La comisión demandó a la Sedena que “en toda diligencia que realicen sus miembros en Michoacán, aunque sea con la orden judicial correspondiente, se respete la integridad física y sicológica de los habitantes; que los militares no sustraigan –roben– objetos y que los detenidos no sean llevados a instalaciones castrenses, sino que sean puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público”.
En un comunicado de prensa, la CNDH informó que la petición se hizo ante el cúmulo de quejas de ciudadanos, quienes solicitaron la intervención de ese organismo nacional por “distintos hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos cometidos por militares adscritos a las distintas bases de operaciones mixtas destacamentadas en Michoacán, entre los que figuran allanamientos y tratos crueles y/o degradantes”.
La comisión también solicitó “que toda diligencia o actuación de los elementos del Ejército en dicha entidad se apegue a la legalidad y se respeten las garantías básicas. Además, que se efectúen con la orden judicial correspondiente y previa solicitud de intervención a la autoridad administrativa civil”.
Asimismo, que se garantice el respeto a la integridad física y sicológica de los habitantes de esa entidad y, particularmente, de los menores.
Nota de La Jornada, 17 de marzo.
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