La reforma judicial finalmente fue aprobada ayer en el Senado de la República -con 71 votos a favor y 25 en contra-, y ahora será enviada a los congresos estatales para que sea aprobada.
Una vez que por lo menos 16 legislaturas locales avalen la ley, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y de esa forma entraría en vigencia.
La reforma establece un nuevo sistema de justicia penal, que incluye la aplicación de juicios orales en un plazo de ocho años y se basa en el reconocimiento de garantías básicas en el proceso judicial, como la presunción de inocencia.
En la tribuna del Senado, el panista Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, apuntó que aceptaban la decisión de los diputados de suprimir el párrafo que avalaba el allanamiento sin una orden judicial para que los medios de comunicación y las organizaciones sociales no dijeran que el Senado "tiene oídos sordos".
El PRD se manifestó en contra de la reforma en su conjunto por considerar que representa un retroceso en la protección de garantías individuales y derechos humanos.
El senador Ricardo Monreal afirmó que están en desacuerdo por temas como el arraigo, el cual representa un secuestro de hecho, y por la definición de delincuencia organizada, que, a su juicio, es tan vaga que puede usarse de manera política contra organizaciones sociales.
Una vez que por lo menos 16 legislaturas locales avalen la ley, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y de esa forma entraría en vigencia.
La reforma establece un nuevo sistema de justicia penal, que incluye la aplicación de juicios orales en un plazo de ocho años y se basa en el reconocimiento de garantías básicas en el proceso judicial, como la presunción de inocencia.
En la tribuna del Senado, el panista Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, apuntó que aceptaban la decisión de los diputados de suprimir el párrafo que avalaba el allanamiento sin una orden judicial para que los medios de comunicación y las organizaciones sociales no dijeran que el Senado "tiene oídos sordos".
El PRD se manifestó en contra de la reforma en su conjunto por considerar que representa un retroceso en la protección de garantías individuales y derechos humanos.
El senador Ricardo Monreal afirmó que están en desacuerdo por temas como el arraigo, el cual representa un secuestro de hecho, y por la definición de delincuencia organizada, que, a su juicio, es tan vaga que puede usarse de manera política contra organizaciones sociales.
Nota de Érika Hernández, Reforma, 7 de marzo.
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