Omar Rábago, del colectivo especializado en libertad de expresión Artículo 19, recordó que dichas iniciativas se han impulsado desde hace por lo menos tres años; muchas inspiradas en el modelo colombiano, pero pasando por alto aspectos básicos como los fondos para pagar los requerimientos de medidas cautelares.
“No estamos tan contentos de cómo quedó el comité (consultivo para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas y medios de comunicación). Tendría que haber una estrategia integral que atienda no sólo las consecuencias, sino las causas de la violencia, y en ello el problema de fondo es la impunidad”, advirtió.
Además de tener una clara falta de coordinación entre el gobierno federal y los locales, dijo, el mecanismo gubernamental deja “a la buena voluntad” de estos últimos si los periodistas son protegidos o no, y las amenazas contra ellos son asuntos urgentes que deben resolverse pronto.
El coordinador del programa de libertad de expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública, Juan Carlos Romero, afirmó que la simple existencia de órganos de protección ya es un avance, aunque en su formación nunca se tomaron en cuenta las observaciones de los comunicadores.
“(Nuestras sugerencias) se fueron a la basura. Parece que la iniciativa se hizo más por coyuntura, y el resultado fue un documento insuficiente, rápido y torpe. Ni siquiera se asignó un presupuesto específico, ni se definieron facultades”, lamentó.
Sistema de alerta
En Culiacán, Sinaloa, representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión anunciaron un sistema de alerta para periodistas del país, que consiste en una línea telefónica de emergencia y un seguro de vida. En el encuentro nacional de seguimiento a la protección de los medios y sus comunicadores en el ejercicio del periodismo se emitió el protocolo de seguridad para las instalaciones de radio y televisión. El gobernador Mario López Valdez advirtió que en Sinaloa no permitirá que la vida de los periodistas, de sus familias y la integridad de las empresas para las que laboran sean amenazados ni por políticos, por el crimen organizado ni por nadie que se vea afectado por la libertad de expresión.
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