El proceso de sustitución de José Luis Soberanes como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se está anticipando sorda pero aceleradamente. Su operación padece bretes y presiones adicionales.
El principal de ellos es que el Consejo Consultivo de la CNDH no sólo opera irregularmente, sino que puede estar fuera de la ley.
El artículo 102 de la Constitución contempla la integración del Consejo Consultivo de la CNDH. El apartado b establece que serán diez y que en cinco años serán cambiados todos, pero escalonadamente. “Cada año —se anota— “serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo”.
Bajo ese ordenamiento, en noviembre de 2007 tuvieron que ser sustituidas o ratificadas las consejeras que ingresaron en 2002: Patricia Kurczyn y Paulette Dieterlen. En 2008 debió decidirse la permanencia de Joaquín López Dóriga y Graciela Rodríguez. Pero la comisión respectiva del Senado ha sido paralizada intencionalmente por PRI y PAN, y no ha sesionado desde hace un año y casi cinco meses.
De ese modo, la legalidad de cuatro consejeros está en entredicho porque debieron ser ratificadas expresamente por el Senado. La constitución y la ley de la CNDH no hablan de ratificación automática, ni tampoco que prosiga el encargo, en caso de que el Senado incumpla con su obligación. Así, la permanencia de esos cuatro consejeros es, en el mejor sentido, alegal.
Esa circunstancia pone fuera de regla el funcionamiento de todo el consejo. Las sesiones de ese órgano son irregulares. El reglamento interno de la CNDH, en el artículo 49, ordena que “Para llevar a cabo la sesión del Consejo Consultivo, se requerirá como quórum la asistencia de la mitad de sus miembros” que por ley deben ser 10 legalmente designados.
Parece haber un recoveco, en ese mismo artículo, que permitiría al consejo sesionar con menos de seis. Se asienta: “Transcurrida media hora de la fijada para el inicio de la sesión, ésta comenzará válidamente con los miembros presentes. Las decisiones del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes”. Sin embargo,
la base de cómputo de integrantes del consejo seguiría siendo 10 legalmente designados.
Ése es uno de los aprietos en la operación regular de la CNDH.
Cinco discrepantes
Y si fuese legalmente regular el funcionamiento del Consejo Consultivo, hay indicios de que en su seno ha sido minada la aceptación y legitimidad del presidente de la CNDH.
Así lo manifestó Paulette Dieterlen —una de las consejeras que debieron sustituirse. El 5 de abril de 2009, explicó a medio centenar de personas, durante la presentación del libro Aborto en la Ciudad de México, que con ese tema se mostró abiertamente el autoritarismo del ombudsman y dividió al consejo. MILENIO tiene la grabación con sus palabras.
Aseguró que José Luis Soberanes presentó la acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto sin informar ni tomar en cuenta la opinión de los integrantes del Consejo Consultivo de la comisión. “Yo me enteré por radio y televisión… Nunca se nos consultó… ni se intentó hacer una platica informal”.
Relató que como consecuencia, de 10 consejeros, “cinco decidimos hacer valer nuestra opinión: Juliana González —quien fue nuestra vocera en la Suprema Corte—, Jorge Serrano Migallón, Ricardo Pozas Horcasitas, Paulette Dieterlen y Miguel Carbonell”. Además anunció que, algo inédito en la CNDH, seguiría abierta la confrontación interna. “Vamos a dar la batalla por estos temas…”, dijo para arrancar un aplauso de los asistentes a ese foro público
Esa circunstancia mostró la debilidad e inconsistencia en las investigaciones, resoluciones y posturas de la CNDH, comentó a MILENIO el presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Jaime Preciado Coronado. “Esos consejeros ya mostraron su debilidad con el expediente que entregó la CNDH a la SCJN, que tiene inconsistencia en sus investigaciones”, afirmó.
Con ese otro brete está operando el presidente de la comisión, quien deberá dejar el cargo dentro de seis meses, cuando cumpla 10 años como ombudsman.
La importancia del cargo de presidente de la CNDH fue creciendo a partir de la reforma constitucional también por los recursos que se le incrementaron anualmente.
Según los presupuestos de egresos de la Secretaría de Hacienda, la CNDH tuvo 160 millones en 1999 y para el 2008 la suma ya se había elevado a 866 millones pesos, cantidad más de ocho veces superior al presupuesto del Consejo Nacional para Prevenir de la Discriminación, que fue de 106 millones de pesos en ese año.
El principal de ellos es que el Consejo Consultivo de la CNDH no sólo opera irregularmente, sino que puede estar fuera de la ley.
El artículo 102 de la Constitución contempla la integración del Consejo Consultivo de la CNDH. El apartado b establece que serán diez y que en cinco años serán cambiados todos, pero escalonadamente. “Cada año —se anota— “serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo”.
Bajo ese ordenamiento, en noviembre de 2007 tuvieron que ser sustituidas o ratificadas las consejeras que ingresaron en 2002: Patricia Kurczyn y Paulette Dieterlen. En 2008 debió decidirse la permanencia de Joaquín López Dóriga y Graciela Rodríguez. Pero la comisión respectiva del Senado ha sido paralizada intencionalmente por PRI y PAN, y no ha sesionado desde hace un año y casi cinco meses.
De ese modo, la legalidad de cuatro consejeros está en entredicho porque debieron ser ratificadas expresamente por el Senado. La constitución y la ley de la CNDH no hablan de ratificación automática, ni tampoco que prosiga el encargo, en caso de que el Senado incumpla con su obligación. Así, la permanencia de esos cuatro consejeros es, en el mejor sentido, alegal.
Esa circunstancia pone fuera de regla el funcionamiento de todo el consejo. Las sesiones de ese órgano son irregulares. El reglamento interno de la CNDH, en el artículo 49, ordena que “Para llevar a cabo la sesión del Consejo Consultivo, se requerirá como quórum la asistencia de la mitad de sus miembros” que por ley deben ser 10 legalmente designados.
Parece haber un recoveco, en ese mismo artículo, que permitiría al consejo sesionar con menos de seis. Se asienta: “Transcurrida media hora de la fijada para el inicio de la sesión, ésta comenzará válidamente con los miembros presentes. Las decisiones del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes”. Sin embargo,
la base de cómputo de integrantes del consejo seguiría siendo 10 legalmente designados.
Ése es uno de los aprietos en la operación regular de la CNDH.
Cinco discrepantes
Y si fuese legalmente regular el funcionamiento del Consejo Consultivo, hay indicios de que en su seno ha sido minada la aceptación y legitimidad del presidente de la CNDH.
Así lo manifestó Paulette Dieterlen —una de las consejeras que debieron sustituirse. El 5 de abril de 2009, explicó a medio centenar de personas, durante la presentación del libro Aborto en la Ciudad de México, que con ese tema se mostró abiertamente el autoritarismo del ombudsman y dividió al consejo. MILENIO tiene la grabación con sus palabras.
Aseguró que José Luis Soberanes presentó la acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto sin informar ni tomar en cuenta la opinión de los integrantes del Consejo Consultivo de la comisión. “Yo me enteré por radio y televisión… Nunca se nos consultó… ni se intentó hacer una platica informal”.
Relató que como consecuencia, de 10 consejeros, “cinco decidimos hacer valer nuestra opinión: Juliana González —quien fue nuestra vocera en la Suprema Corte—, Jorge Serrano Migallón, Ricardo Pozas Horcasitas, Paulette Dieterlen y Miguel Carbonell”. Además anunció que, algo inédito en la CNDH, seguiría abierta la confrontación interna. “Vamos a dar la batalla por estos temas…”, dijo para arrancar un aplauso de los asistentes a ese foro público
Esa circunstancia mostró la debilidad e inconsistencia en las investigaciones, resoluciones y posturas de la CNDH, comentó a MILENIO el presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Jaime Preciado Coronado. “Esos consejeros ya mostraron su debilidad con el expediente que entregó la CNDH a la SCJN, que tiene inconsistencia en sus investigaciones”, afirmó.
Con ese otro brete está operando el presidente de la comisión, quien deberá dejar el cargo dentro de seis meses, cuando cumpla 10 años como ombudsman.
La importancia del cargo de presidente de la CNDH fue creciendo a partir de la reforma constitucional también por los recursos que se le incrementaron anualmente.
Según los presupuestos de egresos de la Secretaría de Hacienda, la CNDH tuvo 160 millones en 1999 y para el 2008 la suma ya se había elevado a 866 millones pesos, cantidad más de ocho veces superior al presupuesto del Consejo Nacional para Prevenir de la Discriminación, que fue de 106 millones de pesos en ese año.
Rogelio Hernández López, Milenio, 27 de mayo.
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