La violencia en contra de periodistas y medios de comunicación no puede minimizarse, ya que el año pasado se registraron 113 casos de obstáculos a la libertad de expresión, que fueron desde ataques públicos hasta amenazas e intimidaciones, asentó el director de la Fundación Manuel Buendía (FMB), Omar Raúl Martínez, al presentar el informe 2007 de la agrupación.
Detalló que de dichos casos, la mayoría correspondió a ataques públicos o embozados, como amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, entre otros.
Al dar a conocer el Informe Buendía –llamado así en memoria de Manuel Buendía, asesinado en 1984–, Martínez dijo que el año pasado fueron ejecutados cinco periodistas y cuatro siguen desaparecidos, además de que los reporteros con mayores presiones, golpes y amenazas fueron los adscritos a las fuentes policiaca, política y de información general.
En el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora y Tamaulipas se registró el mayor número de agresiones en contra de los informadores, “y es preocupante que más de la quinta parte de los incidentes registrados cobijan su autoría en el anonimato”, dijo el director de la FMB.
La forma embozada de coartar el libre ejercicio del periodismo empieza a ganar recurrencia y además supone la omisión, inacción o ineficacia en la procuración de justicia, abundó.
Asentó que la situación del ejercicio periodístico en el país es “desoladora”, ya que de 2001 a 2003 se registraron siete asesinatos y una desaparición; de 2004 a 2006, se contabilizaron 20 homicidios y cuatro desaparecidos; el año pasado, cinco periodistas fueron ultimados y cuatro más desaparecieron, y en lo que va de 2008 ya se han sumado tres homicidios y un desaparecido.
A los agresores o aparentes responsables de vulnerar las libertades de información y expresión se suman grupos sociales, el crimen organizado, además de gente del poder público “en todas sus variantes”.
Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras, asentó que los primeros 14 meses de gobierno de Felipe Calderón en materia de libertad de expresión, no han sido distintos a lo ocurrido en otras administraciones, pues persiste el silencio y la falta de una política capaz de garantizar el ejercicio periodístico en el país, ya que las investigaciones de los asesinatos y desapariciones de los periodistas siguen “estancadas”.
Detalló que de dichos casos, la mayoría correspondió a ataques públicos o embozados, como amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, entre otros.
Al dar a conocer el Informe Buendía –llamado así en memoria de Manuel Buendía, asesinado en 1984–, Martínez dijo que el año pasado fueron ejecutados cinco periodistas y cuatro siguen desaparecidos, además de que los reporteros con mayores presiones, golpes y amenazas fueron los adscritos a las fuentes policiaca, política y de información general.
En el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora y Tamaulipas se registró el mayor número de agresiones en contra de los informadores, “y es preocupante que más de la quinta parte de los incidentes registrados cobijan su autoría en el anonimato”, dijo el director de la FMB.
La forma embozada de coartar el libre ejercicio del periodismo empieza a ganar recurrencia y además supone la omisión, inacción o ineficacia en la procuración de justicia, abundó.
Asentó que la situación del ejercicio periodístico en el país es “desoladora”, ya que de 2001 a 2003 se registraron siete asesinatos y una desaparición; de 2004 a 2006, se contabilizaron 20 homicidios y cuatro desaparecidos; el año pasado, cinco periodistas fueron ultimados y cuatro más desaparecieron, y en lo que va de 2008 ya se han sumado tres homicidios y un desaparecido.
A los agresores o aparentes responsables de vulnerar las libertades de información y expresión se suman grupos sociales, el crimen organizado, además de gente del poder público “en todas sus variantes”.
Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras, asentó que los primeros 14 meses de gobierno de Felipe Calderón en materia de libertad de expresión, no han sido distintos a lo ocurrido en otras administraciones, pues persiste el silencio y la falta de una política capaz de garantizar el ejercicio periodístico en el país, ya que las investigaciones de los asesinatos y desapariciones de los periodistas siguen “estancadas”.
Nota de Matilde Pérez, La Jornada, 14 de marzo.
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