TIJUANA, BC.— La tortura sigue siendo una práctica frecuente en la penitenciaría de La Mesa, en esta ciudad. Incluso, aseguraron familiares, algunos custodios han estado a punto de asesinar a golpes a los reclusos.
Alicia Aguilar Dávalos, coordinadora de la Comisión de Familiares de Internos, adelantó que en unos días denunciará el caso de un joven que casi muere a consecuencia de los daños en el hígado sufridos en una golpiza.
Son pocos los hechos denunciados por temor a sufrir represalias, pues los internos de este penal están amenazados de muerte, aseguró Dávalos al encabezar a un grupo de madres, esposas y hermanas de presos que se presentaron afuera del reclusorio para denunciar esta situación.
Expresaron que a los internos les cobran por permitir que sus familiares les lleven comida o ropa, si es que no les roban, mientras las visitas tienen que enfrentar larguísimos procesos en la penitenciaría para ver una sola hora a sus familiares. En la manifestación, afuera del reclusorio, dijeron estar conscientes de que sus familiares están pagando por un error, pero esto no significa que tengan que soportar las peores vejaciones en el reclusorio.
Un polvorín
El director del Centro Binacional de los Derechos Humanos (CBDH), Víctor Clark Alfaro, confirmó a los medios la violación de las garantías individuales de los internos de la penitenciaría local, cuya situación calificó como “un polvorín” que podría estallar.
El funcionario explicó que el hacinamiento de los internos —que en grupos de 20 son obligados a ocupar pequeñas celdas con cupo para menos de la mitad— es apenas una muestra de la problemática, que impide que exista una verdadera rehabilitación social de los reclusos.
La situación ha generado estados de desesperación entre los presos, incluso ha habido intención de amotinarse, pero finalmente desisten por temor, pero esto no reduce el riesgo porque hay quien está dispuesto a morir, advirtió Aguilar Dávalos.
Alicia Aguilar Dávalos, coordinadora de la Comisión de Familiares de Internos, adelantó que en unos días denunciará el caso de un joven que casi muere a consecuencia de los daños en el hígado sufridos en una golpiza.
Son pocos los hechos denunciados por temor a sufrir represalias, pues los internos de este penal están amenazados de muerte, aseguró Dávalos al encabezar a un grupo de madres, esposas y hermanas de presos que se presentaron afuera del reclusorio para denunciar esta situación.
Expresaron que a los internos les cobran por permitir que sus familiares les lleven comida o ropa, si es que no les roban, mientras las visitas tienen que enfrentar larguísimos procesos en la penitenciaría para ver una sola hora a sus familiares. En la manifestación, afuera del reclusorio, dijeron estar conscientes de que sus familiares están pagando por un error, pero esto no significa que tengan que soportar las peores vejaciones en el reclusorio.
Un polvorín
El director del Centro Binacional de los Derechos Humanos (CBDH), Víctor Clark Alfaro, confirmó a los medios la violación de las garantías individuales de los internos de la penitenciaría local, cuya situación calificó como “un polvorín” que podría estallar.
El funcionario explicó que el hacinamiento de los internos —que en grupos de 20 son obligados a ocupar pequeñas celdas con cupo para menos de la mitad— es apenas una muestra de la problemática, que impide que exista una verdadera rehabilitación social de los reclusos.
La situación ha generado estados de desesperación entre los presos, incluso ha habido intención de amotinarse, pero finalmente desisten por temor, pero esto no reduce el riesgo porque hay quien está dispuesto a morir, advirtió Aguilar Dávalos.
Nota de Julieta Martínez, El Universal, 12 de marzo.
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