Pese al despliegue de 45 mil efectivos de las fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia organizada, en 2008 murieron en México más de 6 mil personas en incidentes violentos, señala Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo.
Destaca el asesinato de 24 hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en La Marquesa y el estallido de dos granadas en Morelia durante la celebración del Día de la Independencia.
La organización registra un aumento en los casos de militares y policías implicados en homicidios, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de viviendas.
El año pasado, indica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló nueve recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una de ellas por el asesinato de dos mujeres y tres niños en un retén militar en Santiago de Caballeros, Sinaloa.
"Se adoptaron medidas para crear una Policía Federal única con mayores atribuciones en materia de investigación. Sin embargo, no se pusieron en marcha iniciativas para reforzar la rendición de cuentas de la Policía por violaciones de derechos humanos, y continuó sin acometerse la reforma de las policías estatales y municipales", apunta.
AI reconoce, no obstante, que "decenas de agentes de las fuerzas de seguridad murieron también o resultaron heridos en el cumplimiento de su deber".
Consigna, por otra parte, que en septiembre del año pasado más de 30 reclusos fallecieron en los disturbios registrados en la prisión estatal de La Mesa, en Tijuana.
Respecto a ese incidente, recuerda, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California manifestó que algunas de las muertes eran producto del uso excesivo de la fuerza y a otras violaciones de los derechos humanos perpetradas por los responsables de la operación en el penal.
En octubre, agrega, la Policía Federal disolvió una manifestación que se realizaba sobre una carretera en Xoxocotla, Morelos.
"Muchas de las personas aprehendidas afirmaron que las habían detenido en su domicilio, las habían golpeado y a algunas las habían obligado a andar descalzas sobre brasas candentes", denuncia.
Balance
Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional, consideró en entrevista que el incremento en 2008 de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y elementos de las corporaciones policiacas representa un severo retroceso para el país.
"Seguimos recibiendo casos de tortura en los tres niveles de gobierno por parte de las policías, pero no hemos visto procesos efectivos ni sentencias de responsables en casos de asesinatos por parte de funcionarios del Estado", indicó.
"La nueva Ley de Seguridad Nacional contiene elementos de depuración de la Policía, de supervisión, pero no de mejoría de los mecanismos de rendición de cuentas".
Reconoció que México enfrenta una situación compleja en materia de seguridad pública a causa del narcotráfico y la delincuencia organizada, pero subrayó que eso no justifica los abusos por parte de militares y policías.
Consideró que la fuga de 53 reos de un penal de Zacatecas es sólo una muestra de la impunidad y la opacidad con la que se manejan las fuerzas del orden.
"Falta diseñar y consolidar corporaciones policiales que cumplan con estándares de control. Hasta el momento no se ha visto un programa que realmente dé elementos para garantizar eso", apuntó.
Diagnóstico
El capítulo sobre México del Informe Anual de Amnistía Internacional expresa preocupación por:
· Violaciones graves a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas y de las policías.
· Impunidad en casos de tortura.
· Ampliación de atribuciones del Ministerio Público sin controles efectivos.
· Asesinatos de periodistas.
· Amenazas y procedimientos judiciales injustos en contra de defensores de los derechos humanos.
· Hostigamiento contra opositores a proyectos de desarrollo económico.
· Violencia contra las mujeres.
Destaca el asesinato de 24 hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en La Marquesa y el estallido de dos granadas en Morelia durante la celebración del Día de la Independencia.
La organización registra un aumento en los casos de militares y policías implicados en homicidios, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de viviendas.
El año pasado, indica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló nueve recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una de ellas por el asesinato de dos mujeres y tres niños en un retén militar en Santiago de Caballeros, Sinaloa.
"Se adoptaron medidas para crear una Policía Federal única con mayores atribuciones en materia de investigación. Sin embargo, no se pusieron en marcha iniciativas para reforzar la rendición de cuentas de la Policía por violaciones de derechos humanos, y continuó sin acometerse la reforma de las policías estatales y municipales", apunta.
AI reconoce, no obstante, que "decenas de agentes de las fuerzas de seguridad murieron también o resultaron heridos en el cumplimiento de su deber".
Consigna, por otra parte, que en septiembre del año pasado más de 30 reclusos fallecieron en los disturbios registrados en la prisión estatal de La Mesa, en Tijuana.
Respecto a ese incidente, recuerda, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California manifestó que algunas de las muertes eran producto del uso excesivo de la fuerza y a otras violaciones de los derechos humanos perpetradas por los responsables de la operación en el penal.
En octubre, agrega, la Policía Federal disolvió una manifestación que se realizaba sobre una carretera en Xoxocotla, Morelos.
"Muchas de las personas aprehendidas afirmaron que las habían detenido en su domicilio, las habían golpeado y a algunas las habían obligado a andar descalzas sobre brasas candentes", denuncia.
Balance
Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional, consideró en entrevista que el incremento en 2008 de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y elementos de las corporaciones policiacas representa un severo retroceso para el país.
"Seguimos recibiendo casos de tortura en los tres niveles de gobierno por parte de las policías, pero no hemos visto procesos efectivos ni sentencias de responsables en casos de asesinatos por parte de funcionarios del Estado", indicó.
"La nueva Ley de Seguridad Nacional contiene elementos de depuración de la Policía, de supervisión, pero no de mejoría de los mecanismos de rendición de cuentas".
Reconoció que México enfrenta una situación compleja en materia de seguridad pública a causa del narcotráfico y la delincuencia organizada, pero subrayó que eso no justifica los abusos por parte de militares y policías.
Consideró que la fuga de 53 reos de un penal de Zacatecas es sólo una muestra de la impunidad y la opacidad con la que se manejan las fuerzas del orden.
"Falta diseñar y consolidar corporaciones policiales que cumplan con estándares de control. Hasta el momento no se ha visto un programa que realmente dé elementos para garantizar eso", apuntó.
Diagnóstico
El capítulo sobre México del Informe Anual de Amnistía Internacional expresa preocupación por:
· Violaciones graves a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas y de las policías.
· Impunidad en casos de tortura.
· Ampliación de atribuciones del Ministerio Público sin controles efectivos.
· Asesinatos de periodistas.
· Amenazas y procedimientos judiciales injustos en contra de defensores de los derechos humanos.
· Hostigamiento contra opositores a proyectos de desarrollo económico.
· Violencia contra las mujeres.
Silvia Garduño, Reforma, 28 de mayo.
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