La Suprema Corte de Justicia del Nación declaró inconstitucional que los institutos electorales verifiquen los compromisos de campaña de partidos políticos o candidatos.
Asimismo, validó que funcionarios públicos participen en precampañas y campañas fuera de su horario de trabajo oficial y sin la utilización de recursos públicos.
Estas resoluciones se derivaron de la discusión sobre una acción de inconstitucionalidad promovida por Convergencia, PT y PRD en contra de un decreto por el cual se modificó la Constitución y el Código Electoral de Coahuila.
Sólo el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia y la ministra Olga Sánchez Cordero defendieron el precepto de dar facultades a las autoridades electorales para verificar promesas de campaña.
“Estoy convencido de su bondad, está inspirado en un fin democrático que tiende a darle sentido a una práctica cotidiana en las campañas, su finalidad es que las promesas sean compromisos de actuación de quienes alcancen el triunfo electoral”, argumentó Ortiz. En tanto, los otros nueve reprobaron la disposición.
“Lo que se estaría verificando no son actos de campaña sino actos de gobierno, con lo que el Instituto Electoral se convertiría en revisor de autoridades”, apuntó el ministro Genaro Góngora.
“Si alguien se comprometió a la creación de determinado número de empleos y no cumple, ¿será labor del instituto hacer consideraciones sobre esa imposibilidad, ponderando situaciones como una recesión económica mundial o un virus A/H1N1?”, aludió.
Concluyó que es a los ciudadanos y no a las autoridades electorales a quienes les corresponde verificar los ofrecimientos de campaña: “Si el ciudadano considera que las promesas quedaron sólo en eso, estará en aptitud de emitir un voto de castigo en contra de la persona, si es que contiende para un nuevo cargo o del partido que lo postuló”.
Y con él coincidió el ministro Mariano Azuela: “Un partido político que ofrece algo irrealizable y se corrobora a través del tiempo, se va desprestigiando”.
El pleno —voz unánime— respaldó la participación de servidores públicos en actos electorales, porque se apega a la Constitución, aunque dejó entrever que en el engrose del proyecto enumerará algunas restricciones.
“Los funcionarios públicos, no por el hecho de ser ungidos como tales, dejan de tener predilecciones políticas, quitarles el derecho a actuar en política partidista, es desciudadanizarlos”, justificó el ministro Salvador Aguirre Anguiano.
Asimismo, validó que funcionarios públicos participen en precampañas y campañas fuera de su horario de trabajo oficial y sin la utilización de recursos públicos.
Estas resoluciones se derivaron de la discusión sobre una acción de inconstitucionalidad promovida por Convergencia, PT y PRD en contra de un decreto por el cual se modificó la Constitución y el Código Electoral de Coahuila.
Sólo el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia y la ministra Olga Sánchez Cordero defendieron el precepto de dar facultades a las autoridades electorales para verificar promesas de campaña.
“Estoy convencido de su bondad, está inspirado en un fin democrático que tiende a darle sentido a una práctica cotidiana en las campañas, su finalidad es que las promesas sean compromisos de actuación de quienes alcancen el triunfo electoral”, argumentó Ortiz. En tanto, los otros nueve reprobaron la disposición.
“Lo que se estaría verificando no son actos de campaña sino actos de gobierno, con lo que el Instituto Electoral se convertiría en revisor de autoridades”, apuntó el ministro Genaro Góngora.
“Si alguien se comprometió a la creación de determinado número de empleos y no cumple, ¿será labor del instituto hacer consideraciones sobre esa imposibilidad, ponderando situaciones como una recesión económica mundial o un virus A/H1N1?”, aludió.
Concluyó que es a los ciudadanos y no a las autoridades electorales a quienes les corresponde verificar los ofrecimientos de campaña: “Si el ciudadano considera que las promesas quedaron sólo en eso, estará en aptitud de emitir un voto de castigo en contra de la persona, si es que contiende para un nuevo cargo o del partido que lo postuló”.
Y con él coincidió el ministro Mariano Azuela: “Un partido político que ofrece algo irrealizable y se corrobora a través del tiempo, se va desprestigiando”.
El pleno —voz unánime— respaldó la participación de servidores públicos en actos electorales, porque se apega a la Constitución, aunque dejó entrever que en el engrose del proyecto enumerará algunas restricciones.
“Los funcionarios públicos, no por el hecho de ser ungidos como tales, dejan de tener predilecciones políticas, quitarles el derecho a actuar en política partidista, es desciudadanizarlos”, justificó el ministro Salvador Aguirre Anguiano.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 13 de mayo.
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