"El endurecimiento de las penas y la incorporación a la Constitución del arraigo (prisión preventiva sin cargos) durante 80 días fueron algunas de las medidas adoptadas para combatir la delincuencia", indica en su Informe Anual sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo.
"En diciembre, el Congreso aprobó leyes en materia de seguridad pública para la regulación de las fuerzas policiacas, pero no se reforzaron las garantías sobre los derechos humanos".
La organización internacional destaca como avances la instauración de los juicios orales y algunas mejoras en el debido proceso para los delitos comunes, como la presunción de inocencia.
"Sin embargo, como consecuencia de dichas reformas, se ampliaron también -sin garantizar la existencia de controles adecuados- las atribuciones de los ministerios públicos encargados de investigar delitos federales graves", advierte.
Se bloqueó además, reprocha, una serie de reformas dirigidas a incorporar de manera explícita en la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito México.
Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México, consideró que el esquema de arraigo limita las posibilidades de defensa de inculpados a quienes no se les han formulado cargos.
"El espacio de arraigo es el espacio perfecto para todo tipo de abusos. Es una figura que debilita el propio sistema", alertó en entrevista.
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