Priva impunidad en casos de tortura

El gobierno mexicano reconoció ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas que muy pocos responsables de ese delito han sido castigados en el país.

En un documento de sustentación presentado esta semana en Ginebra, Suiza, en el marco del periodo de sesiones del organismo, atribuyó el rezago a "problemas de interpretación" legal.

Reportó que entre 2005 y 2012 se iniciaron 127 averiguaciones previas por tortura, que fueron consignados 74 servidores públicos por ese delito y que sólo 6 fueron sentenciados.

"Por lo que se refiere a la jurisdicción nacional, quiero reconocer aquí, en nombre del Estado mexicano, que problemas de interpretación judicial, a partir de otros problemas de tipificación, explican que en México haya pocas sentencias firmes en materia de tortura", indicó Ruth Villanueva, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y cabeza de la delegación oficial que acudió a la reunión del CAT.

No obstante, la funcionara sostuvo que en los últimos años se ha fortalecido la capacidad del Estado para prevenir violaciones de los derechos humanos y, en su caso, juzgarlas y castigarlas.

Sostuvo que el Protocolo para la Detención y Puesta a Disposición de Personas ha contribuido a prevenir la tortura.

"(El Protocolo) establece un informe policial homologado con datos detallados de la hora, el lugar, el motivo y la ubicación de las detenciones, con una explicación particular en aquellos casos en los que la persona detenida no fue puesta a disposición de la autoridad competente sin demora", apuntó.

Villanueva destacó además que, con las reformas a la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura aprobadas por el Senado en abril de este año -y aún no avaladas por la Cámara de Diputados-, se establecerá un estándar de protección más alto al aumentar las penas contra quienes cometan ese delito.

En respuesta a cuestionamientos de los expertos del CAT sobre la figura del arraigo, indicó que se trata de una medida excepcional orientada a garantizar la eficacia del sistema de procuración de justicia y sostuvo que en todo momento se protegen los derechos de quienes son sometidos a la misma.

Representantes de organizaciones civiles presentes en la sesión de dos días, en la que se analizaron los informes 5 y 6 del Estado mexicano sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, consideraron que las respuestas de la delegación oficial a los cuestionamientos del CAT fueron parciales e imprecisas.

"En por lo menos dos ocasiones, integrantes del Comité señalaron a la delegación que no habían obtenido respuesta a sus preguntas. De particular gravedad resultó la falta de precisión en los motivos sobre el bajo número de sentencias condenatorias por el delito de tortura", indicaron en un pronunciamiento difundido el pasado jueves.

"El Estado manifestó que con las recientes reformas al sistema de justicia penal, las pruebas obtenidas bajo tortura no son admitidas en el proceso penal. Sin embargo, fue contradictoria su respuesta frente al caso de Israel Arzate, donde la autoridad judicial admitió y otorgó valor probatorio a las pruebas obtenidas de forma coercitiva".

Se prevé que, luego de concluir el proceso de evaluación periódica del cumplimiento de la Convención contra la Tortura en México, el CAT emita sus recomendaciones en tres semanas.

 
 
 
Delito en ascenso
 
Expedientes de queja por tortura abiertos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH):
 

2006	6
07	4
08	21
09	33
20	10
11	42

 
Autoridades señaladas con mayor frecuencia como responsables de tortura en el periodo 2000-2010:
(Porcentaje)

 

Secretaría de la Defensa	36.8
PolicíaFederal	17.6
Procuraduría General de la República	13.2
Procuradurías estatales	7.4
Secretaría de Marina	36.8

 Henia Prado, Reforma, 3 de noviembre.