disturbiosu otras
alteraciones graves del orden público, en el fondo subyace una óptica que criminaliza el descontento social, advirtieron activistas de organizaciones sociales.
El caso de la represión en San Salvador Atenco hace que este tipo de enmiendas de Peña Nieto carezcan de legitimidad. Podrán ser mejoras administrativas, pero darle capacidades nuevas a Gobernación y a las policías, pero sin fijarles normas claras, no resuelve nada. Sancionar a quienes han cometido abusos es la primera señal de que se quiere avanzar por otro rumbo, indicó.
retorno al autoritarismo, Marroquín precisó que no necesariamente se trata de un regreso a un estado anterior, porque
los abusos se han mantenido con otra cara, quizá no tan siniestra como la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, pero sí con mucha opacidad. No es que eso vaya a volver, más bien siempre hemos tenido un presente autoritario.
perfeccionarla represión.
Vemos algo parecido a lo que ocurrió con el mando único para las policías, donde todas las fuerzas quedarían controladas por una sola cabeza. En un país como este, se trata de un refinamiento de los métodos represivos, un avance logístico para cuestiones prácticasque ya están en marcha desde hoy, sostuvo.
disturbioy un delito que se debe reprimir.
Lo que ocultan es un intento por criminalizar la protesta social y presentar a quienes participan en ella como gente que viola la legalidad y amerita un castigo.
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