El Consejo Nacional del PRD avaló la consulta nacional que propuso Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, para someter al juicio ciudadano la iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón, y acordó solicitar al IFE, la UNAM y el Instituto Politécnico hacerse cargo de su elaboración y que se realice de manera imparcial.
El dirigente sustituto del sol azteca, Guadalupe Acosta, planteó que el PRD podría aportar parte de sus prerrogativas para la realización de la consulta.
Los recursos saldrían del rubro de actividades específicas, educación y capacitación política, con lo que ese partido no minaría su presupuesto de actividades ordinarias. Ello a partir del antecedente de que realizó una consulta nacional sobre la aprobación del rescate bancario en 2002, y que tuvo un costo de casi 50 millones de pesos.
Además, el Consejo Nacional pidió a sus legisladores que promuevan que en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, a mediados de junio, se saquen de la congeladora las iniciativas sobre referendo, iniciativa ciudadana y plebiscito, para dar sustento legal a los instrumentos.
En el resolutivo del Consejo Nacional se ratificó que “la iniciativa de Calderón es privatizadora y con ella se pretende consumar un despojo a la nación de uno de sus recursos fundamentales: los hidrocarburos”.
Por ello se instruyó a los legisladores: “Exijan el retiro de las iniciativas energéticas de Calderón, por ser claramente anticonstitucionales y entreguistas, para abrirle paso al debate de las reformas necesarias al sector energético, pero en el marco constitucional vigente”.
Un bloque encabezado por Nueva Izquierda y sus aliados había fijado los últimos días de junio como fecha tentativa para presentar la iniciativa del PRD en materia energética, y un sector de Izquierda Unida rechazaba que su partido llevara al Congreso una propuesta propia.
Sin embargo, se acordó elaborar la iniciativa con las aportaciones de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, senadores y diputados, y formalizarla hasta en tanto quede prácticamente rechazada la del Ejecutivo.
El resolutivo mandata a las fracciones parlamentarias en el Congreso para que, en coordinación con el Frente Amplio, liderazgos partidarios y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, “actualicen sus propuestas de reforma energética”.
Carlos Navarrete, coordinador del sol azteca en el Senado, señaló que se evaluará “el momento de la presentación de una iniciativa formal. Estamos analizando sus alcances y sus tiempos, pero no debiéramos tener varias iniciativas; tomar la decisión es un asunto de unidad entre el partido, sus liderazgos y el movimiento que encabeza López Obrador”.
Al margen de la instrucción del Consejo Nacional se buscarán alianzas legislativas, como la que está en curso con el PRI y su dirigente nacional, Beatriz Paredes, al considerar que el “peor de los escenarios” sería que la reforma energética del Ejecutivo federal se aprobara con el total de los votos del PAN y el PRI, agregó el legislador.
Durante su discurso, Acosta llamó a los dirigentes estatales del sol azteca a que concreten esta misma semana reuniones con los presidentes de los institutos electorales en las entidades, para que respalden la elaboración de la consulta nacional.
El líder perredista se reunirá este martes con Leonardo Valdés, presidente del IFE, para formularle la petición, y en caso de que el órgano electoral no acceda, el PRD analizaría presentar una queja ante el Tribunal Electoral.
Nuevo secretario de Finanzas
El Consejo Nacional del PRD aprobó el nombramiento como nuevo secretario de Finanzas de Rigoberto Ávila, subsecretario de Gobierno en la gestión de Alejandro Encinas al frente del GDF.
Avaló postergar el Congreso Nacional refundacional para el 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto, y nombró integrantes de la Comisión Técnica Electoral, el Órgano Central de Fiscalización y la comisión organizadora del congreso.
En la primera designó a Ana Paula Ramírez (cercana a Amalia García) e Iván Testa Solís (ligado a Nueva Izquierda), dejando con sólo dos integrantes a la Comisión Técnica, lo que generó la inconformidad del bloque de Movimiento por la Democracia, que alegó violaciones al estatuto de ese partido, que establece que deben ser tres los miembros.
En el Órgano Central de Fiscalización se nombró a Teresa Juárez viuda de Castillo, Gerardo Unzueta y Silvia Gómez Tagle.
Durante la reunión del Consejo Nacional se nombró una comisión conformada por tres integrantes de Izquierda Unida y tres más de Nueva Izquierda, para procesar los acuerdos.
Esta última cedió en su propuesta de nombrar a Ifigenia Martínez secretaria de Finanzas, vetó la propuesta de IU que sostenía a Jesús Martín del Campo y le pidió al bloque de Encinas hacer un nuevo planteamiento.
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