Ni el gobierno federal ni el Poder Legislativo tienen facultades para disponer de los recursos energéticos y ponerlos en manos de inversionistas privados, nacionales o extranjeros, advirtió la organización Mexicanos Unidos, en un escrito entregado ayer a la Presidencia de la República y a las cámaras de Diputados y Senadores, en el cual sostiene que el Congreso carece de atribuciones para modificar el contenido esencial de la Constitución.
De acuerdo con el artículo 135 constitucional, el Congreso sólo puede reformar o adicionar la Carta Magna, pero una modificación en torno a uno de los principios básicos que conforman esa ley suprema, como es la propiedad de sus recursos naturales, sólo la puede llevar a cabo un congreso constituyente, comentó Porfirio Martínez, uno de los integrantes de Mexicanos Unidos.
Detalló que hicieron llegar también escritos a la embajada de Estados Unidos y a la representación diplomática de la Unión Europea, en los que advierten que cualquier concesión, contrato o permiso obtenido por inversionistas extranjeros para explotar el petróleo o la electricidad no tiene validez, ya que se derivarían de reformas contrarias a lo dispuesto en la ley fundamental y el derecho internacional.
En el escrito dirigido a Felipe Calderón le demandan que antes de enviar al Congreso la iniciativa de reforma energética, “medite juiciosa, política, económica y patrióticamente”, ya que como licenciado en derecho sabe que los recursos naturales no renovables, como el petróleo y la electricidad, no son propiedad del Estado y menos del gobierno, ya que pertenecen a la nación.
“Usted sabe también que el Congreso de la Unión carece de facultades para modificar el contenido esencial de la Carta Magna, ya que la Constitución federal es producto de un poder supraestatal, del poder fundacional del Estado mexicano, del Constituyente de 1917”.
Asimismo, transcriben el contenido del artículo 27 constitucional y le recuerdan que hay instrumentos internacionales firmados por México que protegen el derecho del pueblo mexicano a utilizar sus recursos naturales en beneficio propio.
Martínez hizo notar que la argumentación es válida también si se modifica alguna legislación secundaria, como es el caso de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo. “La reforma sería inválida si tocan la Constitución en unos de sus principios fundamentales, pero peor si se trata de una ley que contraría los principios establecidos por el constituyente del 17”.
Mexicanos Unidos es una organización que agrupa a abogados, juristas, investigadores universitarios, dirigentes agrarios y otros ciudadanos preocupados por “impedir un acto más de despojo a la nación” y decididos a hacer respetar la soberanía en los términos de lo dispuesto en el artículo 39 constitucional.
En el escrito se resalta que aunque el Congreso llevara a cabo cambios contrarios a lo dispuesto en la Constitución y el derecho internacional, “esas reformas y los actos derivados de las mismas resultarían nulos de pleno derecho” y México no estaría obligado a devolver las inversiones efectuadas”.
De acuerdo con el artículo 135 constitucional, el Congreso sólo puede reformar o adicionar la Carta Magna, pero una modificación en torno a uno de los principios básicos que conforman esa ley suprema, como es la propiedad de sus recursos naturales, sólo la puede llevar a cabo un congreso constituyente, comentó Porfirio Martínez, uno de los integrantes de Mexicanos Unidos.
Detalló que hicieron llegar también escritos a la embajada de Estados Unidos y a la representación diplomática de la Unión Europea, en los que advierten que cualquier concesión, contrato o permiso obtenido por inversionistas extranjeros para explotar el petróleo o la electricidad no tiene validez, ya que se derivarían de reformas contrarias a lo dispuesto en la ley fundamental y el derecho internacional.
En el escrito dirigido a Felipe Calderón le demandan que antes de enviar al Congreso la iniciativa de reforma energética, “medite juiciosa, política, económica y patrióticamente”, ya que como licenciado en derecho sabe que los recursos naturales no renovables, como el petróleo y la electricidad, no son propiedad del Estado y menos del gobierno, ya que pertenecen a la nación.
“Usted sabe también que el Congreso de la Unión carece de facultades para modificar el contenido esencial de la Carta Magna, ya que la Constitución federal es producto de un poder supraestatal, del poder fundacional del Estado mexicano, del Constituyente de 1917”.
Asimismo, transcriben el contenido del artículo 27 constitucional y le recuerdan que hay instrumentos internacionales firmados por México que protegen el derecho del pueblo mexicano a utilizar sus recursos naturales en beneficio propio.
Martínez hizo notar que la argumentación es válida también si se modifica alguna legislación secundaria, como es el caso de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo. “La reforma sería inválida si tocan la Constitución en unos de sus principios fundamentales, pero peor si se trata de una ley que contraría los principios establecidos por el constituyente del 17”.
Mexicanos Unidos es una organización que agrupa a abogados, juristas, investigadores universitarios, dirigentes agrarios y otros ciudadanos preocupados por “impedir un acto más de despojo a la nación” y decididos a hacer respetar la soberanía en los términos de lo dispuesto en el artículo 39 constitucional.
En el escrito se resalta que aunque el Congreso llevara a cabo cambios contrarios a lo dispuesto en la Constitución y el derecho internacional, “esas reformas y los actos derivados de las mismas resultarían nulos de pleno derecho” y México no estaría obligado a devolver las inversiones efectuadas”.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 19 de marzo.
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