en marzo del año pasado—, que desató un intenso debate a nivel nacional, dio bríos al movimiento a favor de la iniciativa antiinmigrante SB1070 y obligó al Congreso a realizar audiencias en las que senadores como John McCain apuntaron contra criminales mexicanos como los más seguros responsables y exigieron el envío de más tropas de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza, los casos de la familia González y de Luis Ramírez han pasado completamente inadvertidos.
“Lo más grave es que vivimos en un estado y en un país donde hay organizaciones y líderes políticos que nos siguen pintando a los latinos como delincuentes, como algo menos que seres humanos. Que nuestras vidas no valen nada y que por ello nos pueden matar. Son las ideas de este tipo de personas que militan en grupos como el de los Minuteman. Y ésta es la actitud que ha estado detrás del crimen contra la familia González”, consideró Antonio Bustamante, de la barra de abogados de Phoenix, quien explicó que el caso de esta familia dice mucho del ambiente de odio antiinmigrante que hoy arroja una de sus más tristes cosechas en estados como Arizona y en otros puntos de Estados Unidos.
Oleada latinoamericana
En la última década, la oleada migratoria de Latinoamérica y distintos países de Asia ha puesto en guardia y reactivado las campañas de grupos supremacistas blancos, vigilantes o nativistas preocupados por el “cambio de rostro” de una nación que, hacia el año 2050 y de acuerdo con las proyecciones del Centro de Investigaciones Pew, estará compuesta en 29% por ciudadanos de origen latino.
A la par de esta nueva realidad demográfica, se han disparado las campañas de rechazo antiinmigrante, con un aumento en el número de grupos racistas y el porcentaje de crímenes de odio, según se desprende de las estadísticas del FBI, que han consignado una tendencia al alza (casi 50%) de ataques en los últimos cinco años y un inusitado aumento de iniciativas de ley y medidas punitivas contra los migrantes, particularmente los indocumentados.
Tan sólo en 2009, según el más reciente informe de estadísticas del FBI, el número de ataques contra la comunidad hispana fue de 62.3%. Sin embargo, la realidad podría ser mucho peor, considerando el temor de los inmigrantes a denunciar los ataques o la indiferencia de los cuerpos policiales a reportarlas, algo que incluso funcionarios del FBI han admitido.
Según la unidad de investigación y análisis del Southern Poverty Law Center —organización que ha puesto nombre y rostro a quienes están detrás de las más rabiosas campañas contra la comunidad inmigrante en EU—, el resurgimiento de grupos racistas y supremacistas que ven a la inmigración indocumentada como “una amenaza”, se han multiplicado considerablemente en estados fronterizos como California (60), Texas (66) y Arizona (16).
De forma paralela, organizaciones como la Federation for American Immigration Reform (FAIR) y personajes como el secretario de Estado en Kansas, Kris Kobach —aliado del senador estatal republicano de Arizona, Rusell Pearce—, le han dado un rostro institucional a una de las más importantes cruzadas para extender legislaciones antiinmigrantes similares a la SB1070 en estados como Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur y Tennessee.
“Estamos viendo el resurgimiento de un odio antiinmigrante que está en relación directa con la crisis económica. Y el ambiente de rechazo y persecución que se está dando en Arizona y otros estados se ha convertido en caldo de cultivo de ataques de odio, de rechazo a la cultura y a la identidad latina que es considerada como una amenaza a quienes no desean que EU sea un país más diverso y donde una de sus principales minorías sea de piel morena”, consideró José Calderón, de la Universidad Politécnica de California.
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 31 de enero.
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