derechos humanos.
Rupert Knox, responsable de AI para México y América Latina, sostuvo que el gobierno no “tiene la voluntad adecuada” para cumplir con los compromisos adquiridos a escala internacional en esta materia.
La situación de los derechos humanos en el país, indicó, es preocupante, sobre todo porque en el último año se incrementaron las denuncias en contra de los elementos del Ejército que han salido a las calles a realizar labores de policías. Estos datos que han sido documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En su informe anual de 2008, que presentará hoy, Amnistía Internacional, destaca que las quejas contra los militares son por estar implicados en homicidios, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales
de viviendas.
Además, el sistema de justicia militar conservaba la competencia de investigar y procesar a elementos de las fuerzas armadas.
En entrevista con MILENIO, Rupert Knox destacó que la tortura y malos tratos son un fenómeno generalizado y pese a que ha sido una denuncia constante de organismos al gobierno sobre su utilización y de la prioridad que algunas autoridades le han dado, ésta prevalece y “no se ha logrado superar como práctica aberrante”.
Esta situación que obstaculiza el acceso a un debido proceso, porque en éste se siembran más injusticias, por lo tanto, las acciones gubernamentales para evitarla han sido insuficientes.
En el tema de la tortura, reconoció que México ha firmado el Protocolo de Estambul. Para ello creó el mecanismo de revisión a través del cual se supervisan, entre otros, centros los de reclusión para conocer de su incidencia; sin embargo, el gobierno federal encargó esta tarea sólo a la CNDH y dejó fuera a las organizaciones civiles.
Sobre la impunidad, en el informe se menciona que ésta sí persiste tanto en violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
La falta de instituciones efectivas encargadas de investigar y enjuiciar violaciones de derechos humanos a escala federal o estatal, limitaba gravemente la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.
Recordó que aún existe un tema pendiente, que es la matanza de Tlatelolco en 1968, donde la fiscalía creada para investigar este caso en el sexenio pasado no obtuvo los resultados esperados y por lo tanto no llevó a los tribunales a los responsables de centenares de homicidios extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Para Rupert Knox, este es un tema primordial en el cual el gobierno debe invertir para transformar la sociedad y esto no se va a lograr sólo con programas nacionales, como el que existe de derechos humanos, donde se manifiesta un compromiso, pero no se cuenta con los instrumentos necesarios para ponerlo en práctica.
El gobierno federal, aseguró el representante de AI, realmente no ha asumido el compromiso de hacer valer los derechos humanos de los indígenas, además de que persiste la violencia en contra de las mujeres, niñas y migrantes.
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