Ayer se reunieron los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) con los representantes de los partidos políticos ante ese organismo y se determinó mantener las discusiones sobre el proyecto de acuerdo para regular la publicidad institucional, prorrogando la fecha para su aprobación a más tardar el próximo 13 de marzo.
Si bien siguen divididos en cuanto al contenido del documento definitivo, los consejeros electorales lograron allanar la oposición inicial de PAN y PRI, que en principio regateaban al IFE la facultad para interpretar la Constitución.
Después de una larga reunión, que en momentos fue ríspida, finalmente se logró moderar las posturas de los consejeros –unas más radicales que otras– con las que originalmente tenían los partidos.
Sólo PRD, PVEM –que planteó ampliar la discusión– y PT apoyaron la necesidad de que el IFE regule a los funcionarios públicos para evitar abusos en el uso de la publicidad institucional.
Con el respaldo del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, para ampliar las discusiones, el consejero Benito Nacif subrayó la necesidad de avanzar en forma más pausada en el acuerdo. Consideró que es necesario apuntalarlo con las posturas partidistas, a efecto de que aun en el supuesto de que sea impugnado “pueda sortear las aguas turbulentas del tribunal electoral”.
En un principio los representantes de PAN, PRI y Alternativa se oponían a la viabilidad legal del acuerdo, pero fueron modificando sus posturas sobre la base de que el IFE no pretendiera interpretar el artículo 134 constitucional –que alude a la publicidad institucional– y se sustentara en las atribuciones que le confiere el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Quizá las posturas más radicales en favor de aprobar el acuerdo en sus términos originales fueron expuestas por los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar y Lourdes López.
Gómez Alcántar destacó la escasa viabilidad de alcanzar un consenso con los partidos políticos a los que el acuerdo pretendía regular, motivo por el cual anticipó que independientemente de la reunión lo presentaría en la sesión del Consejo General del IFE.
A su vez, Lourdes López acusó a los partidos de instrumentar una estrategia dilatoria para diluir la posibilidad de aprobar el documento e intentar regatearle facultades al IFE para regular a los propios institutos políticos. Fueron los consejeros Virgilio Andrade y Marco Antonio Baños quienes argumentaron acerca de la viabilidad legal del acuerdo y las posibilidades que tenía el IFE de regular con apremios el activismo de algunos funcionarios.
Esta postura le valió una airada respuesta del panista Roberto Gil, quien descalificó esa hipótesis y negó que ésa fuera la intención del blanquiazul, al tiempo que insistió en las dudas sobre la facultad del IFE para interpretar la Constitución.
Paulatinamente el PAN fue allanándose a la posibilidad de avanzar en la construcción del acuerdo, pero discutiendo el contenido el próximo lunes.
Postura similar fue la del priísta Sebastián Lerdo de Tejada, quien manifestó la tajante negativa del tricolor al acuerdo, por la pretensión del IFE de interpretar la Constitución, pero al final aceptó que es necesario discutir con más amplitud los contenidos, partiendo del hecho de que se base en las definiciones que señala el Cofipe.
El representante del PRD, Héctor Romero, planteó que es un falso debate aferrarse a que se buscaba intepretar la Constitución, cuando en realidad el Cofipe le confiere las suficientes bases al IFE para determinar los criterios.
Ante la demanda expresa del representante del PVEM, Arturo Escobar, de conocer la postura del bloque de consejeros que habían permanecido en silencio, Arturo Sánchez externó su abierto rechazo a los términos en que se pretendía aprobar el acuerdo. Planteó recoger propuestas e inquietudes de los partidos y ampliar la discusión, como finalmente se acordó en la reunión.
Si bien siguen divididos en cuanto al contenido del documento definitivo, los consejeros electorales lograron allanar la oposición inicial de PAN y PRI, que en principio regateaban al IFE la facultad para interpretar la Constitución.
Después de una larga reunión, que en momentos fue ríspida, finalmente se logró moderar las posturas de los consejeros –unas más radicales que otras– con las que originalmente tenían los partidos.
Sólo PRD, PVEM –que planteó ampliar la discusión– y PT apoyaron la necesidad de que el IFE regule a los funcionarios públicos para evitar abusos en el uso de la publicidad institucional.
Con el respaldo del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, para ampliar las discusiones, el consejero Benito Nacif subrayó la necesidad de avanzar en forma más pausada en el acuerdo. Consideró que es necesario apuntalarlo con las posturas partidistas, a efecto de que aun en el supuesto de que sea impugnado “pueda sortear las aguas turbulentas del tribunal electoral”.
En un principio los representantes de PAN, PRI y Alternativa se oponían a la viabilidad legal del acuerdo, pero fueron modificando sus posturas sobre la base de que el IFE no pretendiera interpretar el artículo 134 constitucional –que alude a la publicidad institucional– y se sustentara en las atribuciones que le confiere el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Quizá las posturas más radicales en favor de aprobar el acuerdo en sus términos originales fueron expuestas por los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar y Lourdes López.
Gómez Alcántar destacó la escasa viabilidad de alcanzar un consenso con los partidos políticos a los que el acuerdo pretendía regular, motivo por el cual anticipó que independientemente de la reunión lo presentaría en la sesión del Consejo General del IFE.
A su vez, Lourdes López acusó a los partidos de instrumentar una estrategia dilatoria para diluir la posibilidad de aprobar el documento e intentar regatearle facultades al IFE para regular a los propios institutos políticos. Fueron los consejeros Virgilio Andrade y Marco Antonio Baños quienes argumentaron acerca de la viabilidad legal del acuerdo y las posibilidades que tenía el IFE de regular con apremios el activismo de algunos funcionarios.
Esta postura le valió una airada respuesta del panista Roberto Gil, quien descalificó esa hipótesis y negó que ésa fuera la intención del blanquiazul, al tiempo que insistió en las dudas sobre la facultad del IFE para interpretar la Constitución.
Paulatinamente el PAN fue allanándose a la posibilidad de avanzar en la construcción del acuerdo, pero discutiendo el contenido el próximo lunes.
Postura similar fue la del priísta Sebastián Lerdo de Tejada, quien manifestó la tajante negativa del tricolor al acuerdo, por la pretensión del IFE de interpretar la Constitución, pero al final aceptó que es necesario discutir con más amplitud los contenidos, partiendo del hecho de que se base en las definiciones que señala el Cofipe.
El representante del PRD, Héctor Romero, planteó que es un falso debate aferrarse a que se buscaba intepretar la Constitución, cuando en realidad el Cofipe le confiere las suficientes bases al IFE para determinar los criterios.
Ante la demanda expresa del representante del PVEM, Arturo Escobar, de conocer la postura del bloque de consejeros que habían permanecido en silencio, Arturo Sánchez externó su abierto rechazo a los términos en que se pretendía aprobar el acuerdo. Planteó recoger propuestas e inquietudes de los partidos y ampliar la discusión, como finalmente se acordó en la reunión.
Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 27 de febrero.
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