Reculan diputados en el tema de los allanamientos

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de justicia penal y, cobijada con la premisa de mostrarse sensible a los reclamos de la sociedad, desechó el párrafo íntegro referente a los allanamientos, que permitiría a la policía “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas”.

La decisión de los legisladores fue considerada en San Lázaro un triunfo, pero en los hechos el pleno camaral consiguió una victoria discutible al dejar inalterada la minuta en temas tan importantes para los derechos humanos como los siguientes:

En el caso de la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada.

A pesar de que se prevé que las comunicaciones privadas son inviolables y la ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y confidencialidad de las mismas, habrá una excepción cuando las conversaciones sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.

A los internos de reclusorios que requieran de medidas especiales de seguridad y que tengan que ver con delincuencia organizada se les destinarán centros especiales. En ese caso, en el que la clasificación de delincuencia organizada queda en el limbo, se podría incluir tanto a delincuentes comunes como a luchadores sociales, y las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados, salvo cuando se trate de su defensa.

De tal forma, la determinación de excluir el párrafo referente a los allanamientos obedeció a la presión ejercida por diputados inconformes del PRI, y en menor medida del PAN, quienes obligaron a los coordinadores parlamentarios, Héctor Larios y Emilio Gamboa, a establecer un acuerdo con el líder de la bancada del PRD, Javier González Garza, con objeto de deshacerse del párrafo de marras por el cual se pretendía autorizar a las policías el allanamiento a domicilios sin orden judicial. Ese malestar no garantizaba a Larios y Gamboa conjuntar las dos terceras partes del pleno camaral para votar en favor la minuta enviada por el Senado.

El acuerdo forzado, la inconformidad de priístas y panistas y la férrea oposición del PRD, fue considerado a priori un éxito al desecharse los allanamientos. La rebelión, matizada como inconformidad, sobre todo de los priístas, cobró relevancia desde el pasado fin de semana cuando Emilio Gamboa recibió noticias del enojo que provocaba el tema de los allanamientos entre los electores priístas, y la preocupación que esto generó en la dirigencia del Revolucionario Institucional por los costos políticos que sobrevendrían sí sostenía la postura de impulsar la reforma judicial en sus términos.

Del lado panista, los reproches fueron mínimos, pero aun así la molestia persistía al considerarse las incursiones policiacas sin orden judicial un acto violatorio de la Constitución. Anteayer, al percatarse de que la mayoría de los diputados priístas votarían contra la reforma judicial, Gamboa ordenó a su compañero Raúl Cervantes se reuniera con senadores priístas y panistas para explicarles la naturaleza de una posible modificación a la minuta con la desaparición del párrafo integro referente a los allanamientos.

Cervantes terminó por convencer a los senadores, quienes se comprometieron a aceptar la modificación a la minuta y aprobarla una vez que la Cámara de Diputados la regresara.

Con esa previsión, Emilio Gamboa inició ayer una operación política tendiente a restañar todas las heridas que había provocado el PRI a sus electores con el respaldo a una reforma antipopular. Al llegar ayer a la reunión plenaria del tricolor en San Lázaro, alrededor de 80 legisladores de ese partido se oponían definitivamente a sostener el tema del allanamiento.

Al medir aquella tendencia, Gamboa Patrón consiguió que sus compañeros aprobaran un acuerdo para que César Camacho ofreciera en esos momentos una conferencia de prensa y ahí anunciara que el PRI proponía deshacerse del párrafo citado, y de esa forma empatarse con las demandas de ciudadanos y organizaciones civiles.

Camacho, quien se había constituido en el defensor de la minuta, se vio obligado a desdecirse: “Creemos que la medida es intrínsecamente buena, pero eventualmente en su instrumentación puede haber riesgos que en este momento no vale la pena correr y poner a la sociedad mexicana en una situación de eventual amago, alteración o afectación de sus derechos fundamentales”, dijo.

Y es que, desde las 9 de la mañana, el coordinador perredista, Javier González Garza, Larios y Gamboa se habían reunido para acordar una estrategia que otorgara legalidad a la devolución de la minuta al Senado. La encontraron en el inciso E del artículo 72 de la Constitución, donde se establece que “si un proyecto de ley o decreto es desechado en parte, modificado o adicionado por la cámara revisora (el Senado), la nueva discusión en la cámara de origen versará únicamente sobre lo desechado o las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones de la revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los presentes, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo federal.

“Si las adiciones o reformas hechas por la revisora fueran reprobadas por la mayoría de votos de la cámara de origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos se desecharan en la segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobada por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo”.

De tal forma, la Cámara de Diputados sólo necesitaba aprobar por mayoría calificada la exclusión del párrafo que permitía los allanamientos domiciliarios, para que el resto de la reforma, en la minuta votada ayer, sea aprobada por el Senado. El resultado final de la votación fue de 462 votos a favor de legisladores de todos los grupos parlamentarios, seis de perredistas en contra y dos abstenciones.

La próxima semana, confiaron diputados del PRI, la minuta será aceptada en los términos aprobados ayer y enviados por la Cámara de Diputados al Senado, para que sea avalada también por la mayoría de los congresos estatales, y cuando se declare que fue votada por el Constituyente Permanente, el Ejecutivo federal la publique para su entrada en vigor.

Nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 27 de febrero.