El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene rumbo, lo marca la ley y no se apartará de él, porque la norma no se negocia, aseveró Leonardo Valdés, consejero presidente del organismo.
"Estamos trabajando en los asuntos fundamentales de la institución y vamos avanzando", garantizó.
Anticipó que el lunes, en sesión, el Consejo General discutirá y, en su caso, aprobará la solicitud de ampliación presupuestal por 1,453 millones de pesos como un tema de la mayor importancia para el Instituto.
"El rumbo nos lo da la ley y nosotros somos cuidadosos de su aplicación", insistió Valdés Zurita.
En entrevista, explicó que la extensión del presupuesto significará inversión para garantizar el nuevo modelo de comunicación política instaurado por la reforma constitucional electoral, con la contratación de 1,106 personas.
"Estamos obligados a transmitir los mensajes con la seguridad jurídica de que los concesionarios los reciben y están en condiciones técnicas de transmitirlos", argumentó y recordó que el IFE está obligado a monitorear los spots sin causar dudas que lleven a la falta de certeza jurídica.
Puntualizó: "No es sólo un monitoreo aleatorio, no puede ser amateur. Tiene que ser muy profesional para dar certeza jurídica al Instituto, a los concesionarios y a los partidos políticos".
Anunció que si el procedimiento investigador implica responsabilidades, TV Azteca, Televisa y Grupo Imagen serían sancionadas por no transmitir los mensajes de los partidos en la fecha convenida del 12 de marzo.
Y garantizó que su propuesta de exhibir las boletas electorales será sólo producto del consenso entre los consejeros.
"Estamos trabajando en los asuntos fundamentales de la institución y vamos avanzando", garantizó.
Anticipó que el lunes, en sesión, el Consejo General discutirá y, en su caso, aprobará la solicitud de ampliación presupuestal por 1,453 millones de pesos como un tema de la mayor importancia para el Instituto.
"El rumbo nos lo da la ley y nosotros somos cuidadosos de su aplicación", insistió Valdés Zurita.
En entrevista, explicó que la extensión del presupuesto significará inversión para garantizar el nuevo modelo de comunicación política instaurado por la reforma constitucional electoral, con la contratación de 1,106 personas.
"Estamos obligados a transmitir los mensajes con la seguridad jurídica de que los concesionarios los reciben y están en condiciones técnicas de transmitirlos", argumentó y recordó que el IFE está obligado a monitorear los spots sin causar dudas que lleven a la falta de certeza jurídica.
Puntualizó: "No es sólo un monitoreo aleatorio, no puede ser amateur. Tiene que ser muy profesional para dar certeza jurídica al Instituto, a los concesionarios y a los partidos políticos".
Anunció que si el procedimiento investigador implica responsabilidades, TV Azteca, Televisa y Grupo Imagen serían sancionadas por no transmitir los mensajes de los partidos en la fecha convenida del 12 de marzo.
Y garantizó que su propuesta de exhibir las boletas electorales será sólo producto del consenso entre los consejeros.
Nota de Humberto Ortiz, El Economista, 28 de marzo.
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