Influenza, protagonista electoral

La influenza A H1N1 ha cambiado tanto el rumbo y las estrategias aplicadas en las escuelas, en los restaurantes y en los centros recreativos, como la forma de hacer campaña en tiempos electorales.

La imaginación de los candidatos y partidos da para todo, lo mismo para instalar una maquiladora en la que se fabriquen los cubrebocas que va a regalar el candidato a gobernador del PRI en Querétaro, que para contratar un call center que difunda por teléfono un mensaje que explica las medidas preventivas para evitar los contagios y que termina con un: “El PVEM al cuidado de tu salud.

O para enviar correos electrónicos de candidatos del PAN con una dirección que copia el nombre del virus y hasta para promover a un aspirante priísta a alcalde con el reparto gratuito de antigripales a punto de caducar.

Es la influenza en tiempos de elecciones. Y nadie se salva, ni los que la critican, ni los que realizan actos masivos de campaña y se saludan de mano y beso, como los candidatos del PT, Porfirio Muñoz Ledo y Jaime Cárdenas, en el Ángel de la Independencia, pues todo su proselitismo giró en torno al nuevo virus.

Politólogos e investigadores advierten que este tipo de oportunismo político puede ser contraproducente y lo único que puede generar son críticas de la sociedad.

Alberto Aziz Nacif, politólogo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, considera que el uso de programas de salud es un recurso muy gastado y crea desconfianza en la ciudadanía.

En los nuevos tiempos que vive el país, la entrega de despensas, materiales de construcción, equipos y ahora hasta cubrebocas y geles antibacteriales, no reditúa en votos.

Incluso, reitera el experto, los candidatos de los diferentes partidos políticos corren el riesgo de quedar como oportunistas ante la ciudadanía.

El oportunismo en temas de salud no es nuevo. Es un rubro al que suelen recurrir con frecuencia los políticos, al grado de que las medidas que empleaba el Partido Revolucionario Institucional en el pasado ahora son usadas por sus opositores.

El Seguro Popular, las caravanas de la salud, el Seguro Médico para una Nueva Generación, las estancias infantiles, son ejemplo de cómo los partidos políticos, como el PAN y el PVEM, han comenzado a usar como “botín político” para atraer votos en las elecciones del 5 de julio.

Como parte de su estrategia de campaña el PAN promueve directamente el Seguro Popular como una de las “acciones del gobierno de Calderón” y con espectaculares con una leyenda que menciona: Acción es apoyar la economía de millones de mexicanos con el Seguro Popular.

Eso sin contar con que en julio del año pasado, el gobierno federal recurrió a distintas figuras del deporte para aumentar la afiliación de personas al Seguro Popular en las zonas más pobres del país, al estilo de los “viejos gobiernos priístas”.

Y que entre los deportistas que promovieron la afiliación al Seguro Popular, mediante la campaña denominada Seguro Popular + Deporte = Vivir Mejor participaron atletas como el clavidista Fernando Platas, quien es ahora candidato a diputado por el PAN.

Es triste y riesgoso que la discusión de los programas sociales se desarrolle en torno a quienes los hicieron, afirma Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de la organización Alianza Cívica y coordinador del Programa Oportunidades.

Y es que, destaca, los programas sociales y de salud, en una sociedad democrática, son un derecho y no una dádiva.

Al respecto, Gustavo Leal, profesor-investigador del Departamento de Atención de la Salud de la Universidad Autónoma de México, Xochimilco, considera que el uso de programas de salud con fines proselitistas puede traerles un efecto negativo en votos.

Desde su perspectiva, que un candidato salga a la calle y regale cubrebocas o señale que su partido impulsó determinado programa de salud son recursos muy gastados y de bajo aprecio por la ciudadanía.

El investigador afirma que los partidos usan de manera descarada los programas de salud y los patentan, como si fueran de ellos, cuando son acciones de gobierno puestas en marcha con recursos públicos.

Recuerda que el condicionar un programa social directamente por votos es un delito, pero los candidatos de los partidos políticos hacen caso omiso de esto.
Ruth Rodríguez, El Universal, 17 de mayo.

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