Ciudad Juárez, Chih., 31 de mayo. Con cuatro votos en favor y uno en contra, la Corte de Comisionados de El Paso, Texas, acordó presentar dos demandas contra el gobierno de Estados Unidos por violar las garantías individuales y la Constitución del país al construir un muro en la frontera con México, según argumentaron los jueces.
De ese modo, los jueces se unieron a los condados de las ciudades de Laredo, Presidio, Harlingen, McAllen, Edinburg, Eagle Pass y Del Río, así como los de El Paso, Webb, Cameron, Starr, Maverick, Valverde, Dimmit, Terrell y Zapata, que el 16 de mayo presentaron una demanda en una corte de Washington contra la construcción de la tapia.
Los directamente demandados son el Departamento de Seguridad Interior y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y a los jefes de estas dependencias se les acusa de no respetar la ley.
Verónica Escobar, comisionada paseña, dijo ahora que el gobierno de su país asume la postura de que sólo por vivir en la frontera con México “nuestros derechos valen menos en comparación con las garantías de quienes no habitan aquí”.
El condado considera que deben ser respetados y acatados los derechos de nuestros ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, por eso se votó en favor de integrar un paquete de demandas judiciales contra el gobierno.
José R. Rodríguez, procurador del condado de El Paso, afirmó que no se trata de privar al gobierno de la construcción de ese muro, sino exigirle el acatamiento de los procedimientos debidos y cumplir con la observancia de las garantías individuales.
En la demanda que presentarán los comisionados argumentan que la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos no ha consultado debidamente a las comunidades fronterizas y los propietarios de terrenos acerca de la ubicación de la cerca y los probables perjuicios al medio ambiente, al desarrollo económico y a la cultura de la región.
De ese modo, los jueces se unieron a los condados de las ciudades de Laredo, Presidio, Harlingen, McAllen, Edinburg, Eagle Pass y Del Río, así como los de El Paso, Webb, Cameron, Starr, Maverick, Valverde, Dimmit, Terrell y Zapata, que el 16 de mayo presentaron una demanda en una corte de Washington contra la construcción de la tapia.
Los directamente demandados son el Departamento de Seguridad Interior y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y a los jefes de estas dependencias se les acusa de no respetar la ley.
Verónica Escobar, comisionada paseña, dijo ahora que el gobierno de su país asume la postura de que sólo por vivir en la frontera con México “nuestros derechos valen menos en comparación con las garantías de quienes no habitan aquí”.
El condado considera que deben ser respetados y acatados los derechos de nuestros ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, por eso se votó en favor de integrar un paquete de demandas judiciales contra el gobierno.
José R. Rodríguez, procurador del condado de El Paso, afirmó que no se trata de privar al gobierno de la construcción de ese muro, sino exigirle el acatamiento de los procedimientos debidos y cumplir con la observancia de las garantías individuales.
En la demanda que presentarán los comisionados argumentan que la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos no ha consultado debidamente a las comunidades fronterizas y los propietarios de terrenos acerca de la ubicación de la cerca y los probables perjuicios al medio ambiente, al desarrollo económico y a la cultura de la región.
Rubén Villalpando, La Jornada, 1º de junio.
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